Minería en México, industria de la muerte: TPP

Señalan en preaudiencia atropellos de empresas y connivencia de autoridades.
Rubicela Morelos Cruz
Corresponsal
Periódico La Jornada
Lunes 24 de junio de 2013, p. 34

Cuernavaca, Mor., 23 de junio.

Asistentes a la preaudiencia del Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP), sección México, condenaron a las empresas nacionales y extranjeras, así como a las autoridades de los tres niveles de gobierno por permitir proyectos mineros de la muerte en el país.

María Fernanda Campa Uranga, profesora e investigadora de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), dijo que concluyeron que la minería en México es extensiva, depredadora y destructiva de los suelos y la vida de las comunidades.

Detalló que en esta preaudiencia hubo 10 denuncias sobre la forma en que las mineras entran a las comunidades y arrasan con recursos naturales, e incluso se han cometido asesinatos de comuneros, líderes ejidales y activistas.

Campa Uranga manifestó que este tipo de explotación de los recursos naturales es ilegal y vamos a seguir luchando contra ella. Condenamos a las mineras trasnacionales y mexicanas y a sus cómplices de los tres niveles de gobierno involucrados en estos proyectos de muerte, como les llamaron habitantes de las comunidades afectadas.

Durante la preaudiencia, realizada en el parque Tlaltenango de esta ciudad, se hizo referencia al caso de la minera Cuzcatlán, operadora de la mina La Trinidad y subsidiaria de la canadiense Fortuna Silver Mines, en San José del Progreso, Oaxaca, a la que acusaron de haber ordenado el asesinato de los opositores Bernardo Vásquez Sánchez y Bernardo Méndez, y exigieron que salga del país.

La investigadora de la UNAM criticó a la Secretaría de Economía, que otorga las concesiones a las mineras, y a la Secretaría Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), que aprueba las manifestaciones de impacto ambiental sin tomar en cuenta a las comunidades.

Campa Uranga precisó que el TPP se manifestó por que se suspendan las concesiones mineras ilegales hasta que se realice una evaluación técnica, jurídica, social y ambiental, y propusieron crear un observatorio internacional que vigile lo que ocurre en México.