Si la reforma energética aprobada por el Senado le amarra las manos a Petróleos Mexicanos para subir al ring de la competencia, a la Comisión Federal de Electricidad las ataduras alcanzan también los pies… a la par de una venda en los ojos. Si a la primera la condenan a reducirse, a la segunda la desaparecen.
Jueves 12 de diciembre de 2013
Alberto Barranco
El Universal
De entrada, la conversión a empresa productiva de Estado de la paraestatal implica que su presupuesto se tasará conforme a resultados. Es decir, si la firma pierde, como lo ha venido haciendo en los últimos años, éste se reducirá drásticamente.
De acuerdo con el artículo 26 transitorio del ordenamiento que permite el cambio de adscripción, Pemex y la CFE tendrán un régimen presupuestario especial y estarán sujetas al balance financiero y al techo de servicios personales que, a propuesta de la Secretaria de Hacienda, apruebe el Congreso de la Unión.
Por lo pronto, se advierte que la aún empresa pública que provee de electricidad al país tiene un capital negativo de 77 mil millones de pesos, es decir, se encuentra en un escenario de quiebra técnica.
La firma perdió 6 mil millones en el tercer trimestre del año.
El problema es que el escenario que enfrenta la coloca la ruta de nacida para perder, desentendido el Estado de apuntalar su infraestructura tras la apertura que permitió la inconstitucional Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica aprobada en 1988.
La mayoría de sus plantas tienen una antigüedad de 30 años, utilizando combustibles o combustóleos que resultan extremadamente costosos, en un abanico que incluye desde carbón hasta coque de petróleo.
Y si le seguimos, sus redes de transmisión y distribución provocan fugas colosales que en 2010 alcanzaron 12% del total.
Solamente en el proceso de enviar la energía a la red se provocan pérdidas colosales.
Aunque el nuevo escenario permite la posibilidad de que empresas privadas nacionales y extranjeras se lancen a la comercialización directa de energía, pareciera misión imposible que estén en opción de cubrir las inversiones requeridas para modernizar la red.
Bajo la ilegal apertura que se inició en el sexenio salinista, las empresas privadas pueden generar energía eléctrica bajo varias posibilidades que van desde la autogeneración a la figura de productor externo de energía, en cuyo caso la energía producida se le vende a la Comisión Federal de Electricidad.
Hasta hoy han surgido en la modalidad 21 empresas, que poco a poco han ido ganando terreno hasta representar 20% de la generación nacional.
Naturalmente, ninguna de las firmas utiliza tecnología obsoleta. Dicho con todas las letras, su generación se hace por vía de ciclo combinado, utilizando gas natural como combustible: por vía eólica, por vía solar o alguna otra modalidad que les permite un costo de producción infinitamente menor al de la CFE.
En el escenario, colocados los clientes triple A en la bitácora de los productores independientes, la aún paraestatal debe hacer frente a la instalación de infraestructura en las zonas recónditas del país, a la posibilidad de “diablitos” y, naturalmente, a la ira popular frente a las elevadas tarifas.
Adicionalmente, la CFE enfrenta la exigencia de cobijarse con un Contrato Colectivo de Trabajo con el Sindicato Único de Electricistas de la República Mexicana a quien, para no ir lejos, le ha entregado en 4 años 22 mil 928 millones de pesos en cumplimiento de diversas cláusulas, ya “instalaciones sindicales”, ya “instrucción y bibliotecas”, ya “actividades recreativas”…
Colocada a fuego cruzado frente a la apertura total en el sector, se diría que el destino de la CFE será convertirla en una agencia de cobranzas de la clientela mayoritaria, en tanto la función del Estado se constreñirá a administrar el Centro Nacional de Control de Energía como organismo público descentralizado encargado de controlar el sistema eléctrico nacional.
De productor a distribuidor.
Si a Luz y Fuerza del Centro la desparecieron por Decreto, a la Comisión Federal de Electricidad la llevan al paredón.
