Sindicatos, Morena, usuarios y piperos, entre otros, participan en una marcha en la capital.
Clausuran en forma simbólica edificios públicos, entre forcejeos con policías antimotines.
Martín Hernández Alcantara
La Jornada de Oriente
Periódico La Jornada
Martes 19 de noviembre de 2013, p. 31
Puebla, Pue., 18 de noviembre.
Al menos 5 mil vecinos de la ciudad de Puebla y de los municipios de San Pedro y San Andrés Cholula, Acajete, Amozoc y San Francisco Totimehuacán marcharon este lunes por las principales calles del centro histórico de esta capital para expresar su rechazo a la privatización del servicio de agua, propuesta por el gobernador Rafael Moreno Valle Rosas, que avaló el pleno del Congreso local.
La columna de organizaciones inconformes pasó por el Congreso del estado y el palacio municipal de Puebla, donde colocaron sellos de clausura simbólica en repudio a la entrega del líquido a la iniciativa privada.
En el edificio del Poder Legislativo no había quien recibiera a los manifestantes, pero en la sede del ayuntamiento un grupo de granaderos con escudos replegó a los manifestantes, quienes no respondieron a la provocación.
Hubo momentos de tensión cuando los uniformados forcejeaban con los manifestantes, quienes en varias ocasiones solicitaron pacíficamente dejarles colocar los sellos, pues se trataba de un acto simbólico y no oficial.
No obstante, los gendarmes respondieron con fuerza, sobre todo después de que un funcionario de la Secretaría de Gobernación de Puebla salió y se burló de los sellos colocados por los colonos, y posó para los fotógrafos de los medios de comunicación en actitud desafiante.
En la movilización participaron el Sindicato Independiente de Trabajadores de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, el Consejo Democrático Magisterial Poblano, el Movimiento Independiente, Obrero, Campesino, Urbano y Popular, el Movimiento de Regeneración Nacional, la Barra Libre de Abogados de Puebla, la organización Santa Clara y piperos de San Francisco Totimehuacán, entre otros.
Aunque en la vanguardia iban activistas y luchadores sociales, en medio desfilaron vecinos, familias, niños acompañados por sus padres, y la retaguardia estuvo cubierta por un grupo de camiones cisternas, cuyos propietarios también están inconformes con la privatización del agua.
Los contingentes llegaron a Casa Aguayo, cuyas puertas se encontraban cerradas y la presencia policiaca era mínima. Ahí colocaron sellos de clausura. Dos grupos de agentes y granaderos permanecieron a la expectativa en la contraesquina. Los inconformes enfilaron hacia el Museo de la Casa de los Hermanos Serdán, donde realizaron un mitin.
El 5 de septiembre, el gobernador Rafael Moreno Valle presentó al Congreso de Puebla una iniciativa de reforma que permite concesionar a particulares los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento, que brindan los municipios u organismos operadores.
La propuesta, aprobada el 12 de septiembre, elimina la facultad del Poder Legislativo para autorizar las tarifas por cobro de derechos, productos y contribuciones, en caso de que los prestadores del servicio tengan a su cargo dos o más municipios.
Sin embargo, una serie de movilizaciones ciudadanas y la interposición de más de 3 mil amparos por integrantes del Movimiento de Regeneración Nacional, el Consejo Democrático Magisterial Poblano y el Comité Defensor del Patrimonio Histórico Cultural y Ambiental de Puebla hicieron que el gobierno estatal y los diputados recularan y devolvieran al Congreso la facultad de establecer las tarifas, aunque el proceso de privatización sigue en marcha.
Con la reforma se determinó que los adeudos de los usuarios serán considerados créditos fiscales, lo que permitirá a las autoridades emprender procesos judiciales contra los morosos.
Además, se reformó la fracción cuarta del artículo 31 de la Ley Estatal del Agua, que ahora estipula que los municipios o los organismos operadores de los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento podrán
celebrar o suscribir instrumentos jurídicos, sin limitar concesiones.
Las reformas entrarán en vigor el año entrante, pero los abogados que representan a las organizaciones y ciudadanos que tramitaron los juicios de garantías han dicho que ningún cambio legislativo será válido hasta que todos los amparos sean rechazados.
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