Analizarán diputados de izquierda juicio político a Calderón y Lozano por caso SME

Fecha: viernes 12 de octubre de 2012 
Fuente: Angélica Melín Campos
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Diputados federales del Frente Parlamentario de Izquierda, señalaron que analizarán la posibilidad de interponer un juicio político contra el Presidente Felipe Calderón y el ex Secretario del Trabajo, Javier Lozano, por la desaparición de Luz y Fuerza del Centro.

Ello, por la afectación que causaron a los trabajadores afiliados al Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), de los cuales más de 16 mil 500 rechazaron la liquidación ofrecida por el Gobierno Federal, para defender sus derechos laborales ante los tribunales.

En el marco del tercer aniversario del decreto de extinción del organismo de  Luz y Fuerza, que dejó sin trabajo a más de 40 mil personas, el vicecoordinador del Partido del Trabajo (PT) en la Cámara de Diputados, Ricardo Cantú, señaló que el “atropello” cometido contra los trabajadores del sector eléctrico no puede quedar en el olvido.

Al advertir que pese al paso de los años, al caso del SME  no se le puede dar “la vuelta a la hoja tan fácil”, como lo planteó en el transcurso de la semana el Gobierno Federal, Cantú Garza subrayó que funcionarios  y ex funcionarios, como el actual senador del PAN, Javier Lozano, tienen responsabilidades que deben enfrentar.

“Él ahorita es senador de la República, pero sí vale la pena valorar la posibilidad de iniciar algún juicio político para evidenciar estas violaciones, no se puede dar vuelta a la hoja así como si nada hubiera pasado”, sentenció.

Luego de que un tribunal colegiado circuito, otorgara en días pasados un amparo al SME, en reclamo del derecho a contar con un “patrón sustituto”, luego de que el Gobierno Federal extinguiera su fuente de trabajo de, el petista manifestó que la ley ha fallado a favor de los trabajadores y el Ejecutivo debe acatar ese mandato.

Reiteró que la desaparición por decreto de la fuente de trabajo de más de 40 mil  mexicanos configura una violación a los derechos humanos y ese tipo de decisiones “no deben quedar en la impunidad”.