Decide la sección 22 de Oaxaca no participar en censo de la SEP

Acuerdan nueva jornada de amparos contra la reforma

Comenzarán movimiento de resistencia y desobediencia civil

Laura Poy Solano 

Periódico La Jornada 

Domingo 6 de octubre de 2013, p. 7

Profesores de la sección sindical 22 de Oaxaca acordaron no participar en el censo de maestros y alumnos que realiza la Secretaría de Educación Pública (SEP), por lo que ningún supervisor ni director de esa entidad entregará datos a los encuestadores que envíe el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) a sus escuelas.

Como parte de los resolutivos alcanzados en su asamblea estatal, que concluyó en las primeras horas de este sábado, los mentores también aprobaron integrar un equipo jurídico y de especialistas para impulsar una nueva jornada de amparos contra la reforma educativa en el país.

Además reiteraron que no reconocerán las modificaciones a los artículos tercero y 73 constitucionales y sus leyes secundarias.

Con la asistencia de 605 delegados de las regiones de la Costa, Cañada, Istmo, Mixteca, Sierra, Tuxtepec y Valles Centrales, también decidieron comenzar un movimiento de resistencia y desobediencia civil en la entidad.

Reunidos en el auditorio del Sindicato Mexicano de Electricistas, los educadores se pronunciaron en favor de fortalecer la jornada de brigadeo nacional en la que participan, en una primera etapa, 222 docentes, que recorrieron entidades como Veracruz, Durango, Zacatecas, Chihuahua y Nayarit, entre otras.

Entre las decisiones tomadas se incluyó la realización de una tercera consulta a las bases movilizadas en la capital del país para definir un eventual regreso a las aulas, la cual se realizó ayer en el campamento instalado en el Monumento a la Revolución.

Movilización masiva

En tanto, integrantes de la dirigencia de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) asistentes al cuarto Encuentro Nacional Magisterial y Popular, en el que participan maestros disidentes de 26 secciones y organizaciones sociales, informaron que acordaron sumarse a la movilización, este 12 de octubre, contra la imposición de la reforma energética.

En el encuentro, realizado en el auditorio 15 de Mayo de la sección 9, estuvieron los secretarios seccionales del magisterio en el Distrito Federal, Francisco Bravo; de Michoacán, Juan José Ortega Madrigal, y de Oaxaca, Rubén Núñez Ginés, quienes reiteraron que la jornada de lucha contra la reforma educativa continuará en todo el territorio nacional.

Bravo destacó que el consenso fue “apoyar una movilización masiva para el próximo sábado, y volver a reunirnos con los distintos referentes sociales el 13 de octubre para analizar un nuevo plan de acción”.

Detalló que en la reunión, que se realizó a puerta cerrada, se “presentó un balance de la jornada de lucha de la CNTE, en el que diversos representantes estatales hicieron un análisis general de cómo se ha ido consolidando la lucha en Veracruz, Chiapas y Jalisco”, pero anunció que será hoy cuando se dé a conocer un reporte por entidad, durante la sesión de la Dirección Política Nacional.

Por la tarde, integrantes del equipo jurídico del magisterio disidente abundaron en una mesa de análisis convocada en el Monumento a la Revolución, sobre las implicaciones laborales que tendrá el nuevo marco normativo para los maestros.

Ante decenas de mentores disidentes, el abogado Manuel Fuentes Muñiz explicó que la reforma educativa afecta “no sólo las condiciones de trabajo de los maestros, sino también sus derechos humanos, pues acaba con la seguridad en el empleo, la bilateralidad en las relaciones laborales, y el principio que tiene todo trabajador de acudir ante los tribunales”.

Es una modificación “muy grave a sus conquistas laborales, pues enfrentarán la posibilidad de percibir menores salarios, de no tener acceso a una plaza base y ser sometido a periodos de prueba, incluso mayores a los que contempla la Ley Federal del Trabajo”.

Al respecto, Eduardo Pérez Saucedo explicó las afectaciones que tendrán los docentes con la aplicación que hagan de las leyes del Servicio Profesional Docente y del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación.