El gobierno de Rousseff asegura que tiene en su agenda las reivindicaciones de los trabajadores
Afp, Xinhua, Reuters y Dpa
Periódico La Jornada
Sao Paulo, 11 de julio.- Decenas de miles de sindicalistas afiliados a las seis mayores organizaciones de trabajadores de Brasil se movilizaron este jueves en por lo menos una veintena de ciudades del país, para exigir la reducción de la semana laboral de 44 a 40 horas, la aceleración de la reforma agraria en un territorio dominado por grandes terratenientes, mayor gasto público a salud y educación, control de la inflación y cambios en la política económica del gobierno para propiciar más crecimiento del producto interno bruto.
Las centrales que convocaron al Día Nacional de Luchas son la Central Única de Trabajadores, Fuerza Sindical, la Central de Trabajadores Brasileños, la Unión General de Trabajadores, la Nueva Central y Conlutas, las cuales recibieron el apoyo del Movimiento de Trabajadores Rurales Sin Tierra y la Unión Nacional de Estudiantes.
El ministro de Trabajo, Manoel Dias, afirmó que las reivindicaciones de las centrales sindicales ya están en la agenda oficial.
“El gobierno y las centrales nos estamos sentando” en la mesa de negociaciones para discutir esta pauta, “discutiendo y avanzando y seguramente en muchas de ellas tendremos éxito”, expresó en declaraciones enviadas a la Afp.
Cuarto paro en dos siglos
Esta es la primera vez que las centrales realizan conjuntamente una protesta pública en toda su historia y es también la primera ocasión que los sindicalistas llaman a manifestaciones callejeras desde que en la década de 1980 organizaron la movilización denominada Derecho Ya, cuando agonizaba la última dictadura militar (1964-1985).
Durante el gobierno de Luiz Inacio Lula Da Silva (2003-2010), del Partido de los Trabajadores, y en los dos años y medio que va de la administración de su correligionaria, Dilma Rousseff, tampoco hubo movilizaciones sindicales. La de hoy es la cuarta huelga general convocada en casi dos siglos de vida del Estado brasileño moderno.
“Estuvimos en las calles hace 30 años. Brasil sólo cambia cuando la clase trabajadora sale a las calles. Así conquistamos nuestros derechos y vamos a continuar conquistándolos”, afirmó el presidente de la Central Única de Trabajadores, Vagner Freitas.
Esta organización, fundada en la década de 1980 por Lula, comparte los reclamos de otras agrupaciones sindicales, pero subraya entre sus demandas la aprobación en el Congreso de la reforma política propuesta por Rousseff la semana pasada.
Conductores de autobuses, trabajadores siderúrgicos, estibadores y cajeros bancarios estaban entre los trabajadores sindicalizados que salieron a las calles para poner los derechos de los empleados entre los principales temas del debate nacional.
Las marchas de este jueves fueron vistosas, con gente disfrazada que se burló de los políticos y de Rousseff. Otros portaron carteles con letras de colores y consignas contra la corrupción política y reclamando cambios en favor de los trabajadores.
Sin embargo, la convocatoria sindical logró llevar a las calles a menos gente que la reunida durante las manifestaciones multitudinarias de junio, convocadas originalmente en Sao Paulo por la agrupación ciudadana Paso Libre, que demanda principalmente la anulación de las tarifas de transporte público (durante las marchas se sumaron peticiones contra la corrupción política y la mejora general de los servicios de salud y educación).
Paso Libre, que no tiene estructura formal permanente, expresó este jueves su simpatía por la movilización de los sindicalistas, pero cuestionó la diversificación de las demandas con el argumento de que eso conlleva el riesgo de la diluirlas.
No obstante, José María de Almeida, dirigente de la Conlutas, consideró que la acción sindical es continuidad de las protestas de junio, cuando hubo marchas en decenas de ciudades y cientos de miles de ciudadanos inundaron las calles de Sao Paulo, Río de Janeiro y Brasilia.
