3 noviembre 2013
Martin Esparza
Es
momento de que los mexicanos se enteren a cabalidad del abandono en que
se encuentran las plantas de generación operadas por los trabajadores
del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) hasta antes de la
extinción de Luz y Fuerza del Centro (LFC), en octubre de 2009. El
Sistema de Administración y Enajenación de Bienes (Sae, organismo al que
le fueron cedidos en un ilegítimo comodato los bienes de LFC, y cuya
responsabilidad era velar por su cuidado, buen uso y mantenimiento,
actuó de manera imprudente: a la fecha muchos recursos materiales y
técnicos de la extinta LFC han desaparecido ante su complacencia y
complicidad; pero sobre todo permitió que valiosas y costosas plantas de
generación, incluidas termoeléctricas e hidroeléctricas, hayan parado
su funcionamiento dejándolas en la total inoperancia.
En
un total y criminal abandono se encuentran majestuosas termoeléctricas,
como las de Lechería y del Valle de México; lo mismo que plantas de
generación, como las de Nonoalco y Juandhó; igualmente históricas
hidroeléctricas, como Necaxa, Lerma, Alameda y Fernández Leal. Muchas de
ellas formaron parte de los bienes contemplados en la nacionalización
de la industria eléctrica de septiembre de 1960, y por los que el
gobierno del entonces presidente Adolfo López Mateos pagó a la Mexican
Light and Power 52 millones de dólares, comprometiéndose al pago de
pasivos por otros 78 millones.
Todos
estos bienes e infraestructura que a la nación y a los trabajadores
electricistas les llevó décadas construir han sido desmantelados y
olvidados en sólo 4 años, sin que se responda a la nación de los
millonarios recursos que se han dejado de percibir por los 1 mil 700
megavatios (MW) que, en promedio, generaban las plantas de la
desaparecida LFC para suministrar electricidad a una parte de los 6
millones de usuarios de la zona centro del país.
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| Unidades generadoras en Tepuxtepec. LyFC |
A
estas obras ya amortizadas, la “empresa de clase mundial”, como se
ufanaron en llamarle los funcionarios del sexenio pasado a la Comisión
Federal de Electricidad (CFE), las ha dejado sin funcionar y México debe
saber por qué, pues hasta antes de la desaparición de Luz y Fuerza, y a
pesar de la falta de recursos presupuestarios para su modernización,
funcionaban día y noche bajo la supervisión de los trabajadores del SME.
En
apego al más lógico y elemental sentido común, las plantas de LFC
deberían seguir operando, pues se trata de recursos públicos, propiedad
de la nación, o mejor dicho, de todos los mexicanos, que deben servir
como generadores de la riqueza del país. Entonces, ¿por qué dejarlas sin
funcionar? Surge a escena en el actual contexto de nuestra golpeada
economía el modelo neoliberal, seguido fielmente en su aplicación por
los gobiernos panistas confirmando lo que el SME vino denunciando como
unas de las verdaderas causas del cierre de la empresa pública: los
compromisos pactados con las empresas trasnacionales, a las que además
de otorgarles 772 permisos de generación a través de la Comisión
Reguladora de Energía en una violación a lo contemplado en el Artículo
27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se les
garantizó el éxito de su negocio al firmar la CFE contratos por 25 años,
obligando al gobierno mexicano a adquirirles íntegramente toda su
electricidad. Por supuesto con los recursos públicos que, vía impuestos,
pagamos todos los mexicanos.
Esta
política energética que emprendió una tácita privatización fue, de
manera encubierta, resquebrajando la generación de energía de la CFE y
cedió terreno a los productores independientes de energía. Datos de la
propia CFE y de la Secretaría de Energía señalan que mientras en 2000 el
sector público (CFE y LFC) generaban 191 mil 400 GWh (gigavatio hora) a
nivel nacional, los permisionarios privados apenas y contribuían con 12
mil 200 GWh, pero para 2009 las cosas eran diametralmente opuestas: los
productores privados –sobre todo firmas extranjeras como Iberdrola,
Unión Fenosa, AES, Mitsubishi, TransAlta e Intergen– generaban 105 mil
900 GWh, mientras que el sector público se desplomó a 157 mil 900 GWh.
Felipe
Calderón y sus falaces funcionarios, encabezados por Javier Lozano
Alarcón, no se cansaron de decir al pueblo de México que el cierre de
Luz y Fuerza representaría importantes ahorros al erario nacional,
habría un mejor servicio y bajarían las tarifas. A 4 años, ninguna de
tales mentiras se ha cumplido por la sencilla razón de que lo que se
buscó fue privilegiar la consolidación de la presencia de las
multinacionales y no el interés general de la población.
Para
hacer frente a los compromisos cada vez más onerosos en la compra de la
generación de su electricidad a las trasnacionales, los gobiernos del
Partido Acción Nacional debieron sufragar, a diciembre de 2009, 268 mil
millones de pesos; y para 2010 –a un año del cierre de Luz y Fuerza,
según estableció la Auditoria Superior de la Federación (ASF)– se había
autorizado a CFE un presupuesto de 74 mil 245 millones 206 mil pesos
para la compra de energía a particulares. De tal suerte que en una
conservadora estimación, permite calcular en 1.6 billones de pesos el
monto a pagarles para 2041, en que se venzan buen número de los
contratos leoninos aceptados por la Comisión Federal de Electricidad.
Cuando
la noche del 11 de octubre de 2009 Calderón salió en red nacional a
justificar y explicar a la nación los motivos de su decreto de extinción
de Luz y Fuerza del Centro, en afectación directa a los 44 mil
trabajadores del SME y sus 22 mil jubilados, no dijo que realmente sus
propósitos encuadrados en su Plan Nacional de Desarrollo (PND)
2006-2012, eran debilitar y desmantelar a las empresas públicas
encargadas, por mandato constitucional, del manejo del sistema eléctrico
del país.
En
una de sus prioridades trazadas al llegar a la Presidencia en 2006,
estableció al respecto: “desarrollar la infraestructura requerida para
la prestación del servicio de energía eléctrica con un alto nivel de
confiabilidad, impulsando el desarrollo de proyectos bajo la modalidad
que no constituyen servicio público”.
Y
para que no quede la menor duda del fundamento calderonista, que lejos
de bajar las tarifas eléctricas en pro de los mexicanos de escasos
ingresos las elevó a los límites de lo impagable, baste citar la
evaluación hecha al final de su sexenio por los funcionarios de la
“empresa de clase mundial”, que como reflejo de una misión cumplida –a
favor de las firmas extranjeras y en contra del pueblo de México–,
señalaron sin remordimiento alguno: “la política tarifaria se enfocó al
fortalecimiento de la entidad a través de estructuras y mecanismos de
precios tendientes a reconocer el costo del suministro eléctrico”.
Costo,
por supuesto, ni siquiera fijado por la paraestatal, sino a
conveniencia de las firmas extranjeras, cuyo actual fortalecimiento es
el contrasentido al abandono en que se ha dejado a las plantas
generadoras de electricidad que formaban parte de LFC. Los mexicanos,
como sus legítimos propietarios, estamos en el derecho de exigir
respuestas.
*Secretario general del Sindicato Mexicano de Electricistas
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