Martín Esparza Flores
Toque crítico
9 de noviembre de 2013
En el actual contexto nacional donde los hacedores de milagros tratan de reinventar al país con las reformas dictadas desde el extranjeros por los monopolios y organismos internacionales como el Banco Mundial, vale la pena colocar en la mesa de los debates el asunto de las pensiones vitalicias que los mexicanos debemos pagar de manera obligada a los expresidentes de México que aún viven o en su defecto a sus viudas y descendientes.
Resulta además de inaceptable, un verdadero insulto en las circunstancias de creciente pobreza y marginación que enfrentan 52 millones de mexicanos, el hecho de que se destinen a los exmandatarios un promedio de cuatro millones de pesos mensuales no sólo para sufragarles un sueldo como si aún estuviera en funciones, sino además recursos extras, para cubrir otros desembolsos como son seguro de vida, gastos médicos mayores, automóviles blindados, así como la asignación de 25 asistentes personales y de oficina, sin dejar de mencionar los 78 miembros para la seguridad del exgobernante y su familia, que incluye a 45 miembros del Ejército, 11 miembros de la Fuerza Aérea y 22 más de la Armada. En total, 103 personas a su servicio a cuenta de los impuestos de todos los contribuyentes.
Así, mientras millones de trabajadores deben laborar 30 años o más o, en su defecto, alcanzar una edad de sesenta para recibir una pensión raquítica que no les alcanza ya no digamos para vivir dignamente sino al menos para subsistir, los hombres que desde el más alto cargo del poder dejan al país más empobrecido y en los linderos del abismo económico, cada sexenio, pueden disfrutar de un retiro como si su pésima labor ameritase tales privilegios.
Y si bien las pensiones de los expresidentes tienen su fundamento legal en dos acuerdos presidenciales de fechas 25 de noviembre de 1976, bajo el sexenio de Luis Echeverria; y 31 de marzo de 1987, en el gobierno de Miguel de la Madrid, este innoble beneficio se ha extendido a la burocracia de oro que abarca la élite de los ministros y altos funcionarios que como en el caso particular del exdirector de Luz y Fuerza del Centro, Jorge Gutiérrez Vera, sigue cobrando una pensión de más de tres millones de pesos anuales, más un seguro privado de gastos médicos. Eso sí, el exdirectivo de la entidad en liquidación obtiene además rentables ganancias, ahora en su papel de promotor de empresas de generación de electricidad a base de residuos. Un tráfico de influencias del que no pocas veces echó mano como servidor público.
¿Es lógico y moralmente aceptable que Felipe Calderón y este inmenso clan de prevaricadores reciban tales beneficios? ¿A honras de qué? ¿De haber permitido el saqueo y desmantelamiento de la industria eléctrica a manos de trasnacionales? ¿De dejar una ola de sangre, miles de muertos y endeudado al país? ¿Es un mérito ante la nación haber despojado de su empleo a los 44 mil electricistas, a los trabajadores de Mexicana de Aviación y pisotear los derechos humanos y laborales de los mineros de Pasta de Conchos?
¿Por qué no alentar una reforma para terminar con tan impune saqueo por parte de estos personajes que, en lo absoluto, necesitan de una pensión de tal naturaleza para mantener su nivel de vida? Los ahorros al erario serían cuantiosos y los recursos podrían destinarse a otras áreas más prioritarias, pues además resulta que el ordenamiento bajo el que se cobija tal abuso establece que a la muerte del ex presidente su viuda podrá cobrar un pensión equivalente al 50 por ciento del sueldo de un secretario de Estado como es el caso de Alejandra Acimovc Popovic, mejor conocida como Sasha Montenegro, viuda de José López Portillo, que recibe del presupuesto nacional 115 mil 187 pesos mensuales, así como un seguro de vida y gastos médicos mayores cuyo beneficio se extiende a sus hijos.
Es importante por ello que los mexicanos se enteren que también en materia de pensiones se ahondan aún más las injusticias sociales bajo la ventajosa y ruin complacencia de los hombres del poder. Y si de reformas que necesita el país se quiere hablar, propongamos una que acabe con los insultantes privilegios de esta burocracia de oro encabezada por los expresidentes.
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