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| AMLO en el Senado de la República. |
Como integrante del Movimiento Regeneración Nacional MORENA, doy a conocer, una vez más, nuestra inconformidad con la iniciativa de reforma a la Ley Federal del Trabajo ordenada desde el extranjero, promovida por la cúpula del poder en México y acordada entre Calderón y Peña Nieto.
Es evidente que esta reforma no contribuye al crecimiento económico y tampoco generará empleos ni bienestar. Por el contrario, alentará la descomposición social, los resentimientos, la inseguridad y la violencia. Por eso he sostenido que dicha reforma es dañina no sólo para los trabajadores, sino también para los verdaderos empresarios del país.
Se trata de un acto de prepotencia ideológica de un grupo minoritario, irresponsable y promotor de la discordia y de la inestabilidad política y social.
Es por ello que convoco a todos los Senadores a actuar con dignidad y decoro. En lo particular llamo, respetuosamente, a los senadores de los partidos progresistas a que actúen a la altura de las circunstancias y se opongan al retroceso que significa la llamada reforma laboral.
Asimismo, considero que no debe avalarse la corrupción sindical alentada por los gobiernos del PRIAN. Ya basta de líderes o caciques que viven colmados de privilegios a costillas de los trabajadores, al amparo del poder, de las complicidades y de la corrupción gubernamental. Estoy seguro de que todos los senadores del Movimiento Progresista se manifestarán a favor de que haya transparencia, rendición de cuentas, libertad y democracia en los sindicatos. Tengo que decir, porque ya ha sucedido, que los legisladores no deben faltar a sesiones que son fundamentales, nada de abstenerse, salir de viaje, supuestamente enfermarse o ir al baño al momento de la votación.
Tampoco debe tolerarse que grupos de intereses creados sometan a las autoridades laborales como sucedió en los casos de Mexicana de Aviación, Cananea y Pasta de Conchos, en los cuales predominó el influyentismo y la impunidad para favorecer y proteger a empresarios corruptos y de malos sentimientos. Lo mismo puede decirse del cierre arbitrario de la empresa pública Luz y Fuerza del Centro, acompañado del infame despido de más de 40 mil trabajadores del Sindicato Mexicano de Electricistas. Inclusive, esta decisión ha sido considerada ilegal por un juez de distrito, que ha ordenado la reinstalación de los trabajadores y debe exigirse el pronto y cabal cumplimiento de esta sentencia.
También aprovecho mi estancia en este recinto legislativo para manifestar que no aceptáremos la propuesta de Peña Nieto de entregar la renta petrolera a extranjeros y compensar lo que dejaría de recibir la hacienda pública con el aumento del IVA del 16 al 22 por ciento.
¿Qué es lo que están tramando quienes se creen dueños del país y tripulan a Peña Nieto?
No conformes con el influyentismo que impera en PEMEX y en la Comisión Federal de Electricidad, en cuanto a la asignación de contratos que sólo favorecen a empresas privadas, nacionales y extranjeras, sin beneficios para la nación, ahora pretenden cínicamente apropiarse de la renta que se obtiene por la explotación del petróleo crudo y del gas.
Para explicarlo de manera sencilla: actualmente extraer un barril de petróleo cuesta 11 dólares y se vende en 104 dólares, lo que significa una utilidad de 93 dólares por barril. Y este es el negocio que ambicionan; quieren privatizar, en parte o por entero, esta ganancia que pertenece a todos los mexicanos.
Además, debe tenerse en cuenta que de consumarse este atraco, la hacienda pública dejaría de recibir 1 billón de pesos anuales que se obtienen solamente por derechos de hidrocarburo, que significan cerca del 30 por ciento del presupuesto público, dinero que no aportarían las empresas particulares debido a que gozan de privilegios fiscales.
Por ejemplo, las 10 más grandes empresas privadas nacionales y extranjeras que en su conjunto tienen ingresos equivalentes a los de PEMEX (un billón 300 mil millones de pesos) pagan de impuestos 65 mil millones de pesos al año, o sea 15 veces menos que la contribución por petróleo.
De ahí que pretendan tapar el hueco de las finanzas públicas que dejaría la privatización, aumentando los impuestos a todos los mexicanos. Es decir, las reformas energética y fiscal, son complementarias y forman parte de la misma operación de despojo y pillaje.
Esta es la razón por la que nos oponemos a estas mal llamadas reformas, que son en realidad viles atracos y graves retrocesos sociales. Más aún, no podemos aceptar estas regresiones porque queremos vivir en paz.
Insisto: si se entrega la renta petrolera, no habrá suficiente presupuesto, no se tendrían recursos para garantizar el desarrollo ni el bienestar de los mexicanos y se producirían mayores tensiones y conflictos sociales.
Ahora bien, es una vergüenza que las instituciones nacionales, en este caso el Poder Legislativo, actúen como simples instrumentos al servicio de los organismos financieros internacionales y de la banda de malhechores que domina y azota al país.
Desde hace más de 20 años, casi todas las leyes que se han aprobado van orientadas a beneficiar a una élite y a perjudicar a la mayoría del pueblo y a la nación.
Veamos sólo algunos ejemplos: en mayo de 1989, al inicio del gobierno de Carlos Salinas, el PRI y el PAN, avalaron el Plan Nacional de Desarrollo (1989-1994) que permitió la venta de importantes empresas públicas al sector privado.
El 27 de junio de 1990, el PRI y el PAN reformaron el artículo 28 constitucional para entregar 18 bancos que eran propiedad de la nación.
El 6 de enero de 1992, el PRI y el PAN modificaron el artículo 27 constitucional para poner al mercado las tierras ejidales.
