19 agosto 2012 | Martín Esparza | CONTRALINEA
El próximo gobierno tendrá que afrontar la desventajosa entrega que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) ha hecho del sector eléctrico a las trasnacionales. Desde la llegada del Partido Acción Nacional (PAN) al poder, en 2000, hasta 2011, la Comisión Reguladora de Energía (CRE) otorgó un promedio de 772 permisos a productores independientes y productores externos de energía. El gobierno federal pactó con muchos de ellos la compra de su generación eléctrica mediante desventajosos contratos para el país con vigencias de hasta 25 años.
Martín Esparza Flores*/Cuarta parte
Tales son los casos de las extranjeras Iberdrola, EDF International, Unión Fenosa, Mitsubishi, Intergen, Mitsui, TransAlta, EDFI y AES, que a través de financiamientos vía proyectos de inversión de largo plazo han garantizado su inversión, al obtener de la CFE el compromiso de adquirirles su energía, al precio que ellas establezcan. Esto ocasiona mayores costos operativos a la infraestructura eléctrica nacional, ahora subutilizada, y genera el excesivo margen de reserva del 44 por ciento alcanzado en 2009 contra el 21 por ciento observado en 2000. Tenemos así una sobreproducción eléctrica que no utilizamos, pero que nos cuesta un ojo de la cara.
Se ha entregado a particulares y en charola de plata el negocio de la electricidad a un altísimo costo para las finanzas públicas y para los millones de usuarios, que ahora pagan las consecuencias con la arbitraria imposición de altas tarifas eléctricas. No es aventurado afirmar que esta política entreguista de los panistas ha hipotecado al sector en las próximas tres décadas. A diciembre de 2009, la compra de energía a las trasnacionales le costó al país más de 268 mil millones de pesos y se estima que por los compromisos adquiridos de compra-venta de energía, de 2010 a 2041, los mexicanos pagaremos a las firmas extranjeras 1.6 billones de pesos, según el análisis de la Cuenta Pública 2009 practicado al sector eléctrico por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y entregado a la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados.
Pero el costo será mayor si se considera que los proyectos de inversión de largo plazo de la CFE y su pasivo acumulado de 1999 a 2043 ascenderá a 545 mil 300 millones de pesos, según la tabla de amortización y pago de intereses del Presupuesto de Egresos de la Federación 2010. Por ejemplo, al 31 de diciembre de 2009, la CFE pagó 63 mil 700 millones de pesos de capital y 42 mil 200 millones de pesos de intereses, lo que significa que entre 2010 y 2043 tiene pendiente de pago una amortización de 435 mil 400 millones de pesos, y de costo financiero 131 mil 200 millones más. Cantidad que sumada a 1 billón 600 mil millones superará los 2 billones de pesos.
Datos de la CFE y de la Secretaría de Energía establecen con exactitud la forma en que los gobiernos del PAN optaron por debilitar el sector, cuya infraestructura costó a los mexicanos décadas de trabajo; mientras en 2000 CFE y Luz y Fuerza del Centro generaban 191 mil 400 Gigavatio/hora (GWh) a nivel nacional, los permisionarios privados apenas contribuían con 12 mil 200 GWh; para 2009, las cosas cambiaron radicalmente a favor de los particulares, sobre todo extranjeros al alcanzar una generación de 105 mil 900 GWh, mientras que el sector público disminuyó a 157 mil 900 GWh.
En su análisis de 2009, la ASF estableció que, desde 2000, los permisionarios venden electricidad a la CFE, colocada en el segmento de la industria más rentable; el doméstico, que es donde se encuentran los mayores problemas y más altos costos de suministro se están destinando a las dos paraestatales (CFE y Luz y Fuerza del Centro, LFC).
“Los permisionarios tampoco corren riesgos debido a que venden la energía comprometida a la CFE y aunque se presenten paros y haya una menor demanda del energético, la paraestatal tiene que colocar los excedentes al costo que sea necesario, la electricidad no se puede almacenar y la CFE tiene que buscar que se consuma en el momento en que se genera. Las altas tarifas de la electricidad no son producto exclusivamente de la energía generada por el servicio público, también se derivan de los altos costos de interconexión de los productores independientes y de gas natural que es el único combustible que los productores independientes de energía utilizan”. Negocio redondo.
Además, es importante resaltar que el excesivo número de concesiones para privados ha impactado en los niveles de generación de electricidad y en consecuencia en las ventas de CFE. De los 772 permisos otorgados por la CRE, 24 corresponden a grandes productores independientes, 595 a autoabastecedores, 58 para cogeneración, 37 para importación, siete para exportación, tres para pequeña producción y 48 para usos continuos. Todos ellos tienen autorizada una generación de 166 mil 700 GW hora/año.
Un análisis a fondo de esta política entreguista permite explicar el porqué de la premura del gobierno de Calderón por desaparecer a LFC mediante una acción autoritaria e ilegal; el análisis de la ASF no deja lugar a dudas: “Con la liquidación de LFC, los particulares tendrán un mayor campo de acción ya que tendrán que satisfacer la demanda de electricidad de alrededor de 6 millones de usuarios y adicionalmente podrán utilizar más abiertamente la infraestructura dejada por LFC”. La desnacionalización está en marcha.
Dado lo anterior surgen las razones por las cuales la CFE se encuentra en una insalvable quiebra técnica: tan sólo de 2001 a 2009, recibió subsidios del gobierno federal por 563 mil millones de pesos. Y sus pasivos al segundo trimestre de 2012 han llegado a los 849 mil millones de pesos; 12.24 por ciento más que los registrados en el mismo periodo de 2011 y que ascendieron a 756 mil 768 millones de pesos.
De no detener esta política antinacionalista, México estará entregando sus recursos energéticos a los extranjeros, como ya sucede con Petróleos Mexicanos, cuyos contratos de perforación y exploración están en manos de trasnacionales. Este sector, que es estratégico para cualquier país, debe rescatarse por el bien de las futuras generaciones. No puede consentirse que el multimillonario saqueo continúe en detrimento del nivel de vida de los mexicanos que cada día pagan más cara la gasolina y la luz que consumen.
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