La empresa Gasomex no tiene permisos para tender ductos sobre el Área Natural Protegida (ANP) de la cuenca hidrográfica del río Necaxa y será sancionada, reconoció la titular de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas del gobierno federal, Silvia Niembro Roca.
En tanto, la empresa exigió a los pobladores que permitan la reanudación de los trabajos, pues Gasomex “está perdiendo mucho dinero porque a alguien se le ocurrió hacer una consulta”, mientras que el ayuntamiento de Huauchinango presionó a los pobladores para que se retiren, pues los permisos son legales.
Niembro aseguró que ya hay una denuncia que se sigue de oficio en contra de la empresa constructura que pretende instalar 300 kilómetros de ductos, y será sancionada por dañar predios propiedad de la nación.
Entrevistada por medios regionales de Huauchinango, la funcionaria federal señaló que la gasera contaminó un lago con fauna silvestre, dañó más de una hectárea de áreas verdes y sin permiso alguno tumbó más de 20 árboles para la instalación de los ductos que transportarán gas licuado de petróleo entre el puerto de Tuxpan y las instalaciones de Pemex en Atotonilco, Hidalgo.
El personal de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarant) ya realizó las inspecciones y será la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) la que determinará responsabilidades y aplique sanciones, señaló.
La dependencia también investigará la presunta venta de los terrenos federales pertenecientes a estas ANP por parte de un vecino que se hizo pasar por el propietario.
Por otra parte, durante el segundo día que estuvieron cerradas las obras de construcción del gasoducto en la comunidad de Cuacuila, en Huauchinango, los trabajadores de la empresa Gasomex reconocieron a los pobladores que no están garantizadas las condiciones de seguridad en la estación de bombeo que se construye a menos de 200 metros.
En caso de una explosión “desapareceríamos todos”, afirmó uno de los gerentes, llamado Francisco García Montera.
Las obras fueron detenidas por los pobladores la mañana de este lunes, quienes exigieron a las autoridades federales que se aplique la consulta a la que tienen derecho constitucionalmente, para determinar su aprobación o rechazo al proyecto industrial.
Hasta ahora la empresa ha establecido diálogo con la comunidad, pero en los términos que ella misma establece, es decir sólo reuniéndose con el presidente auxiliar Rodolfo Lechuga Ahuacatitla y algunos miembros de la población.
Sólo a la autoridad auxiliar la empresa ha expresado su inconformidad de que las obras estén detenidas por lo menos hasta el próximo 10 de noviembre, cuando se realice una nueva asamblea comunitaria que decidirá las siguientes acciones a realizar, por lo que Gasomex “va a perder mucho dinero por tener la maquinaria y el personal detenido, sólo porque a un grupo de personas se les ocurrió que se debe hacer una consulta ciudadana que no considera la ley. En todo caso la tendría que hacer el ayuntamiento para informarle a la gente de los que se tratan los permisos que se nos extendieron”.
La queja de Gasomex estuvo apoyada por el director de Atención a Comunidades del municipio de Huauchinango, Jaime González Olivares, quien instó a la población a respetar los permisos otorgados a la empresa y a quienes decidieron vender sus terrenos para el derecho de vía. “Deben apegarse a la legalidad”, presionó el funcionario municipal.
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