Cada vez que hay una denuncia pública de corrupción, abuso de autoridad o tráfico de influencias, la respuesta inmediata de las autoridades responsables de investigarlas y eventualmente castigarlas es colocar la carga de la prueba en las víctimas, lo cual se traduce de entrada en una carta de inmunidad para los delincuentes, ya que los declarantes normalmente carecen de pruebas con valor jurídico y/o corren riesgos de sufrir represalias (que pueden ir desde destituciones, persecuciones y atentados hasta su muerte política).
18 noviembre 2013
Jesús Cantú
Esto es precisamente lo que sucede con las denuncias difundidas por el diario Reforma en su edición del pasado jueves, en relación con las extorsiones que sufren algunos alcaldes por parte de algunos diputados que aprovechan su poder en la definición del presupuesto de egresos federal para obtener beneficios personales.
Anualmente los medios de comunicación dan cuenta de las gestiones y cabildeos de gobernadores y alcaldes ante los diputados para obtener más recursos y así concretar sus promesas de campaña o atender necesidades apremiantes de sus comunidades. Reforma entrevistó a dirigentes de las asociaciones de alcaldes, a presidentes municipales en funciones, exalcaldes y hasta a algunos legisladores que confirmaron que muchos diputados aprovechan su posición para lucrar.
Las tres vías que utilizan, de acuerdo con la publicación, son apoyar a los funcionarios a cambio de que incluyan obras para sus distritos o en beneficio personal; asignar las obras o servicios a determinados contratistas; y, los más descarados, solicitar una comisión de 10% de las partidas. El mismo día de la publicación de la información, los coordinadores del PAN y PRI en el Senado y el presidente de la Comisión de Régimen Jurídico y Prácticas Parlamentarias de la Cámara de Diputados solicitaron presentar denuncias acompañadas de pruebas.
Todos condenaron los hechos, pero ninguno aventuró siquiera la idea de iniciar una investigación de oficio o hacer propuestas para terminar con estas prácticas. El mismo periódico tuvo que salvar varios obstáculos para soportar su información con declaraciones respaldadas por “fuentes confiables”, pues varios de los entrevistados denunciaban lo que ocurría pero solicitaban el anonimato.
Precisamente por la dificultad para soportar con pruebas jurídicamente válidas el abuso de poder y el tráfico de influencias de los gobernantes mexicanos se tipificó en el Código Penal el enriquecimiento inexplicable, que deja la carga de la prueba de la licitud del origen del crecimiento desproporcionado de la riqueza en los servidores públicos. Este tipo delictivo es la vía más transitable en el presente caso, ya que los diputados no entregaron recibos de honorarios por la prestación de sus servicios ni tienen constancias en los registros públicos de la propiedad de su participación en las sociedades de los contratistas.
Las grabaciones o incluso las videograbaciones no son pruebas jurídicamente válidas, así que de nada serviría presentarlas. Los ejemplos de ello son abundantes e irritantes: desde Jorge González Martínez, dirigente del PVEM, y Mario Marín, exgobernador de Puebla, hasta los videoescándalos relacionados con el gobierno del Distrito Federal en 2004 (Gustavo Ponce, René Bejarano, Carlos Imaz, Ramón Sosamontes y Carlos Ahumada), de los cuales el único que recibió una sentencia condenatoria fue Ponce.
Aunque la denuncia es genérica, resulta muy fácil establecer los nombres de los diputados posiblemente responsables de estas prácticas. En primera instancia, los presidentes y secretarios de las comisiones que tienen injerencia en la definición de las partidas del presupuesto de egresos de la Federación; y en segunda, los miembros de dichas comisiones. Otra pista son los diputados que más cabildeo hicieron para incluir obras específicas en el presupuesto, lo cual claramente conocen los primeros presuntos responsables. Una vez determinados estos nombres, las vías para empezar a documentar posibles ilícitos son sus declaraciones patrimoniales y el rastreo de su patrimonio real (propiedades, cuentas bancarias, inversiones, empresas, etcétera), incluyendo, desde luego, a sus familiares cercanos y a sus posibles prestanombres.
Los principales interesados en que esto se aclare y se deslinden responsabilidades deben ser los presuntos responsables señalados y, por lo tanto, convendría que alguno (o algunos) de los legisladores con mayor participación en la elaboración del dictamen del presupuesto, es decir, los de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública pusieran a disposición de las autoridades responsables toda la información sobre su patrimonio y les dieran autorización para investigarlos. Sería un precedente extraordinario y un gran impulso a la rendición de cuentas.
Esta vía permitiría detectar y eventualmente sancionar a quienes consiguen algún tipo de beneficio económico por tales prácticas; escaparían de las revisiones quienes únicamente buscan dividendos políticos.
Por otra parte, en el ámbito de la prevención es fundamental establecer reglas claras y transparentes para incluir obras, servicios y productos específicos en el presupuesto de egresos de la Federación; y criterios definidos y verificables para que los diputados las puedan modificar (incluir, cambiar o excluir) en las discusiones dentro de las comisiones y el pleno. Hay que poner un freno a la arbitrariedad y discrecionalidad que hoy prevalece y alienta las conductas comentadas.
La definición de los montos que recibirán las diversas dependencias y los programas, así como su distribución en gasto corriente o inversión, corresponde sin duda al ámbito político y es materia de los diputados; pero la asignación de las partidas específicas y las obras, servicios y productos que se ejecutarán o adquirirán, al igual que la determinación de contratistas, proveedores y prestadores de servicios, deben ser resultado de criterios técnicos muy bien definidos con procedimientos claros y transparentes.
Hoy es una realidad que todos los años la Cámara de Diputados se convierte en un verdadero mercado persa en el que negocian y regatean funcionarios (federales, estatales y municipales) y diputados. Lamentablemente, en muchos de los casos anteponiendo sus intereses personales a las necesidades de las comunidades a las que sirven. Y aunque los funcionarios participan (y en muchos casos también se benefician) de dichas prácticas, la responsabilidad principal de castigarlas, inhibirlas y desterrarlas recae en los legisladores porque son ellos quienes trafican con el poder que les confieren sus atribuciones constitucionales y legales.
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