“Después de las movilizaciones en las calles que pararon el país, es el turno de las entidades organizadas”, apuntó Almeida.
Bloqueos carreteros
Brasil amaneció con la noticia de que al menos 30 carreteras en 11 de los 26 estados del país fueron cerradas. Más tarde los sindicalistas cerraron otras 10 y fueron 14 las entidades federativas afectadas.
Estibadores sindicalizados del puerto de Santos, estado de Sao Paulo, paralizaron las actividades en los muelles durante seis horas, por segundo día consecutivo.
En Sao Paulo, la avenida Paulista, la principal de la ciudad, fue bloqueada por unas 4 mil personas de los sindicatos convocantes. “Despierta, Dilma!”, era el lema de muchos carteles.
La policía dispersó en el sur de Sao Paulo una concentración de aproximadamente mil 500 personas, que bloquearon una autopista que comunica a la mayor ciudad de Sudamérica con los estados brasileños del sur.
La policía intervino con gas lacrimógeno y bombas de ruido luego de que los manifestantes se negaron a desmantelar barricadas con las que obstruyeron el tránsito.
Medio centenar de paulistas llevaron sus protestas frente a las instalaciones de la televisora O’Globo, a la que acusan de ser un monopolio de comunicación y de obstruir la “democracia en los medios”.
En ciudades como Salvador de Bahía, Porto Alegre, Curitiba, Florianópolis, Belo Horizonte y Manaos, el transporte público quedó paralizado. Una televisora afiliada a O’Globo fue ocupada por decenas de personas en Salvador de Bahía, para exigir la “desmonopolización” del sector.
Un número indeterminado de escuelas cerró sus puertas y en muchos hospitales sólo hubo servicios de urgencia.
En Río de Janeiro, los autobuses y el Metro funcionaron normalmente, a solicitud de los sindicatos, que sólo convocaron a una protesta a las tres de la tarde local.
En la zona céntrica de Río, la policía dispersó al anochecer la concentración de unas 2 mil 500 personas, representantes de trabajadores bancarios y maestros. Al tiempo que cantaron el himno nacional, los manifestantes lanzaron bombas molotov y bengalas contra la policía, que respondió con balas de goma.
Río estuvo semiparalizada. Bancos, empresas y comercios decidieron cancelar actividades este jueves por el temor a destrozos y saqueos.
Los accesos al complejo industrial y portuario de Suape, en el estado nororiental de Pernambuco, fueron bloqueados, mientras la entrada al puerto de Itaguaí, en el estado de Río de Janeiro, fue también obstruido.
Participación indígena
La organización Articulación de los Pueblos Indígenas de Brasil aprovechó este Día Nacional de Luchas para enviar a Rousseff una carta en nombre de 305 etnias, hablantes de 274 lenguas distintas y cuya población asciende a unos 900 mil individuos.
En la misiva los indígenas advirtieron su rechazo a toda medida legislativa y ejecutiva que signifique un retroceso en sus derechos, y exigieron detener un proyecto de reforma constitucional que otorgaría al Congreso la facultad de demarcar tierras indígenas, lo que actualmente es atribución del Poder Ejecutivo.
En ese contexto, el Senado pidió al Ministerio de Defensa los registros de todos los vuelos hechos por autoridades en aviones de la Fuerza Aérea entre 2010 y 2013, luego de que la semana pasada, el diario Folha de Sao Paulo denunció que los presidentes de la Cámara de Diputados, Henrique Alves, y de Senadores, Renan Calheiros, usaron aeronaves oficiales para realizar viajes personales con sus familiares.
Ambos se comprometieron a pagar el costo de los traslados, que sumados llegan a unos 19 mil 500 dólares.
El ministro de la Seguridad Social, Garibaldi Alves, también fue acusado de haber usado aviones oficiales para atender asuntos personales.
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