Las masacres de Tlatlaya y Apatzingán, así como la desaparición de 43 normalistas de Ayotzinapa, abrirían la puerta para que este año la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) “pueda afirmar que en México se están cometiendo delitos de lesa humanidad y, en su caso, crímenes de guerra”, sostiene el abogado Netzaí Sandoval Ballesteros. Redactor de una de las peticiones a la Fiscalía de la CPI para que intervenga en México, Sandoval afirma en entrevista que esos tres casos engrosaron el expediente presentado en noviembre de 2011 con el apoyo de 23 mil firmas. En contacto permanente con el personal de esa fiscalía, encabezada por Fatou Bensouda, Sandoval alerta: es muy probable que el caso de México sea anunciado este año como objeto de un análisis preliminar.
26 abril 2015
Gloria Leticia Díaz
“Cuando se presentó en 2011 la comunicación, se nos dijo que estábamos locos, que nunca iba a prosperar la petición; pero ahora en el gobierno de Enrique Peña Nieto hay temor, están viendo que va a proceder y tratan de cabildear el asunto”, advierte.
Frente al activismo de organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos, el gobierno de Peña Nieto intensificó su ofensiva para evitar la intervención de Bensouda.
Esto lo hizo evidente el subsecretario de Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Juan Manuel Gómez Robledo, en la decimotercera sesión de la Asamblea General de los Estados Partes del Estatuto de Roma, en Nueva York el pasado 10 de diciembre.
En un fuerte discurso ante representantes de 122 países, Gómez Robledo –quien el mes pasado descalificó al relator especial de la ONU sobre tortura, Juan Méndez– transmitió la oposición del gobierno de Peña Nieto al sometimiento de los Estados miembros a los análisis preliminares de la Fiscalía de la CPI, a los cuales propuso imponer candados.
Además puso en duda el concepto de “complementariedad positiva”, figura que permite a la CPI dar asistencia técnica a los países observados para fortalecer los mecanismos de procuración de justicia (Proceso 1996).
Considera que la aplicación de esa figura en México “sería una excelente noticia para el país”, pues intervendrían “organismos internacionales para detener esta descomposición en la que estamos”.
La reacción virulenta del gobierno de Peña Nieto, señala, por las conclusiones del relator Méndez y del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU, de que en México la tortura y la desaparición son prácticas generalizadas, son el “picaporte” que le abre la puerta a la CPI.
Engrosar el expediente
El catedrático de la Universidad Iberoamericana y antiguo asesor del expresidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación Guillermo Ortiz Mayagoitia, sostiene que desde que presentó la petición ha alimentado su expediente ante el tribunal internacional para dar lugar a la intervención.
“Lo que tal vez no existe es la contundencia de decir: ‘Los culpables son X, Y o Z’ –apunta–. No podemos decir que ya se tienen elementos para hacer imputaciones, pero lo que sí existe en los expedientes de la CPI son pruebas suficientes de la comisión a gran escala de crímenes de lesa humanidad y de guerra.”
Explica que en poco más de tres años el expediente presentado el 25 de noviembre de 2011 se ha alimentado con declaraciones, testimonios de víctimas y documentos obtenidos mediante solicitudes de información, “que acreditan lo que el gobierno mexicano más o menos ha aceptado en los casos de Tlatlaya o de Iguala, que hubo intervención de agentes del Estado, que por un lado ejecutaron y por otro desaparecieron a los jóvenes. En el caso de Michoacán todavía no lo aceptan, pero parece inocultable. Esta información la agregamos al mismo expediente”.
La petición de que se abra un “análisis preliminar sobre los crímenes que se cometen en México como competencia de la Corte” se fundamenta en los números y la frecuencia de los delitos de desapariciones forzadas, tortura, desplazamientos forzosos y ataques a migrantes, explica Sandoval.
“No es la desaparición de 43 jóvenes, no es sólo la ejecución de Tlatlaya o la de Michoacán, son casos que se dan en un contexto generalizado y sistemático de violaciones a los derechos humanos. Eso es lo que los convierte en delitos internacionales”, apunta.
El escenario en el cual se dan los abusos es parte de lo descrito por organismos y relatores internacionales, resalta. “Tortura y desaparición son prácticas generalizadas en las que incurren incluso las Fuerzas A desplazamiento interno por violencia, un contexto en donde las tareas de seguridad están militarizadas, donde hay una confrontación permanente entre los cárteles y las Fuerzas Armadas, donde se usan armas prohibidas”.
La petición pretende que, explica, con base en el análisis preliminar de la fiscal de la CPI, “se denuncie que en México hay crímenes de lesa humanidad y de guerra, algo que no es aceptado por el Estado mexicano” ni siquiera como parte de su legislación, con lo que se estaría incumpliendo con el Estatuto de Roma, ratificado por México en octubre de 2005.
Recuerda que en 2011 habló con el entonces fiscal de la CPI, Luis Moreno Ocampo. “No creía que México no había tipificado los crímenes de guerra y de lesa humanidad. Fue una de las primeras cosas que investigaron para dar entrada a la petición”.
En la primera exploración del caso mexicano, añade Sandoval, la Fiscalía pudo comprobar que a poco más de nueve años de adherirse al Estatuto de Roma, México “ni siquiera ha aprobado la ley de cooperación con la CPI. Evidentemente le está fallando a la CPI justo ante el temor de ser juzgado por estos delitos”.
La ausencia de legislación sobre crímenes de guerra y de lesa humanidad, explica, pone prácticamente a salvo a los “mandos militares que autorizan que sus subordinados usen la tortura, o para quien recluta y entrena niños para convertirlos en sicarios, cuando en el resto del mundo reclutar niños para que formen parte de un conflicto hostil es un delito internacional, y eso en México no está sancionado”.
Catedrático de derecho constitucional y amparo, Sandoval sostiene que una de las consecuencias positivas de la petición formulada al tribunal es que en su último año de gobierno, Felipe Calderón “aceptó emitir protocolos de actuación en operativos antinarco” para las secretarías de la Defensa y Marina, la Procuraduría General de la República y la Policía Federal, lo que no había hecho “en cinco años a pesar de que la Suprema Corte había pedido que se reglamentara la actuación de las Fuerzas Armadas y de seguridad federal ante hechos tan lamentables como la muerte de menores en retenes militares”.
A tres años del ordenamiento, apunta, casos como los de “Tlatlaya y Apatzingán dan cuenta de que no se cumplieron, eso es evidente, pero ahora sabemos que son las autoridades las que están incumpliendo. El protocolo es un avance legal o formal, no quiere decir que eso haya detenido la crisis humanitaria, es una herramienta jurídica que no teníamos y se logró gracias a la denuncia que interpusimos en la CPI”.
Ante la continuidad que ha dado el gobierno de Peña Nieto a la estrategia de combate al narcotráfico seguida por Calderón, Sandoval advierte: uno de los objetivos de la petición ante la CPI es la “modificación de la política militar en contra del narco y sería esperanzador que organismos internacionales intervengan para saber dónde estamos y poder rectificar las políticas del Estado para solucionar la crisis humanitaria”.
Confía en que este mismo año Bensouda anuncie el inicio del análisis preliminar para acreditar que en México se cometen crímenes de guerra y de lesa humanidad.
“Tenemos información de que así será, pero lamentablemente no hay un plazo legal y fatal para ejercer esta atribución.”
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