Intimidan a estudiante chilena vejada en Atenco

La estudiante chilena expulsada de México en 2006 tras los operativos policiacos en San Salvador Atenco fue amenazada para desistir de las denuncias por los abusos que sufrió.


Por APRO / GLORIA LETICIA DÍAZ / MÉXICO 
Publicada el 07/19/2012 PERIÓDICO AM

Valentina Palma, la estudiante chilena expulsada de México en 2006 tras los operativos policiacos realizados en San Salvador Atenco, y que en la actualidad se encuentra en su país natal, recibió un correo electrónico anónimo en el que le advierten que si prosigue con las denuncias sobre las vejaciones que sufrió durante su estancia en el país e intenta volver será mancillada una vez más.

De acuerdo con la mexicana Bárbara Italia Méndez, otra de las mujeres ultrajadas por la policía durante la represión ocurrida en la localidad mexiquense, Palma recibió el mensaje amenazante el pasado lunes 2, un día después de la elección presidencial.

Firmado por “El que manda”, el correo narra la vejación de la que fueron víctimas ella y 46 mujeres más hace seis años, y le advierten que si intenta regresar a México se atenga a las consecuencias.

Flanqueada por representantes de organizaciones de derechos humanos, Italia recordó que Palma fue una de las jóvenes extranjeras que participaron en las movilizaciones sociales en Atenco y que, luego de los operativos policiacos del 3 y 4 de mayo de 2006, fue detenida y posteriormente expulsada del país.

“Valentina, junto con otras mujeres que pertenecen, como nosotras, a una red social,  fueron las primeras en denunciar lo que nos había pasado, mientras nosotros estábamos en la cárcel. Fueron nuestra voz fuera del país. Ella intentó en Chile iniciar un proceso contra el Estado mexicano por los abusos, como en su momento otras mujeres españolas lo hicieron ante la Audiencia Nacional”, resaltó.

Para Bárbara Italia Méndez, una de las 11 mujeres que pretende llevar el caso de Atenco a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH), la amenaza recibida por Palma “es extensiva para nosotros, (pues) si la agreden a ella, nos lo hacen a nosotros, por eso responsabilizamos al Estado mexicano de lo que nos ocurra aquí en México y a nuestra compañera chilena, de nuestra integridad física y emocional,  y advertimos que si bien estamos preocupadas, no vamos a parar en nuestra exigencia de justicia y para que nunca más se repitan hechos como los que sufrimos”.

Según un comunicado del Centro Prodh –organización que representa legalmente a las mujeres de Atenco–, en el mensaje recibido por la estudiante chilena el remitente utiliza “un lenguaje procaz” para aludir “a la tortura sexual a la que fueron sometidas Valentina y 46 mujeres más en los autobuses de las fuerzas policiacas del Estado de México”.

Uno de los fragmentos decía: “Tuviste mucha suerte porque ese día pudiste ser violada por todo mi equipo, no nos dio tiempo, sólo había 2 horas y media de camino”.

Para Clemencia Correa, experta del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, la amenaza debe inscribirse en un contexto electoral.

“No es gratuito que la amenaza la haya recibido Valentina el 2 de julio, pero también como un intento por llenar de miedo a las mujeres que mantienen una denuncia en la CIDH, además de que sería tratado en el Comité de la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación de las Mujeres (CEDAW por sus siglas en inglés) el 17 de julio”, puntualizó.

Sobre la audiencia de México ante las expertas de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), el director del Centro Prodh, José Rosario Marroquín Ferrera, cuestionó el anuncio que hicieron representantes del Estado mexicano en torno de la detención de dos policías estatales, el mismo día de la audiencia.

“Para nosotros, la obligación de la Procuraduría del Estado de México era informar a las víctimas antes que a las instancias internacionales, pero además no cabe duda que forma parte de una estrategia del Estado para alargar los procesos judiciales y, sobre todo, para simular que hay avances en México en materia de derechos humanos”, dijo Marroquín Ferrera.

Señaló que la detención de dos policías como presuntos responsables de tortura “no afectan el proceso iniciado en la CIDH, organismo que admitió el caso ante la dilación para resolverlo y la impunidad en la que permanece”.

En su oportunidad, Araceli Olivas Portugal, abogada del Centro Miguel Agustín Pro Juárez, explicó que de acuerdo con la información que obtuvieron de manera extraoficial, “porque no nos dieron acceso al expediente”, la Procuraduría General de Justicia del Estado de México solicitó órdenes de aprehensión contra 29 policías en enero de este año, petición que fue rechazada en primera instancia, y después de impugnar la resolución del juez en dos ocasiones se libraron tres órdenes de aprehensión ejecutándose únicamente dos.

“Nos tienen que explicar qué pasó con el policía que no fue detenido y aun así el caso sigue en la impunidad, porque hasta ahora los policías federales que participaron en el operativo siguen intocables, por eso es que el Comité CEDAW recomendó a México que la responsable de las investigaciones tendría que ser la Fiscalía Especial contra la Violencia a las Mujeres y la Trata de personas  (Fevimtra), punto que no cumplió el Estado”, apuntó la abogada.

Por su parte, Alberto Herrera, responsable de Amnistía Internacional en México, resaltó que “aun cuando las detenciones se presenten como un avance, lo cierto es que no hay garantías de que se haga justicia”.

Luego de reiterar el respaldo de la organización a la lucha de las mujeres de Atenco, Herrera recordó que “una práctica sistemática del sistema de procuración de justicia de México es que las averiguaciones previas por lo general están mal integradas, y cuando son consignadas ante los jueces, éstos rechazan órdenes de aprehensión por ser notoriamente improcedentes, pero aun cuando se ejecute una orden de aprehensión, el caso puede caer en el proceso judicial y no dudamos que ello ocurra en el asunto de Atenco, que sin embargo seguirá su curso normal en el sistema interamericano”.