editorial la jornada de oriente
Más de 5 mil ciudadanos procedentes de San Pedro y San Andrés Cholula, Acajete, Amozoc y la ciudad de Puebla marcharon ayer por las principales calles del Centro Histórico de Puebla para manifestar su rechazo a la privatización del servicio de agua potable que han llevado a cabo el gobierno del estado que encabeza el panista Rafael Moreno Valle Rosas y la LVIII Legislatura.
La movilización de este lunes es por muchos lados significativa, pero tal vez el aspecto más destacable es la emergencia de la articulación de un conjunto de organizaciones y vecinos de diferentes localidades, los cuales no sólo están protestando públicamente a través de marchas, sino que también han emprendido una serie de amparos para evitar que el líquido sea depositado en manos de particulares.
En ese marco también destaca la reunión que tuvieron el gerente de la Comisión Nacional del Agua en Puebla, Germán Sierra Sánchez, y el presidente municipal electo de la Angelópolis, José Antonio Gali Fayad, sobre todo porque el primero advirtió la semana pasada, durante un foro organizado por el Centro Universitario para la Prevención de Desastres Regionales de la Universidad Autónoma de Puebla (Cupreder) y el ayuntamiento de Tecamachalco, que la dependencia a su cargo no dará margen al gobierno del estado de Puebla para que la conformación del Plan Hídrico estatal se haga con base en “ocurrencias ni compromisos políticos”.
Es así que la oposición social a la privatización no es sólo de carácter movilizador, sino que encuentra también cauces legales e institucionales.
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