La reducción de la plantilla laboral de Teléfonos de México (Telmex) afectará sólo a los trabajadores de confianza, por lo que todo trabajador sindicalizado tiene la garantía de permanecer en su fuente de empleo para el próximo año, afirmó Francisco Hernández Juárez, secretario general del Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana.
8 Diciembre, 2013 - 20:51
María del Pilar Martínez y Claudia Juárez / El Economista
En entrevista, el líder de los telefonistas confirmó la reducción de la plantilla laboral al cierre de este año y afirmó que esta decisión de la empresa obedece a que “no la dejan competir”, al no permitirle ofrecer servicios completos, como el triple play: televisión, telefonía e Internet.
Trabajadores consultados al respecto dijeron que el total de empleos que disminuirán ronda los 8,000, pero será para aquéllos que no lograron incorporarse al sindicato, “y sí, es lamentable que pierdan su empleo”, indicó.
Las acciones que emprendió la empresa han sido las de forzar la jubilación previa del personal de confianza de 20 a 25 años de servicio ; y la renuncia y recontratación -en otra empresa- del personal de confianza con menos de 20 años de servicio.
Dijo que “la época actual, con las reformas laboral, fiscal y de telecomunicaciones, que los últimos tres gobiernos han promovido, representa uno de los grandes desafíos, que como organización tenemos que enfrentar, pero siempre hemos encontrado la forma de resolver cualquier reto, logrando para los trabajadores estabilidad y seguridad en el empleo”.
Añadió que, sin tomar en cuenta a la representación sindical, la empresa “toma decisiones que van en contra de los propósitos comunes de proyectos que garanticen la viabilidad de la empresa en conjunto, y (...) de todos sus trabajadores”.
Hernández Juárez refirió que “el contrato colectivo de los telefonistas permanece vigente, como fundamento de los derechos de los trabajadores sindicalizados”. Al tercer trimestre del 2013, Telmex registró más de 50,000 empleados, de los que 60% es sindicalizado.
Limitaciones y retrasos
Telmex es la única empresa que tiene la restricción expresa, en su título de concesión, para ofrecer servicios de televisión, lo cual afecta su oferta.
A siete años de que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes emitiera el Acuerdo de Convergencia, por el cual se habilitó a las empresas a dar todos los servicios técnicamente factibles, Telmex ha acusado que “se sigue frenando” su ingreso al mercado de video, a pesar de que ya cumplió con las condiciones de dicho acuerdo; éste condicionó la modificación del título de concesión de Telmex al cumplimiento de la portabilidad de números, interoperabilidad e interconexión de redes.
Hoy vence plazo constitucional para presentarla
Incumplir ley secundaria mina credibilidad del Congreso: Amedi
El plazo máximo de 180 días del Congreso que asigna la reforma en telecomunicaciones para que tenga lista la legislación secundaria vence hoy.
Desde su promulgación, en junio pasado, la reforma constitucional en la materia estableció un plazo máximo de 180 días para que el Congreso redactara y aprobara un solo ordenamiento legal convergente.
Desde su promulgación, en junio pasado, la reforma constitucional en la materia estableció un plazo máximo de 180 días para que el Congreso redactara y aprobara un solo ordenamiento legal convergente.
Si el Congreso incumple el plazo no implica sanción alguna; las actuales leyes de telecomunicaciones permanecerán vigentes.
Agustín Ramírez, presidente de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información (Amedi) dijo que “la necesidad de una ley secundaria en telecomunicaciones deriva de un mandato constitucional, cuyo incumplimiento tendría consecuencias adversas en la credibilidad de los poderes públicos”.
Destacó que la Asociación contribuyó con el Congreso en la elaboración de una iniciativa de ley convergente, entregada en ambas cámaras el pasado 4 de septiembre.
“La Amedi exhorta a los poderes públicos a que cumplan con la responsabilidad que les impone la reforma a la Constitución. Los derechos de la sociedad civil no pueden estar al capricho de las disputas entre los partidos políticos que retrasan la discusión de la ley en telecomunicaciones y radiodifusión”, indicó.
Jorge Fernando Negrete, director general de Mediatelecom Policy & Law, consideró que el retraso podría generar incertidumbre para empresas e inversionistas.
La emisión de dicha legislación ha dividido las opiniones: Javier Lozano advirtió que la reglamentación no estará lista, mientras que Alejandra Barrales dijo que el Congreso tuvo seis meses para elaborar sus propuestas.
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