PRI-PAN subastan el "oro negro"

Viernes, 13 de abril de 2012 REVISTA EMET

PRI-PAN aprueban dar cuota al FMI por 14 mil mdd

Tras ratificar y avalar los compromisos del PRI y PAN con la jerarquía católica al probar las reformas constitucionales a los artículos 24 y 40 que tienden a restaurar añejos privilegios de la Iglesia en el país y modificar la sana distancia de ésta en los asuntos públicos, en menos de un mes los senadores de la República asestaron otro golpe a la población mexicana al ratificar a toda prisa, con 69 votos a favor, 21 en contra y una abstención, el acuerdo entre la administración de Felipe Calderón y el gobierno de Barack Obama sobre los Yacimientos Transfronterizos de Hidrocarburos en el Golfo de México, firmado apenas el pasado 20 de febrero, que permitirá la exploración y la explotación de dichos yacimientos y atenta contra la rectoría energética del Estado mexicano supeditándola a un convenio binacional que claramente favorece a las empresas estadounidenses.

Mientras Felipe Calderón expresaba públicamente en La Habana su condena al bloqueo injustificado que ejerce Estados Unidos sobre Cuba, censura que no es sino una simulación más, y anunciaba que ambos gobiernos, el suyo y el que encabeza Raúl Castro, suscribieron una carta de intención no vinculante para que Pemex valore la posibilidad de participar en la exploración y explotación de hidrocarburos en la isla caribeña, en el Senado de la República mexicana fue otra vez el presidente de la Comisión de Energía, el perdedor senador priísta Francisco Labastida Ochoa, quien puso en evidencia el contubernio que existe entre el PAN y el PRI en el Congreso al justificar el voto de su bancada en la Cámara alta con el sobado argumento de la necesidad de ratificarlo pues, dijo, de no hacerlo “México se quedaría sin  un marco jurídico para defender sus intereses ante los Estados Unidos”. El legislador sinaloense, quien demuestra una y otra vez que lo que menos le interesa es México y su población, añadió que “en ese momento estaríamos en las peores condiciones en las que gana quien tenga más recursos y mayor tecnología”.

Frente a la férrea oposición de los legisladores de los partidos de la Revolución Democrática (PRD), del Trabajo (PT) y Movimiento Ciudadano, que sostuvieron un ríspido debate con panistas y priístas y se negaron a acatar “la orden” del secretario de Gobernación, Alejandro Poiré, quien en la última semana de febrero envió una carta a los senadores para que revisaran y aprobaran en el actual periodo de sesiones ordinarias el acuerdo binacional, también la senadora Rosario Green (PRI),  presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores, otra legisladora que no ha dado muestras de  estar de lado de una política que redunde en beneficios para la Nación, sino todo lo contrario, justificó que el pacto con EU “mantiene al soberanía nacional” sobre los recursos energéticos de México y argumentó que se deja atrás “un vacío jurídico y cancela la posibilidad de una producción unilateral, no regulada, inequitativa e insuficiente” de los yacimientos transfronterizos de hidrocarburos.  La ex canciller confió en que cada una de las partes, los gobiernos de México y de Estados Unidos, informará a la otra de la presencia de hidrocarburos en la frontera común. También el PAN siguió esta misma argumentación. A través de Rubén Camarillo Ortega, rechazó que se este aprobando “al vapor” y dijo sin ningún rubor que la negociación “duró 20 años”.

Durante la sesión en el Senado se dieron irregularidades en el proceso legislativo pues no se citó a comparecer al secretario de Energía,  Jordy Hernández Herrera, quien anda de gira con Calderón, para explicar el contenido del acuerdo entre México y Estados Unidos en materia de yacimientos transfronterizos de hidrocarburos en el Golfo de México. El convenio fue avalado sin que se elabora un dictamen y sin tomar en cuenta a la Comisión de Relaciones Exteriores América del Norte. Pablo Gómez del PRD destacó lo anterior y pidió una moción para suspender la discusión del dictamen a fin de analizar a fondo ese convenio con el vecino país del norte, ya que, advirtió, no establece la seguridad jurídica necesaria ni las garantías suficientes de que la riqueza petrolera que corresponde a México se respetará, pero ésta fue rechazada por la mayoría de los integrantes del pleno.

