lunes, 28 de octubre de 2013

Advierten a legisladores sobre "traición a la patria"

Víctor Ballinas
Periódico La Jornada
Lunes 28 de octubre de 2013, p. 8

En una misiva que enviaron a los 500 diputados y 128 senadores los ex candidatos presidenciales del PRD Cuauhtémoc Cárdenas y Andrés Manuel López Obrador; el obispo de Saltillo, Raúl Vera; el ex rector universitario Pablo González Casanova; el sacerdote Miguel Concha; Miguel Álvarez, de Servicios y Asesoría para la Paz (Serapaz), y Mario Saucedo, se les indica que aprobar la reforma constitucional a los artículos 27 y 28, propuesta por el presidente Enrique Peña Nieto, implica la enajenación de nuestra renta petrolera y recursos energéticos en manos extranjeras, por lo que podría ser castigado como traición a la patria, con una pena de hasta 40 años .
Abundan los signantes de la misiva que ...el presidente Peña Nieto incurre en los delitos señalados por los artículos 108 párrafo segundo constitucional y el 123 fracción primera del Código Penal Federal, porque compromete nuestra soberanía, pone en riesgo nuestro desarrollo como país libre e independiente, y constituye un hecho aún más grave de lo que fue la entrega de Texas durante el siglo XIX.

La carta fue enviada desde el pasado viernes a los senadores y diputados, y en ella se resalta: ...es un momento decisivo para el país. Está en riesgo el futuro de las nuevas generaciones ante la gravísima amenaza de ser despojadas de sus recursos. El Congreso de la Unión tiene la altísima responsabilidad de representar los interés del pueblo y sus comunidades.
Cárdenas, López Obrador y demás firmantes exhortaron a los legisladores a conducirse con sentido patriótico, a no dar la espalda a la historia, a la Constitución y a los intereses de la nación.
El artículo 108 de la Constitución, en su segundo párrafo, establece que el presidente de la República, durante el tiempo de su encargo, sólo podrá ser acusado por traición a la patria y delitos graves del orden común. En el artículo 123 del Código Penal Federal, se señala que se impondrá una pena de hasta 40 años de cárcel a quien realice actos contra la soberanía, independencia o integridad de la nación con la finalidad de someterla a persona, grupo o gobierno extranjero.

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