Para cumplir su sueño –un lujoso club campestre–, el padre del fallecido Juan Camilo Mouriño, el gallego Carlos Mouriño Atanes, no se detiene ante detalles legales o éticos: mediante trampas y con la complicidad de las autoridades ha despojado de su patrimonio a decenas de ejidatarios de Lerma, algunos de los cuales aún se mantienen en lucha por conservar sus tierras. Además, para dotar de playa a su complejo turístico saquea los bancos de arena de una ensenada que alberga numerosas especies en peligro de extinción.
domingo, 28 de octubre de 2012
Rosa Santana
CAMPECHE, CAMP. (Apro).- Próximo a extinguirse el calderonato que la llevó a la cúspide del poder, la familia del desaparecido Juan Camilo Mouriño aprieta el paso para consumar el sueño que acaricia su patriarca, Carlos Mouriño Atanes: apropiarse del ejido Lerma, cuyas tierras ya comercializa para su Campeche Country Club.
Mouriño Atanes reapareció en público el pasado 26 de agosto para la presentación de su proyecto inmobiliario y el arranque de la etapa de preventa de lotes, pese a que las tierras aún están en litigio: Un grupo de ejidatarios lucha por conservarlas.
El Campeche Country Club —impulsado por el Grupo Energético del Sureste por medio de su inmobiliaria Supermex— será una suma de lujos: constará de 304 lotes residenciales y tendrá campo de golf de 18 hoyos, canchas de tenis, de racquetball y futbol y una alberca semiolímpica.
Además, según se anunció en la presentación, tendrá "la más extensa y espectacular playa de Campeche". Será artificial, para lo que se pretende quitarle arena a los bancos de Xpicob, una microrregión aledaña que aunque no está bajo régimen de protección oficial, es un ecosistema donde coexisten al menos unas 15 especies protegidas o en peligro de extinción.
ORO POR ESPEJITOS
Con los incondicionales de Juan Camilo distribuidos en las dependencias federales y el ayuntamiento de Campeche y con la venia del gobierno estatal, los Mouriño echaron a andar su plan para despojar a los ejidatarios de Lerma de las tierras donde se construye el Campeche Country Club.
El 20 de enero de 2008 se celebró una asamblea ejidal en la que por primera vez apareció un grupo de empresarios encabezado por Antonino Almazán Arteaga —cuyo nombre se menciona en numerosos asuntos de despojo de tierras en la península yucateca— "para exponernos su interés en adquirir las tierras ejidales para un proyecto que ya tenían", explica Pedro Celestino May, líder del Movimiento Campesino Tierra y Libertad, agrupación que se creó posteriormente para defender al ejido.
Almazán ofreció a los ejidatarios parcelar las tierras que hasta ese momento eran comunales.
"Nos dijo: ‘Les parcelaré para que tengan la certeza jurídica de su tierra hasta alcanzar el dominio pleno y como sé que no tienen dinero me pagarán con tierras’", relata.
Añade: "Yo me levanté para decirle a Antonino que no se podía cobrar con tierra porque era el patrimonio de nuestras familias, le pedí a la gente que no firmaran, que lo analizaran con su familia y se asesoraran legalmente".
Pese a la oposición de la mayoría de los ejidatarios presentes en esa asamblea, el comisariado ejidal firmó el contrato con la empresa de Almazán, Instituto de Capacitación y Asesoría Integral de México para que ésta parcelara las tierras comunales. A ese encuentro asistieron 95 de las 172 personas enlistadas en el padrón de ejidatarios. De los asistentes sólo 28 respaldaron con su firma el contrato.
Pero 25 de los inconformes iniciaron un juicio de nulidad de esa asamblea; no obstante el magistrado del Tribunal Agrario de Campeche, Juan José Pérez Palma, ya fallecido, falló contra los promotores del juicio. En los tribunales con sede en Cancún se les concedió el amparo y se ordenó reponer el procedimiento, pero al regresar el caso a Pérez Palma éste determinó que "ya es cosa juzgada" y le dio carpetazo. Los ejidatarios intentaron llevar el caso a la Suprema Corte, donde les fue rechazado el recurso.
