Palacio Legislativo 11-09-2012 (Notilegis).- El Pleno de la Cámara de Diputados avaló de urgente resolución la creación de una Comisión Plural que atienda la problemática general del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) y la específica sobre la prestación del servicio público de energía eléctrica.
Poco antes de que concluyera la sesión, el diputado de Movimiento Ciudadano, Ricardo Monreal Ávila, solicitó que se pusiera a consideración de la Asamblea el punto de acuerdo incluido en el orden del día de la sesión de hoy.
El acuerdo aprobado exhorta al gobierno federal y a las autoridades competentes a reanudar de inmediato la mesa de negociación con el SME en la Secretaría de Gobernación.
Además, establece que la Cámara de Diputados tome cartas en el asunto de la figura de “comodato”, que permita normalizar y regularizar en términos de la Constitución la prestación del servicio público de energía eléctrica.
Más tarde, en entrevista, la diputada Luisa María Alcalde Luján, de Movimiento Ciudadano, consideró urgente dar respuesta a la situación que enfrentan los más de 16 mil trabajadores del SME y de los doce sindicalizados que se encuentran presos.
“Estamos pidiendo que el gobierno federal tome cartas en el asunto, escuche y dé respuesta a todos los trabajadores que ha dejado en desamparo”, dijo.
ALRG/IPC
texto del punto de acuerdo relativo al Sindicato Mexicano de Electricistas
Con punto de acuerdo, relativo al Sindicato Mexicano de Electricistas y a la creación de una comisión plural que aborde la problemática general y específica de la prestación del servicio público de energía eléctrica, a cargo del diputado Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano
Ricardo Monreal Ávila, integrante de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, fracción I; 79, numeral 2, fracción II; y 113 del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta a esta honorable asamblea punto de acuerdo, al tenor de la siguiente
Exposición de Motivos
El 13 de septiembre de 2011, el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) y el gobierno federal, representado por la Secretaría de Gobernación, firmaron un acuerdo en el que las autoridades federales se comprometían a resolver tres asuntos y con ello el SME daba por concluido un plantón en el zócalo de la Ciudad de México que se había mantenido durante más de seis meses.
En dicho acuerdo se estableció que se encontraría una solución para la reinserción laboral de 16 mil 599 trabajadores electricistas, miembros del SME, que hasta la fecha no han sido liquidados, en el sector eléctrico; y que se agilizarían la liberación de los 12 presos políticos del sindicato y la resolución de diversos asuntos pendientes que afectan derechos contractuales adquiridos de los jubilados del SME.
Un año después, los avances alcanzados son mínimos y desde hace meses las pláticas están estancadas, ante la actitud obstinada del gobierno federal de continuar “administrando” el conflicto, manteniendo como rehenes a los presos del SME, sin resolver los problemas de fondo, entre los que destacan
1. Ninguna propuesta alternativa de solución para la reinserción laboral de 16 mil 599 electricistas que no se han liquidado.
Lo que se ha planteado de manera informal por el gobierno es la contratación de 500 trabajadores en la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y el resto en una mega empresa contratista de SA.
2. En el caso de los presos políticos, el gobierno sólo ha facilitado la liberación de un preso, Gabriel Blas Bastián, trabajador jubilado de 72 años, mediante el recurso de retirar todos los cargos y acusaciones en su contra, quien quedó en libertad el pasado 11 de julio.
Sin embargo, para el caso de los 10 presos políticos del SME que se encuentran en el reclusorio oriente y que fueron acusados de los mismos delitos, en tiempo y circunstancias iguales, el gobierno ha recurrido a procedimientos burocráticos y dilatorios, a fin de retrasar la liberación.
Por lo que se refiere a otro preso del SME recluido en el penal de San Miguel, Puebla, la actitud del gobierno federal ha consistido en cambiarlo de juzgado y de juez a fin de retrasar su sentencia, pese a que la PGR y la CFE como parte acusadora obligadamente se acogieron a la jurisprudencia de la ley que más favorezca al reo, pues el delito más grave que le imputan (artículo 366 del Código Penal Federal) fue derogado en noviembre de 2010.
