Ayer se supo que dos funcionarios del Consejo Estatal de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública de Puebla fueron sorprendidos allanando una propiedad privada y robando una motocicleta en la exclusiva zona residencial La Vista Country Club, utilizando un vehículo oficial, lo que motivó que Mauricio Tornero Salinas dejara el cargo de secretario ejecutivo del organismo.
Resulta inadmisible la actitud asumida por el gobierno del estado pretextando que el par de servidores públicos que incurrieron en los delitos tenían puestos menores y no eran operativos, porque de lo que estamos hablando es del nivel de cercanía que tenían con el hasta ayer titular en la institución de diseñar políticas públicas en materia de seguridad, amén de administrar los recursos materiales y humanos para los cuerpos policiacos.
Por supuesto que este hecho genera desconfianza en las autoridades encargadas de la seguridad pública, porque desgraciadamente es un caso que se repite con mucha frecuencia en varias entidades del país, pues no es difícil descubrir que los encargados de vigilar y cuidar a la ciudadanía tienen nexos con la delincuencia o son ellos mismos criminales.
Hasta ahora se ignora cuál fue el criterio para designar a Mauricio Tornero Salinas como secretario ejecutivo del Consejo Estatal de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública de Puebla, como tampoco se sabe por qué algunos de los responsables en los penales poblanos son oriundos de estados del norte.
El gobierno ahora quiere hacer pasar este asunto como una muestra de su compromiso en el combate a la impunidad y la corrupción, pero en verdad que la percepción social es que no sabemos en manos de quién está depositada nuestra seguridad pública.
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