4 noviembre 2013
Hugo Barberi
Realmente se impuso el humilde municipio de Tlaquiltenango que, pese a ser el que más territorio tiene en el estado, es de los más pequeños en densidad poblacional, de menos ingresos y pobre, contra la prepotente postura de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), por lo que ahora conforme a derecho tendrán que pagar poco más de 60 millones de pesos como derecho al municipio por instalar postes arbitrariamente.
Seguro los abogados de la paraestatal en la misma postura nunca pensaron que la sencillez que representa dicho municipio les aplicaría un verdadero correctivo y así fue.
Tanto abogados y trabajadores de la empresa de “calidad mundial” se mostraron muy sorprendidos por la presencia del actuario, abogados y personal del municipio que procedían al embargo y lo que en un principio calificaban como un acto arbitrario que podía terminar con una denuncia de robo, finalmente los obligó a tragarse sus palabras y aceptar que todo estaba conforme a derecho, razón por la que también un sujeto al que presentaron como agente del Ministerio Público Federal, mismo que no se acreditó, acabó aceptando la situación.
De acuerdo a la declaración del representante jurídico de Tlaquiltenango, la postura de la CFE siempre fue que era un órgano federal y no podían hacer nada en su contra.
No tengo conocimiento de que en Morelos se haya ejecutado un acto igual y aunque sí parecido, pero lejos de haberse concluido como el ejemplo presentado. A propósito, debemos recordar que el primer caso se dio en el periodo del primer presidente municipal del Partido de la Revolución Democrática (PRD), el finado Antonio Pastrana Quevedo, aunque éste no era perredista, acto que siguió el interino, Sergio Mendoza Vázquez y se trató de una demanda para que la CFE justificara el cobro por DAP (De Alumbrado Público) mismo que cobra doble, ya que a cada ciudadano le cobra por el alumbrado en los postes y al ayuntamiento también.
En Zacatepec, el perredista, hoy también finado, Víctor Manuel Núñez Arellano, en el mismo tiempo (periodo 1997-2000) hizo lo propio y el municipio hasta tuvo serios conflictos con la CFE al grado de que la policía municipal impidió el paso a los empleados de la CFE para cortar el suministro de energía eléctrica a pozos de sistemas de agua potable.
Se hicieron controversias jurídicas en ese entonces, pero durante el siguiente periodo, con la llegada de circunstanciales panistas como Atanasio Pérez Villalobos, en Jojutla y Jorge Antonio Reyes Ortiz, en Zacatepec, ambos conflictos se fueron al caño.
Desde luego, con el triunfo de Tlaquiltenango, se sienta un precedente y sin ser especialista la lógica nos dicta que hay jurisprudencia en la que se pueden basar los demás municipios de la entidad para recuperar de tanto que ha quitado la CFE.
A propósito de abusos, esta semana se dio una en la región sur de Morelos, una queja más por abusos contra la CFE, se trata de Patricio Abúndez Jiménez, una persona invidente que vive solo en la ranchería de Nexpa y por su misma condición no usa la energía eléctrica para alumbrarse en su vivienda, ni cuenta con aparato de televisión por lo mismo, usa al mínimo la energía eléctrica, y resulta que de 100 pesos que pagaba, le llegó el nuevo recibo de la CFE por mil pesos, acudió a la oficina de Jojutla y le dijeron que tenía que pagarlos, que no había vuelta de hoja y lo amenazaron con encarcelarlo si se “colgaba”, por lo menos así lo dijo en entrevista. Esta situación, por ejemplo, no se da en la comunidad autóctona de Xoxocotla, municipio de Puente de Ixtla, donde bien saben los trabajadores que abundan quienes se “cuelgan” y que si van a amenazarlos, terminan yéndose por las “buenas”, cuando ven que desenfundan los machetes.
Hace unos meses, pretendieron aplicársela al empresario Ernesto Monter, en Jojutla, pero éste se movió, realizó diversos oficios y obligó a la paraestatal a darle el servicio requerido y a cobrarle lo justo. Moraleja de todo esto, la CFE hace a quien se deja, pero no es impune, ni es invencible.
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