LyFC: más caro el caldo que las albóndigas

Gran Angular | Raúl Rodríguez Cortés
Lunes 15 de octubre de 2012
el gráfico

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) o en su defecto un nuevo organismo público descentralizado, deberán recontratar y pagar salarios caídos a los trabajadores de la extinta compañía Luz y Fuerza del Centro en acatamiento de un fallo judicial que de derecho es inapelable. El Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito publicó finalmente la semana pasada esta resolución que le adelanté aquí el 23 de septiembre con el título El SME ganó la partida (http://cort.as/2cb8).

La resolución se refiere al amparo directo DT 1337/2010 concedido por los magistrados María Edith Cervantes Ortiz, presidenta del tribunal, Jorge Farrera Villalobos, relator del asunto, y Elisa Jiménez Aguilar, contra el laudo de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje que libraba a la CFE de la condición de patrón sustituto y por lo tanto cancelaba las relaciones laborales y cerraba la puerta a la recontratación de los afiliados al Sindicato Mexicano de Electricistas (SME).

El argumento de las autoridades del Trabajo, entonces encabezadas por el hoy senador panista Javier Lozano, era en el sentido de que la figura de patrón sustituto no era válida en este asunto ya que la extinción y liquidación de LyFC se había realizado por causas de fuerza mayor.

Pero los magistrados del Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito consideraron en su resolución de 449 fojas que la extinción de LyFC decretada por Felipe Calderón la noche del sábado 10 de octubre de 2009 que no hubo tales causas de fuerza mayor.

Por eso, el documento (una copia del cual tiene este reportero), le da a la CFE, al conceder el amparo directo al SME, el carácter de patrón sustituto, lo que por ley la obliga a la recontratación y al pago de salarios caídos.

Esta resolución, inapelable, obliga asimismo a la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje a emitir el laudo correspondiente, cosa a la que le da largas, preocupado como está del gobierno, de que se caiga en la cuenta de que la recontratación y pago de salarios caídos tendrían un enorme costo político y económico que llevaría a la conclusión de que en la cantada victoria de Calderón en este polémico tema —respecto al cual Lozano dijo que fue “una decisión responsable y acertada— le saldría más caro el caldo que las albóndigas.

Sabedor de que la resolución es ya inapelable, el gobierno federal analiza desesperadamente opciones para revertir el fallo. Tanto el subsecretario de Gobernación, Obdulio Ávila, como el consejero Jurídico de la Presidencia de la República, Miguel Alessio Robles, tienen la vista puesta en la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Ávila argumenta que la Corte ya declaró válida la extinción de LyFC y que, por lo tanto, ella podría revertir el fallo del Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo. Pero el punto pareciera irrelevante ya que si, en efecto, fue válida la extinción, ésta no fue por causas de fuerza mayor y hay un patrón sustituto obligado a recontratar a los trabajadores.

El SME acudirá hoy a la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje en busca del nuevo laudo y de precisiones sobre cuántos trabajadores tendrían derecho a la recontratación y pago de salarios caídos: si solamente los 16 mil 599 que se mantuvieron en resistencia o también los más de 28 mil 742 que aceptaron liquidarse y de los que, según la CFE, 3 mil 33 ya fueron contratados y 17 mil 863 han sido apoyados con un nuevo empleo o capacitación.

Entre tanto, continúa abierta la negociación con el SME en Gobernación donde, con base en este amparo y a los últimos acontecimientos, empieza a cobrar fuerza la idea de que el gobierno del DF forme un nuevo organismo descentralizado que recontrate a los electricistas en resistencia para suministrar energía eléctrica al centro del país.

Instantánea

1. LA JUSTICIA que promueve castigar a los asesinos de José Eduardo Moreira Rodríguez, el asesinado hijo del ex gobernador de Coahuila y ex presidente nacional del PRI, Humberto Moreira, es la misma que encarceló y liberó a Roberto Sifuentes Cadena, alias El Shaggy, presunto homicida material del también sobrino del actual mandatario coahuilense. El Shaggy fue acusado y encarcelado en el penal de Puente Grande, Jalisco, el pasado 3 de agosto, por delitos contra la salud. Pero resulta que un juez de Distrito le reclasificó el delito a posesión de droga para consumo personal y le dio la libertad bajo fianza el 10 de septiembre; 17 días después cometió el asesinato.