Arturo Rodríguez García
proceso
MÉXICO, D.F., (proceso.com.mx).- Por segundo día consecutivo, un operativo de la policía estatal de Morelos arribó a la comunidad de Huexa, Morelos, para custodiar a empleados de compañías contratistas que pretenden reiniciar los trabajos de construcción de una termoeléctrica que los habitantes rechazan.Aunque ayer, al justificar el primer operativo, el gobierno del perredista Graco Ramírez Garrido Abreu aseguró que no se estaban empleando armas de fuego, esta vez los policías sí emplearon armas largas.
De acuerdo con el activista Gerardo Espino, desde las 5:00 horas de hoy dos patrullas realizaron recorridos en el plantón que mantienen los habitantes que rechazan la obra y la comunidad. Utilizaron armas tipo AR-15.
Alrededor de las 7:00 de la mañana, unas 30 camionetas con policías antimotines y empleados de compañías privadas cercaron a una veintena de activistas del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua de Morelos, Tlaxcala y Puebla (FPDTAMTP), así como del Centro de Estudios Sociales y Culturales “Antonio de Montesinos”, a quienes fotografiaron.
Encabezados por quien dijo llamarse Marino Martínez, empleado del gobierno estatal, la acción se justificó en una supuesta solicitud de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) de garantías para su personal y los trabajadores de las empresas contratistas.
Sin embargo, personal de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Morelos, que se apersonó esta mañana para integrar una relatoría, aseguró a los activistas e integrantes del FPDTAMTP que desde ayer el gobierno estatal no había expuesto la supuesta petición de resguardo de la CFE.
Por tercera ocasión en lo que va de octubre, la asamblea de la comunidad rechazó anoche el inicio de las operaciones y refrendó su disposición al diálogo, a condición de que éste ocurra a partir del retiro de fuerzas policíacas, el cese del hostigamiento a activistas y habitantes, así como la medicación del organismo Servicios y Asesoría para la Paz (Serapaz).
La agencia APRO informó ayer que policías intimidaron a un grupo de campesinos de la comunidad indígena de Huexca, en el municipio de Yecapixtla, en una acción orquestada por el gobernador Graco Ramírez con el argumento de que la mayor parte de la población en dicha comunidad está a favor de la construcción de la termoeléctrica.
El FPDTAMPT se ha opuesto desde principios de año a la construcción del Proyecto Integral Morelos (PIM), que consiste en la construcción de un gasoducto de 160 kilómetros de longitud, rodeando el volcán Popocatepetl, que atravesará unas 60 comunidades de Tlaxcala, Puebla y Morelos, para alimentar dos termoeléctricas que se pretenden construir en Huexca, una comunidad indígena del municipio de Yecapixtla.
Ante la falta de consulta pública y el hecho de que, según el Manifiesto de Impacto Ambiental (MIA), el gasoducto tiene un trazo que atravesará por 23 kilómetros de la zona de mayor riesgo volcánico, así como la insustentabilidad y los impactos ambientales en la zona, los habitantes de Huexca decidieron bloquear el camino de acceso a la comunidad a personal y maquinaria que intenten iniciar la construcción de la termoeléctrica.
La queja principal de los manifestantes tiene que ver con la ausencia de información, los engaños y la simulación de diálogo, primero, del gobierno anterior del panista Marco Adame, que pese a su respaldo al PIM no utilizó la fuerza pública para atacar a la manifestación.
A través de una nueva acción urgente, el CAM exigió al gobernador Graco Ramírez que respete las condiciones del diálogo que ayer por la noche simuló haber aceptado, al retirar a la totalidad de los policías que irrumpieron en el plantón y la comunidad.
El comunicado añade:
“Solicitamos que el estado respete el derecho a la integridad física y psicológica de defensores de derechos humanos, así como del pueblo de Huexca tal y como lo estipulan los tratados y principios internacionales que forman parte de nuestra Carta Magna”.
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