viernes, 8 de noviembre de 2013ARGENPRESS
Eduardo Ibarra Aguirre (FORUMENLINEA)
El economista que cobra como director general de Petróleos Mexicanos, Emilio Lozoya, equivocó incluso las formas para desmentir a The Wall Street Journal, sin mencionarlo por su nombre, sobre los alcances de la reforma energética que impulsa el gobierno y el estado de las negociaciones entre las elites de los partidos Revolucionario Institucional y Acción Nacional.
Lozoya Austin escogió con pésima gusto la reaparición de José Córdoba Montoya, como moderador en la sesión plenaria del consejo nacional del Grupo Financiero Banorte Ixe, y hombre clave como titular de la Oficina de la Presidencia durante el gobierno de Carlos Salinas (1988-1994). Se trata del equipo gobernante que operó la mayor venta de garaje para sus socios y amigos de las empresas paraestatales en la historia de México y sin rendir cuentas a nadie, más allá de sus “libros blancos”. Y por si no fuera suficiente, Emilio Ricardo es hijo de un distinguido integrante del entonces conocido como Grupo Compacto y amigo cercanísimo a Salinas de Gortari, es decir, Emilio Lozoya Thalmann, secretario de Energía.
Los políticos y tecnócratas suponen que la memoria es una de las carencias congénitas de los mexicanos, que “todo lo cura el tiempo” pero pueden equivocarse tratándose del despojo más grande que se impuso a la nación para generar una camada de multimillonarios, que Salinas justificaba con la necesidad del país (no de sus socios) de tener corporativos capaces de competir con las trasnacionales del imperio vencedor de la Guerra Fría y de otras latitudes.
Con tan pésimos antecedentes, el director de la siempre muy codiciada paraestatal petrolera jura que “La privatización no se va a dar, esa es una mentira”. Y en gran desventaja para sí mismo por sus cortos alcances políticos y técnicos, coloca a los ciudadanos en el dilema de creerle a él o al influyente y conservador diario estadunidense, y por ello se antoja difícil suponer que el WSJ esté dispuesto a meter ruido en una operación reclamada por sus gobiernos desde la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, hace 20 años.
Abundó Lozoya que “El diseño final de los contratos propuestos por el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto para permitir la participación de empresas privadas en la industria petrolera está en manos del Congreso”.
En el lado opuesto, Andrés López Obrador lamentó que “mediante procedimientos inmorales el titular de Poder Ejecutivo controla a la mayoría de los diputados y senadores, y ejerce un dominio sobre el Congreso”. Lo anterior al presentar las cartas que envío a directivos de Exxon, Shell y Chevron, entre otros, para recordarles que el petróleo no es de Peña, “ni del gobierno, ni siquiera del Estado; por justicia y derecho es del pueblo y de la nación”. Así que pidió “midan las consecuencias de establecer relaciones de negocios con un gobierno que pretende transgredir los principios básicos y el espíritu de nuestra ley fundacional”.
¿Qué fue lo que planteó el WSJ y que Lozoya no logró desmentir? Esto: “Altos representantes del gobierno y miembros importantes del PAN se encuentran en negociaciones avanzadas para sellar un acuerdo que permitiría al Estado mexicano compartir la producción petrolera, así como conceder contratos de licencia diseñados para acceder a depósitos de gas de esquisto y crudo en aguas profundas, según tres personas que participan en las conversaciones, si bien advirtieron que sigue habiendo obstáculos en el camino”. Y también lo corroboró, con sus propias fuentes, The Financial Times.
Los ciudadanos merecen una respuesta clara de las autoridades porque no entregaron ningún cheque en blanco el 1 de julio del 2012
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