El 6 de mayo de 1992, el PRI y el PAN cambiaron la Ley Minera para entregar, durante todo este periodo, el 29 por ciento del territorio nacional a particulares nacionales o extranjeros, que explotan el oro, la plata y el cobre, sin pagar impuestos por la extracción de estos minerales.
El 22 de diciembre de 1992, el PRI y el PAN aprobaron la reforma a una Ley secundaria que, a contrapelo de la Constitución, ha permitido a empresas privadas, principalmente extranjeras, generar energía eléctrica. Hoy, tales empresas venden a la Comisión Federal de Electricidad el 50 por ciento de la energía eléctrica que se consume en el país, a precios elevadísimos, al mismo tiempo que se mantienen paradas o subutilizadas las plantas del sector público.
El 5 de marzo de 1993, el PRI y el PAN aprobaron la reforma al artículo tercero constitucional para limitar la gratuidad de la educación pública sólo a nivel de primaria y secundaria, y se dejó al mercado, como si fuese una mercancía, la educación media superior y universitaria.
El 18 de marzo de 1995, la mayoría del PRI en la Cámara de Diputados, aprobó el aumento del IVA del 10 al 15 por ciento.
El 12 mayo de 1995, el PRI y el PAN reformaron la Ley reglamentaria del servicio ferroviario para privatizar los Ferrocarriles Nacionales de México.
El 23 de mayo de 1996, el PRI y el PAN aprobaron la Ley de los sistemas de ahorro para el retiro, que entregó a operadoras financieras privadas, nacionales y extranjeras, la administración de las pensiones de millones de trabajadores que no dejan de vivir en la incertidumbre por el manejo nada seguro de esos fondos.
El 12 de diciembre de 1998, diputados del PRI y del PAN aprobaron el Fobaproa, que convirtió las deudas privadas de unos cuantos empresarios y banqueros en deuda pública.
El 8 de diciembre de 2005, ya durante el foxismo, el PRI y el PAN modificaron la Ley del Impuesto Sobre la Renta para conceder a las grandes corporaciones económicas y financieras el privilegio de diferir el pago de impuestos hasta por el 100 por ciento de sus contribuciones.
El 8 de diciembre de 2005, ya durante el foxismo, el PRI y el PAN modificaron la Ley del Impuesto Sobre la Renta para conceder a las grandes corporaciones económicas y financieras el privilegio de diferir el pago de impuestos hasta por el 100 por ciento de sus contribuciones.
El 22 de marzo de 2007, el PRI y el PAN modificaron la Ley del ISSSTE y entregaron a los banqueros el manejo de las pensiones de los trabajadores al servicio del Estado.
El 13 de septiembre de 2007, el PRI y el PAN aprobaron un paquete fiscal, que incluyó la creación del Impuesto Empresarial de Tasa Única (IETU) y el impuesto del 2 por ciento por depósitos en efectivo, que más tarde aumentaron al 3 por ciento.
Siguiendo la cronología de la ignominia, prosigo recordando que mediante un acuerdo político entre Calderón y Peña Nieto, el 20 de octubre de 2009, los diputados del PRI y del PAN aprobaron la Ley de Ingresos en la que aumentaron el IVA del 15 al 16 por ciento; incrementaron el Impuesto Sobre la Renta de 28 a 30 por ciento, y autorizaron los aumentos mensuales a las gasolinas, el diesel, el gas y la luz.
En junio de 2010, el PRI y el PAN aprobaron que Televisa y Telefónica, empresa española de telecomunicaciones dirigida por Francisco Gil Díaz, quien fuera secretario de Hacienda de Fox, se quedaran con un hilo de la fibra óptica de la industria eléctrica nacional.
Por último, y por si fuera poco, ahora los que mandan en el país están empeñados en reformar la Constitución y las leyes para afectar a los trabajadores, aumentar impuestos y apropiarse de la renta petrolera.
En contraste cabría preguntar dónde está la ley para mejorar el salario mínimo; dónde está la ley para impulsar actividades productivas y crear empleos; dónde está la ley para combatir la pobreza; dónde está la ley para impulsar la educación pública y establecer el Estado de bienestar; dónde está la ley anticorrupción; dónde está la ley para terminar con los privilegios de la alta burocracia; dónde está la ley para evitar efectivamente las prácticas monopólicas; dónde está la ley que impida que se compren los votos y se trafique con la pobreza de la gente en los procesos electorales; dónde está la ley para cobrar impuestos por la extracción de minerales; dónde está la ley para terminar con los privilegios fiscales de las grandes corporaciones empresariales y financieras que prácticamente no pagan impuestos; dónde está la ley para terminar con el monopolio de la televisión y la radio y garantizar el derecho a la información; dónde está la ley para que los ciudadanos elijan a los Ministros de la Corte y no los imponga Carlos Salinas.
Ya basta de que la agenda nacional y legislativa y el orden del día lo impongan siempre extranjeros o los 30 potentados de México. Ya es hora de que las instituciones estén realmente al servicio del pueblo y de la nación.
Que no se malinterprete, no vengo a darle línea a nadie. Cada quien debe asumir su responsabilidad. Estoy aquí como parte de un movimiento de mujeres y hombres libres, comprometidos con la transformación de México. Y siempre digo lo que siento, sin medias tintas y con claridad.
Estoy seguro que ustedes que están iniciando sus actividades como legisladores sabrán actuar como auténticos representantes populares, que no se prestarán para seguir reformando la constitución y las leyes, y legalizar despojos y abusos de quienes sólo son movidos por la ambición y la codicia.
En cuanto a lo que a nosotros corresponde como integrantes del Movimiento Regeneración Nacional, MORENA, expreso que estaremos atentos y actuaremos cada vez que sea necesario y que así lo exijan las circunstancias.
Cámara de Senadores, 23 de octubre de 2012
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