Es contraria a lo que se plantea en los trabajos de la reforma política de la capital, dice.
Perredistas se aprestan a
echar abajoel ordenamiento.
Gabriela Romero, Alejandro Cruz, Angel Bolaños, Raúl Llanos
Periódico La Jornada
Jueves 12 de diciembre de 2013, p. 40
Tras considerar que la ley de manifestaciones para el Distrito Federal –cuyo dictamen aprobaron PAN, PRI y PVEM en comisiones de la Cámara de Diputados– vulnera la autonomía de esta ciudad, el gobierno capitalino adelantó que interpondrá una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) una vez que el pleno lo apruebe y se promulgue.
En entrevista, el titular del Poder Ejecutivo local, Miguel Ángel Mancera, advirtió que esa iniciativa no sólo invade competencias de la Asamblea Legislativa (ALDF), sino que se actúa de manera contraria a lo que se plantea en los trabajos sobre la reforma política del Distrito Federal.
Precisó que no puede apoyarse lo que
va en contra de lo que estamos planteando, que es fortalecer la autonomía de la ciudad, y que la discusión para regular las marchas debe centrarse en el análisis de los derechos que tienen los manifestantes y los capitalinos en general,
más que establecer líneas prohibitivas.
Al respecto, la Consejería Jurídica y de Servicios Legales del GDF concluyó que las comisiones de Derechos Humanos y del DF de la Cámara de Diputados legislaron sobre materias que corresponden a la ALDF, pues los artículos 6, 9 y 11 constitucionales señalan que corresponde al gobierno de la ciudad respetar y hacer respetar la libre manifestación, libertad de asociación o reunión pacífica y libre tránsito.
Agregó que el artículo 122 faculta a la ALDF para legislar en materia de protección civil, justicia cívica sobre faltas de policía y buen gobierno, vías públicas y tránsito, además de que el dictamen prevé infracciones y sanciones ya reguladas en la Ley de Cultura Cívica del Distrito Federal, y es inconstitucional regular la misma conducta desde diversos ordenamientos.
Asimismo, señaló que el ejercicio de las libertades de expresión, reunión y manifestación no están sujetos a autorización previa de autoridad alguna o se condicione su realización, como pretende el dictamen aprobado.
En la ALDF, el grupo parlamentario del PRD dijo que estará listo para
echar abajoesa ley, que calificó de
cortina de humo, para desviar la atención del tema de mayor importancia, que es la defensa del petróleo.
Ariadna Montiel, secretaria de la Comisión de Gobierno, criticó que esté detenida la reforma política del Distrito Federal en el recinto legislativo de San Lázaro, pero sí se pretenda venir a resolver el problema de las manifestaciones públicas.
El coordinador parlamentario del PRD, Manuel Granados, recordó que más de 80 por ciento de las protestas en la capital son de índole federal y de otras entidades.
Mientras, el PRD manifestó que de aprobarse la referida ley en la Cámara de Diputados, pedirán a sus legisladores que promuevan una controversia constitucional, pues significa un riesgo para los habitantes y su gobierno, pues por un lado busca reprimir las movilizaciones sociales, y por otro remover al jefe de Gobierno por no aplicar la fuerza pública para ordenar las marchas.
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