Luego de que el Segundo Tribunal Colegiado de Circuito en Materia de Trabajo, dictó sentencia en favor de la demanda interpuesta por el Sindicato Mexicano de Electricistas -mismo que además establece la reinstalación de los más de 16 mil trabajadores que no firmaron su renuncia-, Carlos De Buen, representante legal del SME, sostuvo que aunque se ha dado un paso fundamental tras una lucha histórica, el proceso podría alargarse incluso hasta 10 años, lo que acumularía miles de millones de pesos de salarios caídos.Al respecto, cuestionado por El Punto Crítico al término de una reunión con senadores de izquierda, el dirigente sindical, Martín Esparza Flores, recordó que además se está pugnando por la nulidad de las renuncias firmadas por casi 20 mil trabajadores, a quienes se les pagó alrededor de 20 mil millones de pesos por concepto de liquidación. La misma denuncia incluye a los más de 21 mil electricistas jubilados quienes reciben una pensión inferior a lo que por ley les corresponde.
Esparza Flores, explicó para nuestro informativo que la Comisión Económica del SME, está cuantificando el reparo por las prestaciones devengadas, porque recordó: “Hubo afectación también a los jubilados que se les dejó de pagar conforme lo establece el contrato colectivo de trabajo”. Según lo afirmó el líder sindical, el pago por indemnizaciones a los trabajadores afectado tendrá que ser cubierto del erario público, luego de que el Congreso apruebe una partida presupuestal para estos efectos.
Durante la conferencia de prensa el dirigente sindical aprovechó para exhortar a los senadores a llamar a comparecer a Eduardo Andrade Salaverría, presidente de la Junta de Conciliación y Arbitraje, e incluso pugnó porque sea sometido a juicio político por su responsabilidad en el caso. Como respuesta a las demandas de justicia y la pronta reinstalación de los 16 mil trabajadores que ganaron el juicio, la senadora del PRD, Dolores Padierna anunció que el día de mañana, en la sesión ordinaria de este recinto legislativo, se promoverá un punto de acuerdo, en el que el Senado exhortará al Poder Ejecutivo a no alargar el proceso.
Tres años de denuncias y amparos
Trabajadores afectados presentaron un amparo, por la inconstitucionalidad del decreto de extinción de LyFC, mismo que fue resuelto negativamente por un tribunal colegiado e incluso por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Se desarrolló un juicio ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, promovido por el Gobierno Federal, a través del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE), para aprobar la terminación de las relaciones de trabajo como una “consecuencia necesaria de una fuerza mayor”, que consistió con el decreto de extinción.
Paralelamente el SME, promovió un juicio para reclamar la reinstalación y el pago de salarios vencidos de 44 mil trabajadores despedidos el 10 de octubre del 2009. El amparo del SAE trascendió casi inmediatamente, mientras diversos amparos, pruebas y denuncias presentadas por el SME fueron desechadas, para posteriormente emitir una resolución que confirmaba la terminación de las relaciones de trabajo.
Tres años más tarde, un tribunal colegiado falla a favor del Sindicato Mexicano de Electricistas, sin embargo no se ha ejecutado la sentencia y según lo explicó Carlos de Bueno, representante legal del SME, el proceso podría tardar 15 días o incluso 10 años, lo que incrementaría de manera alarmante el pago de los salarios caídos, debido a que la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA), no ha dictado un laudo relacionado con una resolución judicial. Actualmente el gobierno federal busca la promoción de un juicio ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), para tratar de revertir el fallo judicial por el que se reinstalaría a miles de trabajadores de la extinta Luz y Fuerza del Centro.
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