Si en México la justicia se aplicara al pie de la letra, la juez Taissia Cruz Parcero debería negar todo derecho a fianza al recapturado Néstor Moreno Díaz, ex director operativo de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), y fincarle responsabilidades no sólo por el ilegal otorgamiento de contratos a empresas extranjeras como Sugar Land o ABB, sino por la infinidad de corruptelas en las que participó en la paraestatal al lado del ex titular, Alfredo Elías Ayub, quien por cierto también debería ser llamado a comparecer, pues fue con su aprobación como Moreno Díaz y muchos otros funcionarios de la “Empresa de Clase Mundial” se enriquecieron a cuenta de los recursos públicos.
Como se recordará, no fue la Procuraduría General de la República sino el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, el organismo que destapó la cloaca de corrupción que operaba en el otorgamiento de millonarios contratos de CFE a empresas extranjeras. Las autoridades americanas dieron cuenta de que además de recibir millones de dólares en efectivo, a Moreno Díaz le gustaban los Ferraris y los lujosos yates.
El fraude del que se acusa a Moreno Díaz, y cuyo monto no rebasa los 33 millones de pesos, es apenas una pequeña muestra de la infinita corrupción con que se manejó el ex funcionario.
La recaptura del corrupto funcionario es una muestra más de que el gobierno de “manos limpias” que prometió Felipe Calderón a los mexicanos nunca ha existido, pues ha sido el propio presidente el que ha permitido que personajes de la calaña de Néstor Moreno no sólo amasen cuantiosas fortunas mal habidas sino que desmantelen y saqueen la infraestructura eléctrica nacional.
Ahora que está tras las rejas es hora de que Moreno Díaz y el propio Calderón expliquen al país el amañado documento con que se entregaron en comodato, a este delincuente, los bienes de la extinta Luz y Fuerza del Centro y cuyo saqueo no ha tenido límites al grado de que desaparecieron en la desatada rapiña hasta las pertenencias de los trabajadores del SME.
Si la juez Taissia Cruz nos lo permite le podemos allegar un voluminoso expediente donde se podrá enterar de cómo funciona el llamado “Cártel de la Electricidad” y la manera en que, por ejemplo, Moreno Díaz, autorizaba en su papel de funcionario público, contratos a su empresa SENSA, o la forma en que junto con Elías Ayub consintieron que la firma extranjera Repsol vendiera al país gas peruano por un monto de 21 mil millones de dólares cuando su costo real es de apenas 6 mil millones.
Pruebas que desde agosto del 2009 tuvieron en sus manos Felipe Calderón y la PGR, pero nada hicieron al respecto. Pruebas de que para los panistas la corrupción pasó a segundo término en sus prioridades por entregar la industria eléctrica nacional a intereses extranjeros.
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