CFE: corrupción emblemática

Editorial- la jornada

La Procuraduría General de la República (PGR) confirmó ayer la detención de Néstor Moreno Díaz, ex director de Operaciones de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) señalado por enriquecimiento ilícito por más de 30 millones de pesos.

El ex funcionario fue detenido en septiembre del año pasado y liberado a unas horas de su aprehensión, en acatamiento a un amparo emitido en su favor, en un episodio que provocó una confrontación declarativa entre el Poder Ejecutivo y el Judicial.
Ahora, tras su recaptura, la PGR ha solicitado que se niegue al funcionario el beneficio de la libertad bajo caución –al que tendría derecho, habida cuenta de que el delito que se le imputa es considerado “no grave”–, pues sostiene que dicho beneficio le permitiría sustraerse una vez más de la acción de la justicia.

Con independencia de la situación jurídica que se determine para el acusado, la saga protagonizada por éste pone en perspectiva elementos sumamente preocupantes en torno a la falta de probidad y transparencia de las oficinas públicas –particularmente en las del sector energético– y la cuestionable capacidad de las autoridades correspondientes para perseguir y sancionar delitos como los que se imputan a Moreno Díaz.

Por más que el perfil presuntamente delictivo del ex funcionario de la CFE haya salido a la luz pública a raíz de la revelación, en una corte de Estados Unidos, de millonarios sobornos pagados a éste por una empresa trasnacional, y aunque las autoridades federales han responsabilizado velada o abiertamente al Poder Judicial de que el acusado haya permanecido prófugo hasta ahora, Néstor Moreno arrastra un largo historial de acusaciones por su oscuro desempeño en la entidad hoy dirigida por Antonio Vivanco. Inhabilitado en 1998, cuando se desempeñaba como coordinador de Proyectos de Transmisión y Transformación de la CFE, el ex funcionario permaneció inexplicablemente en el cargo, y otro tanto ocurrió en 2000, cuando Moreno Díaz y otros funcionarios fueron denunciados por un quebrando de más de 16 millones de pesos en perjuicio de la paraestatal. En 2002, el ex directivo fue acusado de diversos ilícitos por el grupo parlamentario del PAN en la Cámara de Diputados, pero fue ascendido, ese mismo año, a la Subdirección de Generación de la CFE y en 2007 a la Dirección de Operaciones, bajo la gestión de Alfredo Elías Ayub.

Es posible que, de no haber sido denunciado como beneficiario de sobornos en una corte estadunidense, Moreno habría continuado con sus negocios turbios en el seno de la CFE. Significativamente, en noviembre del año pasado, mientras el hoy acusado se encontraba prófugo, la Secretaría de la Función Pública dio a conocer la existencia de un desfalco a la compañía paraestatal por mil 320 millones de pesos, y responsabilizó a una red de servidores públicos y jueces entre los que se encontraba Néstor Moreno.

Así pues, el carácter tardío y errático de las pesquisas y la detención del ex directivo de la CFE; el hecho de que éstas se hayan debido más a una denuncia formulada en el extranjero que a un compromiso gubernamental con la legalidad y la transparencia, y la ausencia de medidas profundas para sanear las oficinas de la paraestatal –más allá de las denuncias penales contra un puñado de funcionarios de rango medio– son elementos emblemáticos de la falta de voluntad política del gobierno actual para hacer frente al que sigue siendo, desde hace décadas, el principal y más agraviante problema de la administración pública: la corrupción.