Reiteran negativa a construcción de termoeléctrica al pie de Don Goyo
Huexca, Mor, 1º de octubre. “Nosotros no queremos gasoducto, no vendemos nuestra tierras, no entramos en negociaciones con el gobierno. Vamos a defender el campo, porque no queremos que nuestros hijos sean esclavos de ellos”, aseveró doña Gloria Morales, de San Lucas Atzala, municipio de Calpan, Puebla, quien participó en la Caravana de los pueblos de Don Goyo protegiendo la naturaleza y la vida campesina, convocada por el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua de Morelos, Puebla y Tlaxcala.
Guillermina Montero relató a los caravaneros que la gente del gobierno entrante –el de Graco Ramírez, que hoy tomó posesión– ha hecho muchos ofrecimientos para convencer a los huexqueños de aceptar que se construya una termoeléctrica. “Si fuera algo bueno para nosotros no estarían ofreciendo tanto dinero por la firma”, estimó.
Montero comentó que ella es una de los siete activistas opositores al Proyecto Integral Morelos, acusados penalmente por la Comisión Federal de Electricidad (CFE) de “obstrucción de obra pública” por un monto de 50 millones de dólares. “Ellos dicen que somos líderes, pero en este movimiento no hay líderes”, aseguró.
Dijo que según la gente del nuevo gobernador morelense, las denuncias contra los cuatro originarios de Huexca están “paradas”, pero no las que son contra Samir Amin, de Amilcingo; Jaime Domínguez, de Jantetelco, ambos de Morelos, y Juan Carlos Flores, de Puebla. “Dicen eso para asustarnos con la cárcel, para dividirnos”, comentó.
En las palabras de cada hombre, de cada mujer de los muchos que se animaron a hacer oír su voz en los mítines realizados a lo largo de tres días hubo muchas coincidencias: la decisión de defender su tierra frente a las ofertas, que consideran engañosas, de la CFE o de los representantes de los gobiernos de los estados que apoyan sus gestiones, porque, aunque les aseguran que seguirán siendo dueños de las mismas, tienen la certeza de que la firma de aceptación de la termoeléctrica o el gasoducto es el primer paso para perderlas.
La convicción de que una vez que pierdan la tierra, ellos, sus hijos, sus nietos, acabarán mendigando, “siendo esclavos”, porque la tierra “es la madre que nos alimenta”, el lugar donde viven y, en cambio, el dinero se acaba rápido y después no hay futuro.
La desconfianza ante la poca o nula información que los empleados de la paraestatal dan sobre las instalaciones que se van a construir en sus tierras, el espacio que ocuparán, las condiciones de renta o derecho de paso que les están queriendo hacer firmar, el peligro del combustible –gas natural– con que van a operar, la sustancias químicas, como gas cloro, altamente contaminantes, que se van a utilizar, y la cantidad de agua que consumirá el proyecto. La desconfianza los llevó a consultar con especialistas de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y de la Universidad Nacional Autónoma de México, que desaconsejaron la construcción del proyecto en la zona de riesgo volcánico y tan cerca de las poblaciones.
La decisión de resistir, de no dejarse intimidar ni comprar, porque muchos vienen de historias de luchas semejantes contra otros proyectos de obras públicas más pequeños o grandes en las que sufrieron engaños, despojos y represión. La certeza de que se requiere movilizarse, hacer alianzas, porque, como dijo un vecino de Jantetelco, si hay poca gente de la población aunque haya mucha solidaridad “con palabras no vamos a vencer, solamente con acciones”.
En el recorrido de casi 500 kilómetros participaron, según el registro final de caravaneros, 200 representantes de 33 organizaciones de Tlaxcala, Puebla, Morelos, Veracruz, Oaxaca, Distrito Federal y estado de México.
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