Pablo Gómez también hizo notar que no está resuelto el problema del arbitraje y ello deja a México en precariedad, además de que el gobierno de los Estados Unidos ha otorgado más de 30 concesiones a empresas para operar en la línea transfronteriza, consorcios que no están obligados a acatar las disposiciones del convenio. Alertó que una vez hecho el cálculo de cuánto petróleo corresponde a cada nación, durante la exploración y la explotación del yacimiento puede variar la distribución del combustible y no habrá compensación de ninguna especie. Resaltó además que la palabra “reserva” no existe en la redacción del tratado binacional. El legislador perredista manifestó que entendía la prisa del PAN y de Felipe Calderón por aprobar este acuerdo pero el interés del PRI en el mismo le parecía “muy sospechoso”.

También el senador de Movimiento Ciudadano, Dante Delgado Ranauro, pidió suspender la discusión del acuerdo por atentar contra la rectoría energética del Estado mexicano. El veracruzano acusó al PRI y al PAN de actuar juntos nuevamente como lo hicieran en otras reformas relevantes. La oposición de los senadores del PRD, PT y Movimiento Ciudadano no fue suficiente para evitar la ratificación del acuerdo que dispone que los ingresos derivados de la explotación de los yacimientos deberán ser gravados conforme a la legislación de México y Estados Unidos.

En el papel, que aguanta todo, presuntamente el convenio tiende a establecer un marco jurídico para una explotación “segura, eficiente, equitativa y ambientalmente responsable” de los yacimientos transfronterizos en las fronteras marítimas entre Estados Unidos y México, países que, según el mismo documento,  reconocen los principios que promueven la utilización “equitativa y razonable” de los recursos transfronterizos. Sin embargo, las prisas de los legisladores priístas y panistas tienen otros fundamentos, tal y como se los señalamos en estas mismas líneas el pasado mes de febrero y que tienen que ver con que Pemex empieza en este mes trabajos, a más de 3 mil metros de profundidad y a tan sólo 30 kilómetros del limite fronterizo con Estados Unidos,  en un pozo que bautizaron con el nombre de “Maximino”. No se ha dado a conocer aún de dónde sacaron el dinero para ese efecto ni mucho menos han anunciado la aprobación de un crédito millonario para poder echarlo a andar. Cabe destacar que el pasivo de Pemex ya suma un billón 506 mil millones de pesos y la ordeña de sus recursos por parte de la administración federal sigue aumentando.  El año pasado la paraestatal pagó 876 mil 15 millones 747 mil pesos, es decir, un monto superior en un 34 por ciento a lo que pagó en 2010.  Y la gran pregunta sigue siendo: “¿en qué bolsillos quedó todo ese dinero?

Y por si lo anterior fuera poco, en el Palacio de San Lázaro, los diputados federales apresuraron el trámite para votar el aumento a 14 mil millones de dólares la cuota de México en el Fondo Monetario Internacional (FMI). Las coordinaciones parlamentarias del PAN y PRI negociaron incluir la minuta del Senado que avala la nueva cuota en la orden del día, aún y cuando en sentido estricto tendría que abordarse hasta la próxima semana. El dictamen de referencia de la Comisión de Hacienda fue votado por 221 sufragios a favor, 33 en contra y 16 abstenciones. El diputado petista Jaime Cárdenas lamentó que esta votación va acorde a la pérdida de soberanía económica y en contra de políticas de desarrollo en el país. Y no conforme con ello, destacó, los tecnócratas incrementan los apoyos del Estado mexicano al Fondo Monetario Internacional.