Editorial
Luego de las revelaciones de que Estados Unidos realizó tareas de espionaje sobre asuntos del sector energético y el combate al narcotráfico en México, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) emitió ayer un escueto comunicado en el que indicó que cuando se publicaron los primeros alegatos sobre programas estadunidenses de inteligencia, el gobierno de México estableció comunicación inmediata con el gobierno de Estados Unidos”; sostuvo que nuestro país ha reiterado “por los canales diplomáticos su exigencia de información amplia sobre el asunto”, y que “las relaciones entre países se conducen con respeto y apego al marco legal”.
El presidente Enrique Peña Nieto se refirió al asunto como una “especulación” y como “temas que han surgido en la prensa” y sostuvo que “en este momento no hay una condición que altere el clima de respeto y de cordialidad que hemos establecido con el gobierno de Estados Unidos”, aunque agregó que “si hubo espionaje sería inaceptable”. Por su parte, la Procuraduría General de la República (PGR) anunció que iniciará pesquisas en torno a los presuntos acuerdos del gobierno de Felipe Calderón con la Casa Blanca para llevar a cabo intervenciones de llamadas telefónicas y de correos electrónicos desde 2007. Por su lado, la comisión permanente del Congreso de la Unión decidió aplazar la discusión de un resolutivo de condena a las actividades ilegales de espionaje de Washington y de otro que insta al Ejecutivo a pedir explicaciones “precisas y urgentes” sobre la vigilancia del país vecino sobre funcionarios y legaciones diplomáticas de México.
Es pertinente señalar, por principio de cuentas, que las prácticas reveladas por las filtraciones del ex asesor externo de la Agencia de Seguridad Nacional (NSA, por sus siglas en inglés) del país vecino, Edward Snowden, no son especulaciones “surgidas en la prensa”, sino hechos documentados que en ningún momento han sido desmentidos por Washington. Tales actos, por lo demás, son presumibles delitos de acuerdo con diversos instrumentos de la legislación nacional (por ejemplo, el Código Penal Federal, en sus artículos 127, 128 y 129) y de la internacional, que deben ser investigados y, en su caso, perseguidos por las autoridades nacionales. La vigilancia furtiva de funcionarios, instituciones y ciudadanos mexicanos por Washington difícilmente podría describirse como un hecho enmarcado en una relación bilateral de “respeto y cordialidad”. Es, por el contrario, una actividad delictiva en varios sentidos –en tanto intromisión indebida en la confidencialidad gubernamental y en la privacidad ciudadana, y en tanto injerencia en los asuntos internos del país– que amerita una actitud enérgica y firme de defensa de la soberanía y del estado de derecho.
Sin embargo, más allá de la respuesta de la PGR, las reacciones institucionales ante esta nueva práctica ilegal e injerencista del gobierno estadunidense resultan insuficientes, tibias y claramente orientadas a minimizar las revelaciones.
La tibieza es tanto más inaceptable si se considera que el espionaje sistemático en México ha permitido al gobierno estadunidense información sobre rubros estratégicos para la economía y la seguridad nacionales, pero no ha contribuido ni poco ni mucho a mermar la capacidad operativa, económica y de fuego de las bandas de narcotraficantes, a suspender el flujo de armas ilegales que provienen de Estados Unidos –con ayuda incluso de autoridades de ese país, como ocurrió con el operativo Rápido y Furioso–, a desactivar las redes de trata de personas que operan en ambos territorios o a combatir en forma mínimamente eficaz el masivo lavado de dinero que tiene lugar en ambos países, por mencionar sólo tres de las más graves expresiones de la delincuencia organizada.
En suma, el espionaje estadunidense en México confirma la discrecionalidad, impunidad y presumible ilegalidad con que operan dependencias y funcionarios del país vecino en el territorio nacional y agrava la pérdida de soberanía nacional frente a las autoridades de Washington. Lo menos que cabría esperar ante la revelación de estas actividades es una condena enérgica por parte de las autoridades nacionales, una ampliación de las pesquisas judiciales correspondientes hacia el ámbito de los funcionarios estadunidenses involucrados en el desarrollo de esas actividades en nuestro país, y la revisión profunda de los términos de la cooperación bilateral en asuntos como la política energética y la seguridad.
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