La Comisión de Medio Ambiente del Congreso local dio luz verde a la reforma del gobierno del estado que elimina la facultad del Congreso de definir la tarifa del servicio de agua potable, alcantarillado y saneamiento, con el voto en contra de los diputados del Partido Revolucionario Institucional (PRI), quienes acusaron que la medida es inconstitucional porque dejará a los usuarios en total indefensión en caso de que se concrete el proyecto de privatización del Poder Ejecutivo local.
Además, los legisladores del Revolucionario Institucional alertaron que las compañías que se hagan cargo del servicio tendrán facultades para embargar las propiedades de los ciudadanos, debido a que los adeudos adquirirán la modalidad de “créditos fiscales”.
Las críticas las encabezó el diputado priista presidente de la Comisión Permanente, Gerardo Mejía Ramírez, quien señaló que la intención del gobierno del estado de permitir el ingreso de particulares carece de fundamento, luego de que el director general del Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Puebla (SOAPAP), Manuel Urquiza Estrada, dijo que el organismo tendrá este año utilidades por 333.5 millones de pesos.
“El gobierno del estado gastó 300 mdp en una rueda de la fortuna de fines de semana, pero no tiene la oportunidad de invertirle al SOAPAP, que además está generando ganancias; eso es contradictorio”, apuntó.
Los representantes populares del tricolor integrantes de ese órgano legislativo, Felipe David Espinosa y Jesús Vázquez Viveros, se opusieron al proyecto, mientras la legisladora tricolor Zenorina González Ortega se ausentó de dicha sesión.
El dictamen se turnará a la sesión extraordinaria que se realizará este jueves a las 11 horas, donde se espera que sea aprobado por mayoría de votos con la oposición del grupo parlamentario tricolor; una semana después de que el Congreso inició el proceso legislativo para su revisión.
“Cobrarán lo que quieran”
La reforma se realiza a Ley del Agua para el estado de Puebla con el fin de transferir a los organismos que tiene a su cargo el servicio de agua “en dos o más municipios” la facultad de fijar la Estructura Tarifaria para el cobro de derechos, productos y contribuciones, por lo que se interpretó como un traje a la medida para el Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Puebla, el cual opera en la capital y diversos municipios de la zona conurbada.
Además, en la discusión de la iniciativa se reveló que el gobierno del estado abrió la puerta para concesionar el servicio desde diciembre de 2012, con una reforma a la misma normativa que aprobó el Congreso, en la que se incorporó todo un capítulo sobre la participación del sector privado.
“Están atentando contra los usuarios; al rato que venga una empresa podrá cobrar lo que quiera”, advirtió Mejía, quien explicó que la reforma que se aprobará este día es inconstitucional y podría recurrirla cualquier ciudadano, porque el servicio público debe tener un sistema tarifario cada año a cargo del Congreso.
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