viernes, 23 de agosto de 2013

Conflicto magisterial: descontento y mesura

EDITORIAL
El descontento magisterial y social generado por la reciente reforma constitucional en materia de educación y por la discusión de su legislación secundaria ha derivado en días recientes en actos de protesta por parte de integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE): bloqueos a vialidades del centro de la capital desde principios de semana y cercos a las sedes de ambas cámaras legislativas e incluso a la sede alterna a la que diputados y senadores se trasladaron ayer. En lo inmediato, como resultado de estas movilizaciones, los profesores disidentes lograron diferir la aprobación de la Ley del Servicio Profesional Docente, uno de los ejes fundamentales del descontento magisterial.
Es verdad que acciones como las realizadas ayer y anteayer por el magisterio inconforme suelen resultar incomprendidas y contraproducentes para las reivindicaciones que las generan, en la medida en que aportan argumentos a quienes exigen la represión de las disidencias, y la criminalización de los movimientos sociales y provocan molestia en el común de la población.
Pero más allá de esas consideraciones inmediatas y de las afectaciones ocasionadas, es pertinente señalar que tras los hechos referidos hay descontentos reales, cuyo factor originario es el desgaste de las instancias institucionales de representación y de mediación entre lo social y lo institucional: para esta última esfera parecieran irrelevantes y sacrificables los intereses y las necesidades de la primera. Dicho desfase entre la elite política y la inconformidad social da cuenta de la crisis de representatividad que arrastran las instituciones del Estado y expone las severas limitaciones de los partidos políticos para cumplir con su papel de incorporar los distintos intereses, demandas e inconformidades que tienen lugar en el país y de encauzarlos por las vías institucionales, pacíficas y legales.
En el caso de la reforma constitucional en materia de educación ese carácter excluyente fue claramente expresado en la decisión del gobierno federal y sus partidos aliados en el Pacto por México de no acordar con integrantes del magisterio una reforma que, en última instancia, será ejecutada por los propios docentes y que tendrá en ellos los principales afectados.
Desde esta perspectiva, no hay lugar para el amplio y generalizado linchamiento mediático que ha sido lanzado contra los docentes inconformes, ni mucho menos para los reclamos de salidas represivas en contra del magisterio disidente de algunos actores políticos y económicos. Las salidas represivas como sucedáneos de los mecanismos políticos tienden a agravar los conflictos generados y a llevarlos a puntos de no retorno.
En la circunstancia presente, lo pertinente y necesario es que las partes involucradas en el desencuentro exhiban voluntad política, sensatez y disposición al diálogo y a la búsqueda de soluciones pacíficas y concertadas. La contención y la mesura debe prevalecer también en los medios de comunicación y en la sociedad en general.

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