Quién se acuerda ya que el 27 de septiembre de 1961 el presidente Adolfo López Mateos nacionalizó la industria eléctrica.
Llegó la reversa.
Balance general
Finalmente, convertido en mil usos para financiar los proyectos políticos del gobierno, el Fondo Mexicano para la Estabilización y el Desarrollo integrado con los recursos emanados del petróleo apuntalará la posibilidad de la pensión universal.
La paradoja del caso es que se había dicho que los recursos saldrían de la reforma fiscal, a la que se le había dado la etiqueta de social.
El fideicomiso en que se integrará el recurso lo administrará el Banco de México.
Naturalmente, la posibilidad de rendición de cuentas se atrincherará en el secreto fiduciario.
En teoría el Fondo permitiría tener recursos para atemperar los eventuales vaivenes en el precio del petróleo, extinguiéndose el Fondo de Extracción de Hidrocarburos.
Silencio de Cultiba
Comunicada el 23 de septiembre pasado al Grupo Azucarero Mexicano una resolución del juez vigésimo tercero de lo civil del Distrito Federal, José Luis Castillo Sandoval, que le ordena abstenerse de realizar cualquier acto tendiente a ejecutar y/o perfeccionar y/o a cualquier acto relacionado con la escisión que se había realizado a favor de Cultiba el 20 de junio pasado, hete aquí que hasta ayer el asunto no había sido notificado a los inversionistas. Cultiba es una emisora de la Bolsa Mexicana de Valores.
De acuerdo a la fracción VII del artículo dos de la Ley del Mercado de Valores, las empresas que cotizan en la Bolsa están obligadas a hacer públicos hechos relevantes.
La definición habla de “hechos o acontecimientos de cualquier naturaleza que influyan o puedan influir en los precios de los valores inscritos en el registro”.
A su vez, el artículo 36 establece que los miembros y secretarios del Consejo de Administración de las Sociedades Anónimas bursátiles deberán abstenerse de “ocultar, omitir u ocasionar que se oculte u omita revelar información relevante que debe ser divulgada al público, a los accionistas o a los tenedores de valores”, salvo que la propia ley prevea la posibilidad de su diferimiento.
El Grupo Azucarero Mexicano agrupa ingenios, en tanto Cultiba tiene una embotelladora de Pepsi Cola, ambas propiedad de Juan Gallardo Thurlow.
Aeroméxico en falta
Lo que parecía la fórmula mágica para conjurar la posibilidad de huelga en Aeroméxico se ha convertido en otra manzana de la discordia, al desconocer la empresa una resolución de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje que le pone paréntesis al laudo expedido el 20 de agosto pasado que en el terreno práctico le permite a la firma colocar en escena un contrato B para trabajadores de nuevo ingreso.
La suspensión terminaría cuando la Asociación Sindical de Sobrecargos de Aviación agote los recursos jurídicos con que cuenta para combatirla.
Por lo pronto, la tensión sigue.
Demandan a Urbi
Agotado un convenio que obligaba a no ejercer acciones legales en su contra mientras negociaba sus pasivos, el banco HSBC está demandando a la promotora de vivienda Urbi por el incumplimiento en el pago de un préstamo cuyo monto asciende a mil millones de pesos.
La empresa, cuya debacle se inició al cambio de las reglas para la construcción de vivienda que prohíbe construirlas en lugares apartados de los centros urbanos, se endeudó fuertemente en la compra de colosales reservas territoriales que hoy están en el limbo.
Más por turismo
Aunque en noviembre pasado el financiamiento al sector turístico del país alcanzó cuatro mil 542 millones de pesos, la cifra se multiplicará en los próximos meses tras un compromiso firmado con la Secretaría del ramo, encabezada por Claudia Ruiz Massieu, con la banca de desarrollo.
No hay comentarios :
Publicar un comentario