20 agosto 2012 | Jenaro Villamil | PROCESO
MÉXICO, D.F. (Proceso).- Desde 1989, a comienzos del gobierno de Carlos Salinas de Gortari, MVS comenzó a operar frecuencias en la banda 2.5 ghz para el uso de televisión restringida. De un total de 62 títulos de concesión, 16% de ellos fue asignado directamente por el salinismo y sujeto al pago de una contraprestación equivalente a 9% del ingreso del concesionario; 37% se otorgó por licitaciones públicas y el 47% restante fueron compras a terceros autorizadas por la SCT.
En 2003 y 2004, durante el gobierno de Vicente Fox, MVS obtuvo 20 autorizaciones para dar servicios bidireccionales de datos y de transporte de señales de voz de telecomunicaciones, lo que sería el inicio de la utilización de esta banda para servicios de doble y triple play. La Secretaría de Hacienda estableció el pago de una contraprestación basándose en la última licitación de la banda 3.4 ghz.
Durante los dos últimos años de la anterior administración, MVS construyó una red para dar servicios de banda ancha en internet vía inalámbrica a través de la banda 2.5, y comenzó a buscar socios y contratos con otras empresas telefónicas como Axtel, Alestra, Avantel, Marcatel, Protel y Mexis. Para el año 2008 alcanzó a tener 47 mil suscriptores en la empresa MVS Net y sostener más de 450 empleos, según sus propios informes.
MVS Net invirtió 80 millones de dólares en la construcción y operación de esa red, que pronto se convertiría en el inicio de un proyecto más ambicioso, denominado “Banda ancha para todos” y constituido por un consorcio de cinco grandes inversionistas.
Ocho de sus 62 concesiones en la banda 2.5 ghz se vencieron en 2005. MVS presentó las solicitudes de prórroga ante la Cofetel. Ahí comenzó el litigio para que no se les renovaran estos títulos durante el sexenio de Felipe Calderón.
A pesar de que en agosto de 2008 la Cofetel autorizó el refrendo de esos títulos de concesión, en diciembre del mismo año los comisionados atendieron la solicitud del Grupo Televisa y de su filial Cablevisión para revocar la renovación de esas concesiones vencidas.
La decisión de la Cofetel coincidió con otro hecho que generó molestia en Televisa: en noviembre de 2008 MVS lanzó el servicio de televisión restringida satelital Dish. Hasta febrero de 2012 este sistema había alcanzado más de 2 millones de suscriptores, con lo que representó la mayor competencia para la empresa Sky, filial de Televisa, la única que ha registrado un crecimiento sostenido de más de 10% en los últimos años.
–Se va a molestar Emilio – le comentó Felipe Calderón a Joaquín Vargas, presidente de MVS, cuando le presentó el proyecto de Dish.
La referencia a Azcárraga Jean era obvia. Desde ese momento las negociaciones entre el gobierno federal y MVS para renovar los títulos de concesión y aceptar un ambicioso proyecto de inversión para ofrecer servicios de internet en banda ancha más ágil y a menor precio que el de Infinitum, de Telmex, se atoraron.
“Durante cinco años MVS y el gobierno federal han sostenido conversaciones orientadas a definir el futuro de la banda 2.5 ghz sin haber alcanzado hasta el momento los acuerdos y la certidumbre que permitan detonar inversiones y desplegar la red abierta de banda ancha móvil”, subraya la empresa de Joaquín Vargas en un extenso informe enviado a Dionisio Pérez Jácome, titular de la SCT, el 27 de marzo de 2012.
“El retraso de esta decisión ha implicado no sólo un perjuicio económico para un grupo concesionario, sino sobre todo un costo de oportunidad muy alto para los usuarios de servicios de telecomunicaciones y para la competitividad de nuestro país. En efecto, al día de hoy México sigue teniendo una de las velocidades promedio de acceso a internet más bajas y uno de los costos promedio más altos por este servicio dentro de los países miembros de la OCDE”, se advierte en el documento.
En efecto, mientras el promedio de porcentaje de usuarios de la banda ancha móvil es de 54.3% de la población en los países miembros de la OCDE, México tiene 7.7%, por debajo de Chile (17.4%) y muy lejos de Suecia (98%); Finlandia (87.8%), donde el acceso a la banda ancha es un derecho constitucional, y Japón (82.4%), de acuerdo con el último informe de la OCDE.
En su informe de marzo de 2012 ante la SCT, el Grupo MVS asienta que incluso ante el presidente de la República se ofreció pagar una contraprestación por servicios bidireccionales de datos y devolver 50 de los 120 mhz que detentaban, “en el entendido de que el gobierno reconocería a MVS el valor de esas frecuencias”.
Esto nunca sucedió. La decisión del gobierno de Calderón paralizó inversiones por mil millones de dólares que realizaría el consorcio de cinco socios, que incluía a Ericsson, para que el uso de las concesiones de la banda 2.5 funcionara como una súper carretera de banda ancha o “carrier de carriers” a través del cual podían operar otras empresas telefónicas y de telecomunicaciones.
El informe de MVS remata con un reproche al sexenio calderonista:
“Es importante señalar que la gran mayoría de nuestras concesiones tienen vencimiento hasta los años 2018 y 2020, y que hoy es la fecha en la que aún no se han precisado temas elementales para su mejor uso y explotación. ¿Cómo es posible que la Secretaría de Hacienda pueda determinar el monto de la contraprestación de una banda de frecuencias que no ha sido objeto todavía de importantes definiciones de política pública?”
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