Los pescadores bloqueaban camino para impedir acceso de empresarios y obreros a las obras.
Exigen detener el “proyecto criminal” y una consulta transparente entre los pueblos indígenas.
Octavio Vélez Ascencio Corresponsal
Periódico La Jornada
Sábado 3 de noviembre de 2012, p. 23
Oaxaca, Oax., 2 de noviembre. Unos 60 policías estatales desalojaron y detuvieron a pescadores indígenas zapotecas de Álvaro Obregón, perteneciente al municipio de Juchitán de Zaragoza, cuando bloqueaban el camino hacia la Barra Santa Teresa, para impedir el acceso a empresarios y trabajadores de la empresa Mareña Renovables y así detener la construcción del parque eólico San Dionisio.
El coordinador general de la Unión de Comunidades de la Zona Norte del Istmo, Carlos Beas Torres, informó que alrededor de las 8:30 horas los pescadores indígenas fueron retirados violentamente, por los agentes estatales, con el respaldo de elementos de la Policía Auxiliar, Industrial, Bancaria y Comercial y de particulares contratados por la empresa.
Explicó que los uniformados intervinieron porque supuestamente los pescadores indígenas zapotecos retuvieron una camioneta de la compañía multinacional Mareña Renovables.
Precisó que los uniformados dispararon al aire sus armas y lanzaron gas pimienta contra mujeres y hombres, además de golpear a varios, incluyendo a mujeres embarazadas.
Nueve detenidos
Durante el operativo fueron detenidos nueve pescadores indígenas zapotecos, entre ellas dos mujeres, identificados como Feliciana Charis, Lucelia Jiménez, y a César Santiago, Benjamín López, Alfredo Aquino, Juan Martínez, Victorino Charis, Lamberto López y Lucelio López.
Detalló que éstos fueron trasladados al cuartel regional de la policía estatal establecido en el municipio de El Espinal, contiguo a Juchitán de Zaragoza, para ser puestos eventualmente a disposición del Ministerio Público.
Sin embargo, destacó que los indígenas zapotecos fueron dejados en libertad cerca de las 13:45 horas sin ningún cargo en su contra.
Resaltó que el parque eólico San Dionisio fue rechazado desde sus inicios en innumerables ocasiones por los comuneros y pescadores de San Dionisio del Mar y Juchitán de Zaragoza, quienes habitan en la Laguna Superior, donde se ubica la Barra Santa Teresa, en que desarrollan sus principales actividades productivas y rituales.
Beas Torres dijo que con este desalojo el gobernador Gabino Cué Monteagudo dejó en claro su respaldo a las empresas extranjeras para que puedan explotar los territorios de los pueblos indígenas zapotecos y huaves, a pesar de su importancia biocultural.
A su vez, Rodrigo Flores Peñaloza, miembro de la Asamblea de los Pueblos Indígenas del Istmo de Tehuantepec en Defensa de la Tierra y el Territorio solicitó a las organizaciones, personas solidarias, comunidades, periodistas y autoridades, solidaridad para exigir a las autoridades estatales y a la empresa Mareña Renovables, la detención de este “proyecto criminal” y la realización de una consulta transparente, como dicta el artículo 169 de la Organización Internacional del Trabajo, con respecto al consentimiento previo libre e informado de los pueblos indígenas.
Responsabilizó a los gobiernos federal y estatal, así como a Mareña Renovable de cualquier otra nueva agresión a los pueblos zapotecas y huaves en resistencia.
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