LES NIEGAN ASESORÍA
May denuncia que en la Procuraduría Agraria, cuyo delegado es Onésimo Darío López Solís (colocado en ese cargo tras la muerte de Juan Camilo, de quien fue cercano colaborador) "nos negaron la asesoría legal que pedimos desde que comenzó el robo de nuestras tierras".
El 24 de enero de 2009 se celebró otra asamblea ejidal para informar que al día siguiente se llevaría a cabo el sorteo de parcelas económicas, lo cual hizo Almazán en presencia de la visitadora de la Procuraduría Agraria, Concepción de la Cruz Paz y de la notaria pública 40, Nelia del Pilar Pérez Curmina, quien también es delegada del Instituto Nacional de Migración.
En la asamblea del día siguiente además de la asignación de parcelas se aprobó el cambio de destino de las tierras.
"Llegaron mostrando el nuevo plano del ejido en el que ya venían marcadas las tierras con que se cobraría Antonino. Él de manera unilateral decidió qué superficie tomaría", señala May. "Fuimos ocho los que no entramos ni a la rifa ni a la venta de tierras y exigimos que nuestro derecho ejidal quede a salvo. Así se hizo y nos dijeron que entonces nosotros ya no teníamos nada que pelear", dice.
En el reparto a cada uno de los 164 ejidatarios que parcelaron le tocarían 53.5 hectáreas, además de que la empresa de Almazán, aunque el contrato no especificaba la superficie con la que se le pagaría por el servicio de deslinde y de qué zona, se cobró con aproximadamente 2 mil 300 hectáreas a orillas del mar, que hizo que se distribuyeran "entre cinco de sus prestanombres que fueron reconocidos como posesionarios en esa asamblea, pese a que no viven en el ejido ni se les conocía".
"El comisario les extendió a estas personas las constancias de que son avecindados en Lerma; si no hubiera sido por eso el Registro Agrario Nacional (RAN) les tendría que haber negado el registro. Eso fue lo que permitió el robo de tierras. Ellos a su vez traspasaron los terrenos a los Mouriño. Le pedimos al gobernador (Fernando Ortega Bernés) que detuviera esto, pero no quiso hacer nada", acusa.
Destaca que luego Almazán hizo firmar a 164 ejidatarios otro contrato, ahora ante el notario público número 49, Enrique Castilla Magaña, en el que, independientemente de las tierras con las que se cobró, les hace ceder sus "derechos de uso y disfrute" de sus parcelas para dar también la legítima posesión de ellas a las cinco personas arriba mencionadas.
De acuerdo con documentos en poder de esta corresponsal, a cada ejidatario se le pagó por la parcela que le correspondía —sin avalúo— 230 mil pesos distribuidos en tres pagos. "Sacando cuentas tenemos que a los ejidatarios les pagaron a 40 centavos el metro cuadrado y los Mouriño a su vez están vendiendo el más barato de sus lotes a 288 dólares por metro cuadrado", resalta Celestino May.
LOS MUERTOS QUE FIRMAN
Los Mouriño ahora se enfocan en las 400 hectáreas que quedaron a salvo como tierras comunales.
"La presión ahora es contra nosotros, los cinco ejidatarios que aún quedamos en la lucha y no nos hemos doblegado, pese a las amenazas y los ofrecimientos de dinero que hemos recibido", señala May.
En su afán por despojarlos también a ellos de sus predios, los empresarios han incrustado a más de una decena de sus personeros como nuevos ejidatarios "porque la Ley Agraria dice que para conservar un ejido se deben mantener por lo menos 25 ejidatarios en el padrón, y en este caso todos los que parcelaron dejaron de serlo y pasaron a ser pequeños propietarios".
Para ese fin se celebraron nuevas asambleas y se falsearon otras en las que hasta los muertos firmaron.
Fuente: Proceso
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