3. En el caso de los derechos contractuales adquiridos de más de 21 jubilados miembros del SME, el gobierno federal mantiene su posición de no aplicar el descuento obligatorio de su cuota sindical, con el afán de dejar en la indefensión económica al SME, frente a múltiples obligaciones que van desde el pago de las cuotas obrero-patronales, los salarios de los trabajadores al servicio del SME, etcétera.
Los avances en el tema son mínimos, pues se reducen prácticamente a pagos sobre derechos adquiridos, que el gobierno bloqueó durante más de dos años, como los pagos de compensación por antigüedad.
Sin embargo, de forma obstinada se niegan a informarle al SME sobre el monto de los Fondos de Reserva para la Jubilación y el Seguro Sindical, recursos económicos que pertenecen al SME y a sus trabajadores, que en el caso de los jubilados el SAE sigue descontando de sus ingresos catorcenales y que conforme a los estados financieros de 2008 ascienden a más de 102 mil millones de pesos. Conforme al contrato colectivo de trabajo, el patrón, en este caso el gobierno federal, tiene la obligación de informar al detalle del monto y los movimientos de estos fondos de reserva.
Mientras tanto, los temas de fondo del conflicto electricista siguen pendientes de solución. El gobierno de Calderón pretende seguir administrando al más bajo nivel, en estos tres meses que restan a su gobierno, mientras continúa avanzando el proceso de privatización de la industria eléctrica y el supernegocio de la privatización de la fibra óptica.
El saldo de la presencia de la CFE y sus empresas contratistas en la zona de Luz y Fuerza del Centro es un fracaso absoluto: pésimo servicio y elevadas tarifas eléctricas que colocan a México en el ranking de los países con las tarifas industriales y domésticas más caras.
El próximo 11 de octubre vence el plazo de tres años de la inconstitucional figura de comodato, con la cual el gobierno ha pretendido eludir la figura de patrón sustituto, tema que habrá de discutirse en el Congreso de la Unión por afectar el párrafo sexto del artículo 27 de la Constitución.
El SAE y otras instancias de la administración pública tienen pendientes sendas auditorias que den cuenta de la corrupción e ineficiencia en la administración del patrimonio nacional eléctrica y del proceso de liquidación y disolución de Luz y Fuerza del Centro.
Los datos son irrefutables: la CFE avanza hacia una quiebra económica y financiera como consecuencia de la presencia mayoritaria del capital privado internacional en materias exclusivas de la nación.
Al desastre eléctrico nacional y en la región central del país se suma la criminal posición del gobierno de Calderón de arrebatar el empleo a más de 44 mil trabajadores electricistas y colocar en la indefensión a más de 21 mil jubilados.
Muchos de ellos han visto rotas sus esperanzas de vida, ya en la pobreza extrema e impedidos de encontrar un trabajo digno, pues su despido arbitrario e ilegal en los hechos los hizo quedar boletinados en el mercado laboral, por sus antecedentes de haber laborado en LFC.
Es trágico observar cómo decenas de miles de trabajadores electricistas, bien capacitados, técnica y profesionalmente en la prestación del servicio público de energía eléctrica, son despreciados por sus antecedentes laborales y sindicales y obligados a deambular en el amplio sector de la economía informal.
Derivado de lo anterior someto a consideración de la Cámara de Diputados la siguiente proposición con
Puntos de Acuerdo
Primero. Que la Cámara de Diputados exhorta al gobierno federal y a las autoridades competentes a reanudar de inmediato la mesa de negociación en la Secretaría de Gobernación a efecto de dar cumplimiento a los compromisos pactados en la minuta del 13 de 2011.
Segundo. Que la Cámara de Diputados tome cartas en el asunto de la figura de “comodato” que permita normalizar y regularizar en términos de la Constitución y la ley la prestación del servicio público de energía eléctrica.
Tercero. Así como la integración de una comisión plural de diputados que aborde la problemática general y específica de la prestación del servicio público de energía eléctrica que recupere los principios constitucionales y de origen de la CFE, en beneficio del pueblo y la economía nacionales.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 11 de septiembre de 2012.
Diputado Ricardo Monreal Ávila (rúbrica)
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