Los presos del SME, Calderón y Díaz Ordaz

19 junio 2012 | José Antonio Almazán González | Pro-Secretario de Jubilados SME

El más joven tiene 31 años y el mayor 71. Sus antigüedades laborales van de los 8 a los 30 años. Uno de ellos es jubilado con problemas de hipertensión, diabetes y parálisis facial. De los 12 presos políticos del SME 11 son casados y con hijos. Todos ellos son trabajadores técnica y operativamente calificados en la prestación del servicio público de energía eléctrica. Gabriel Blas Bastián se jubiló en 1988 como Sobrestante Foráneo en Línea Viva, un puesto de mando y elevada responsabilidad. Los demás laboraban como Operadores en subestaciones eléctricas, Calculista en Cuentas Especiales, Tomadores de Lecturas, en Conexiones Instaladores, Agencias Foráneas, Liniero, Sobrestante de Conexiones de Alta Tensión, Ayudante de Construcción, Oficinista de Cobranzas.

Miguel Márquez Ríos que ocupaba el puesto de Operador de Subestaciones y miembro de la dirección del SME fue tomado preso el 23 de octubre de 2010, sin mediar orden de aprehensión y acusado de privación ilegal de la libertad (artículo 366, fracción I, inciso b) del Código Penal Federal, que fue derogado el 30 de noviembre de 2010), contra el consumo y la riqueza nacional y resistencia de particulares, cuando lo que hacía era defender su centro de trabajo y su empleo injustamente arrebatado por el inconstitucional e ilegal decreto de extinción de Luz y Fuerza del Centro. Por supuesto estos delitos no han sido probados, y su expediente está plagado con declaraciones contradictorias de la parte acusadora que es CFE. En el caso de los 11 trabajadores electricistas del SME presos en el Reclusorio Oriente desde el 11 de abril de 2011, las acusaciones son Motín, Resistencia de Particulares en Pandilla, Daño en Propiedad Ajena, Robo Calificado y Lesiones. Los delitos, por supuesto, son falsos, inventados por el gobierno de Felipe Calderón para criminalizar la lucha del SME. Lo que llama poderosamente la atención es que por este tipo de delitos los presos del SME hubieran alcanzado fianza. Sin embargo, para evitar su libertad y mantenerlos como rehenes, a última hora el gobierno federal, a través de la

PGR, les endosó el viejo delito de pandillerismo que tiene la curiosa característica de incrementar en un 50% las penas de los delitos comunes e impedir la libertad bajo fianza.

Como lo hizo Díaz Ordaz contra los estudiantes en 1968, la saña de Calderón en contra del SME demuestra que los dictadores se hermanan por su vileza. Hace 44 años el Movimiento Estudiantil, además de libertad y democracia demandaban la derogación del delito de disolución social tipificado en los artículos 145 y 145 bis del Código Penal Federal. En respuesta el sátrapa criminal responsable de la matanza de Tlatelolco encarceló a sus principales dirigentes acusándolos de lo que Calderón acusa a los electricistas del SME, además de endilgándoles un nuevo delito, el de pandillerismo.

A diferencia de los movimientos ferrocarrilero y magisterial que fueron violentamente reprimidos y cuyos dirigentes fueron encarcelados bajo los cargos de Disolución Social plasmados en los artículos 145 y 145 bis, en el caso del Movimiento estudiantil de 1968, y, para eludir el calificativo de Presos Políticos, se inauguró una nueva faceta de la criminalización de la lucha social, acusando a los estudiantes de daño en propiedad ajena, robo, secuestro, resistencia de particulares, lesiones contra agentes de la autoridad y pandillerismo. Este delito no existía en el primer Código Penal de 1931, a lo más se hablaba en su art. 164 de asociaciones o bandas organizadas para delinquir. Pero a iniciativa de Gustavo Díaz Ordaz, el 29 de diciembre de 1967 se aprueba en la Cámara de Diputados y el 8 de marzo de 1968 se publica en el DOF una reforma que adicionó el art. 164, definiendo a la pandilla como : “Se entiende por pandilla, para los efectos de esta disposición, la reunión habitual, ocasional o transitoria, de tres o más personas que sin estar organizadas con fines delictivos, comenten en común algún delito”. Pero los diputados del PRI le perfeccionaron la vileza a Díaz Ordaz para castigar a los “comportamientos delictuosos de minorías irreflexivas” como calificaban a los jóvenes en aquella época. Como lo reconoció el diputado del PRI Víctor Manzanilla Schaffer "Aprobar una reforma al Código Penal, que combate un fenómeno social, ligado con la delincuencia juvenil sin hacer estas deshilvanadas, pero sinceras reflexiones, sería un cargo de conciencia.

Los cargos de conciencia, si los hubo, vendrían 6 meses después con la matanza del 2 de octubre y el encarcelamiento de cientos de jóvenes acusados de pandillerismo. Como se ve, la maldad hermana a los represores. Sin importar que uno haya sido del PRI y el otro sea del PAN. El Estado de Derecho en México, como da cuenta la historia de las luchas del pueblo, ha siempre el palacio de la inquisición para ajustar cuentas a la protesta social y una catedral para garantizar la impunidad de la oligarquía y sus personeros. ¡Presos políticas libertad! Demandamos la inmediata libertad de los presos del SME.