Jueves 11 de octubre de 2012Luis Carriles | el unversal
Los ex trabajadores de Luz y Fuerza del Centro agrupados en la Coalición del SME reclaman a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y al Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE) el pago de 60 millones de pesos por concepto de salarios caídos, más el pago de vacaciones, prima vacacional y los incrementos salariales correspondientes desde el 11 de octubre de 2009.
Para poder cobrar estos recursos, la Coalición del SME recurrió a un proceso legal que demanda el “secuestro” de los bienes que tiene la CFE y que fueron en algún momento de la extinta LyFC.
De acuerdo con la demanda interpuesta en la Junta Especial Número 5 de la Federal de Conciliación y Arbitraje, los ex trabajadores están solicitando se tomen medidas cautelares para garantizar el pago, la primera de ellas es un embargo a los que fueron los bienes de LyFC y que ahora son de la CFE.
La medida “consistente en el secuestro provisional de bienes de los demandados ya que se tiene el temor fundado de que los mismos puedan ser destinados a otros fines a los que son objeto, y que eran los que componía los centros de trabajo de los actores”, en este caso los ex empleados.
El secuestro de bienes o embargo provisional es demandado porque el SAE comenzó a disponer de las antiguas propiedades de LyFC, en algunos casos los ha entregado a otras dependencias federales para darles un uso que no tiene nada que ver con labores de distribución de energía eléctrica.
“El día 11 de agosto de 2010, sin mayor explicación, y obviamente en el ánimo de causar perjuicio a los actores, el SAE celebró un contrato de comodato con la CFE en el que en su cláusula primera ratifican ambos organismos el contrato de comodato que dicen celebraron el 11 de octubre de 2009, a fin de que CFE siga utilizando los bienes para la prestación del servicio público de energía”, señala la demanda.
Como resultado de este comodato, la CFE “ha vendido muchos de los bienes, muebles de talleres y laboratorios” además “ha enajenado inmuebles”, todo ello en perjuicio de una posible reinstalación de ex trabajadores.
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