A fin de dar cumplimiento con la resolución del Segundo Tribunal Colegiado en materia de trabajo del Primer Circuito que concedió el amparo de la justicia federal, por el que ordena recontratar y pagar salarios caídos a los 16 mil 599 trabajadores del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), el Pleno de la Asamblea Legislativa exhortó al titular del ejecutivo federal, a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados para que prevean y disponga en su proyecto de presupuesto 2013, recursos adicionales al presupuesto de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).En la propuesta del diputado perredista Manuel Alejandro Robles Gómez se recuerda el momento en que Felipe Calderón Hinojosa emitió el decreto de extinción de la compañía de Luz y Fuerza del Centro (LyFC) el 11 de octubre de 2009, donde se culpó a los trabajadores sin resolver la mala administración de esta dependencia que dependía de él.
También se recordó la propuesta que la ALDF hizo en aquel momento, sobre la necesidad de otorgar recursos adicionales para un programa de seguro de desempleo para proteger a los trabajadores despedidos que luchaban por recuperar su empleo, y se pidió a los congresos de los estados de México, Morelos, Puebla e Hidalgo hacer lo propio. Además se solicitó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación iniciar una averiguación del decreto de extinción.
Además se expuso que el Tribunal referido resolvió amparar y proteger al SME en contra del acto de autoridad del ejecutivo federal, y una sentencia ampara a los electricistas porque no hubo causa justificada para la terminación de las relaciones laborales y que la CFE es el patrón sustituto de los trabajadores.
En la propuesta se acusa que a tres años de emitida la extinción de LyFC, los resultados son claros: no se mejoró el abastecimiento de energía eléctrica, sino que ahora es intermitente, con afectaciones constantes a los ciudadanos; además se dispararon las tarifas al 100 por ciento, causando perjuicio a los habitantes de la capital y produciendo miles de quejas, lo que ocasionó crear una Comisión Especial sobre el Suministro y Cobro de Energía Eléctrica.
En otro punto, el Pleno solicitó al jefe de gobierno del Distrito Federal, Marcelo Ebrard Casaubon, establecer medidas y soluciones administrativas, mediante un convenio de colaboración institucional con la CFE para el pago del suministro de energía eléctrica a las entidades públicas del Distrito Federal, en las que se les excluya de la suspensión o desconexión de este servicio.
En la propuesta del diputado perredista Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano, se denuncia que el pasado 19 de enero fue suspendido el suministro de energía eléctrica al hospital “Doctor Manuel Campos”, situado en la ciudad de Campeche, Campeche, por falta de pago, por lo que quedaron reportadas las violaciones a los derechos humanos de los usuarios del hospital por parte de la CFE al haber interrumpido la energía, acción que se aparta de los principios constitucionales que rigen la prestación de este servicio publico.
Se pide dar alternativas razonables por la falta de incumplimiento de las obligaciones de pago de estas entidades, tomar otras medidas, y se deje de aplicar dicho procedimiento a los hospitales y centros de salud.
Asimismo, se pide el mismo trato de esta empresa paraestatal para el servicio que se presta a los inmuebles públicos como asilos, casas hogar, bombeo de agua potable y negras, mercados, centros de readaptación social, alumbrado público, estaciones de policía y bomberos, guarderías, dispensarios, clínicas y demás oficinas que cumplen un destino u objeto público.
Por otra parte, los diputados solicitaron al Gobierno del Distrito Federal que en su proyecto de Presupuesto de Egreso 2013 que se enviará a la Asamblea Legislativa, se incluya la asignación suficiente de recursos para que las delegaciones afronten el incremento en los cobros que la CFE realizará a las mismas, derivado del reciente censo de alumbrado público que llevó a cabo en las calles de la Ciudad de México.
La propuesta de los diputados del Partido Verde Ecologista de México, Jesús Sesma Suárez y Alberto Emiliano Cinta Martínez, señala que la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de esta soberanía tome en cuenta la asignación de los recursos solicitados al gobierno local.
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