La suma de nuevos actores muestra que el movimiento contra la iniciativa aún crece
Arturo Cano
Periódico La Jornada
Domingo 6 de octubre de 2013, p. 8
“¿La peor o la primera?”, pregunta la maestra Austreberta Guzmán, estudiante de licenciatura en educación indígena de la Universidad Pedagógica Nacional (UPN), cuando se le pide hablar de las condiciones en las cuales ha desempeñado su labor docente. La charla ocurre poco antes de que se anuncie, como se venía anticipando, que “el desgaste” ha puesto en riesgo la resistencia del magisterio oaxaqueño a la reforma educativa, y que la presencia masiva en la capital del país deja paso a otras “estrategias de lucha”.
El relato de esta profesora de sonrisa fácil es rápido. Para llegar a su primera chamba docente, en Santiago Quiavicuzas, en la sierra sur de Oaxaca, viajaba siete horas en un vehículo y luego otras siete a pie (inevitable pensar en el insulto chilango de “maestros huevones”).
Su voz descansa cuando cuenta que para llegar a su segunda escuela, en una comunidad mixe, “nada más caminaba dos horas”. En ese plantel de prescolar había tres aulas –todas construidas por los padres–, tres maestras, 99 niños y “sólo 11 sillitas”.
Austreberta era directora sin nombramiento, como lo son miles de docentes a cargo de las escuelas, porque no hay dinero para plazas de directores. En esa función, y después de mucho batallar, consiguió que le permitieran visitar la bodega del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO), para elegir, de entre mesas y sillas ya desechadas, “las que estuvieran menos peor y se pudieran arreglar”. Eso sí, los padres de familia tuvieron que pagar el flete y luego cargar los destartalados muebles que la mudanza dejó al pie de la carretera.
El relato resume lo que, para los maestros, quiere decir el gobierno cuando en la “hoja de ruta” de la reforma educativa pactista ofrece los lineamientos de una “mayor autonomía en la gestión de las escuelas”.
“Se trata quizá de legalizar algo que ya existe y cargarle cada vez más la mano a los padres”, dice Joaquín Ortiz, estudiante de séptimo semestre en la UPN y maestro con 15 años de servicio, en cuya última escuela “no había baños ni vidrios en las ventanas”.
Los estudiantes-maestros de la UPN se sumaron al plantón después del 15 de septiembre, y en ese sentido son muestra del crecimiento de un movimiento que, con todo y el desgaste de sus contingentes más activos, se ha extendido a buena parte del país, rebasando con mucho a los maestros tradicionalmente agrupados en la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE).
“La ley tiene la clara intención de romper con la idea de que tenemos un sindicato. Aquí es ‘tú arréglatelas como puedas’, ‘estás solo’ y ‘ahí te va la guillotina’. Y lo mismo va para los padres, por eso ahora los vemos tomando escuelas”, dice el profesor Marcos Ventura.
Un ojo a vuelo de pájaro a los periódicos de los estados da cuenta de la multiplicación de las protestas con un nuevo actor: los padres de familia, que se han sumado no sólo en las delegaciones del sur del Distrito Federal (hace un par de días, por ejemplo, fueron quienes bloquearon la carretera Campeche-Mérida).
Ileana Chávez, madre de familia en Santa Cruz Meyehualco, cuenta que en la escuela primaria de su hijo la comunidad rechazó participar en el Censo de Escuelas, Maestros y Alumnos, echado a andar a finales de septiembre, con bombo y platillo, por el secretario de Educación, Emilio Chuayffett, y por Eduardo Sojo, presidente del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
La idea que ha comenzado a prender (ver la edición del sábado de La Jornada Veracruz) es que la información censal será utilizada para “despedir” a los maestros y para obligar a los padres de familia a cargar con más gastos de las escuelas.
“Ahí en la primaria de mi hijo”, dice la madre de familia, “se puso a votación y entonces rompieron las hojas”.
El cuestionario de alumnos que entrega el personal del Inegi es una hoja donde deben anotarse los datos personales del estudiante y otros, como los siguientes: si habla una lengua indígena, cómo se traslada al centro educativo, si tiene Internet, si recibe o no beca y si padece algún problema de salud relacionado con el aprendizaje.
“¡Gracias por su participación!”, rematan los formatos que causan la risa de los líderes de la CNTE. “¿De verdad los del PRI y el PAN no saben a quiénes nos han pagado todos estos años?”, cuestiona Francisco Bravo, líder de la sección 9 del Distrito Federal.
“En mi escuela, varios padres han agregado en los cuestionarios quejas contra el gobierno, e incluso contra profesoras que no les gustan”, dice Marcela, directora de un jardín de niños en una colonia clasemediera de la capital. La misma docente informa que el personal del Inegi no hizo una inspección física del plantel, como se derivaría de las palabras de Sojo: “Sólo me interrogaron durante tres horas sobre cuánto dinero recibimos, cuál autoridad pone la mano de obra y sobre las aportaciones de los padres, que aquí han puesto todo para cambiar pisos y rehacer los baños, igual que trajeron casi todos los libros que tenemos en la biblioteca escolar”.
Falta ver, dadas las primeras informaciones disponibles, qué tan confiable resultará el censo en entidades donde no puedan aplicarse los cuestionarios (29 millones de formatos para todo el país).
El trabajo del Inegi es uno de los muchos temas que corren en el campamento que había engordado en los días recientes. Uno de muchos que se pueden resumir en tres palabras: la batalla sigue.
Corren los informes sobre el bloqueo de la carretera Mérida-Campeche, sobre la quema de cuestionarios del Inegi en Veracruz, y el boicot al censo en Puebla y Jalisco, así como la amenaza del gobierno de Chiapas (el secretario de Educación es el elbista Ricardo Aguilar Gordillo) de despedir a todos los paristas. Un movimiento crecido que ha manejado, desde el gobierno, uno de los más cercanos amigos del presidente Enrique Peña Nieto: el subsecretario Luis Miranda Nava, primo segundo de un ex presidente del PAN, para más señas.
El primero de octubre, cuando ya el movimiento magisterial daba señales de agotamiento, la comisión negociadora de la CNTE rechazó reunirse con Miranda. Al final lo hizo sólo con la promesa de que al día siguiente, 2 de octubre, sería recibida por el titular de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong.
Se consulta a una fuente del SNTE sobre el crecido movimiento. La fuente habla del amigo y encargado directo del Presidente: “Empezó presentándose como el ‘gran operador’, pero la CNTE se lo comió enterito. Les dio y les dio creyendo que los controlaría, pero como no pudo, ahora ya no sabe qué hacer”.
Quizá no pudo, pero ya salió de la coyuntura con una vieja fórmula: mil marchas y 48 días de plantón después, traslada la bronca a los estados.
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