15 mayo 2014
Isaín Mandujano
TUXTLA GUTIÉRREZ, Chis. (apro).- Con 26 votos a favor, cuatro en contra y una abstención, el Congreso local aprobó hoy la iniciativa del código que establece el “uso legítimo de la fuerza” por parte de las instituciones de seguridad pública estatal, reforma considerada por activistas y legisladores de oposición como “un retroceso más en materia de derechos humanos” en la entidad. La reforma supuestamente regula el uso de la fuerza pública ante movimientos, disturbios y protestas sociales, así como avala el uso de armas no letales para dispersar manifestaciones violentas.
Este hecho puso en estado de alerta a activistas y organismos no gubernamentales, aunque las voces para frenar la reforma fueron aisladas.
Hoy, en el seno del Legislativo sólo estuvieron en contra de la polémica iniciativa cuatro legisladores de oposición: dos diputadas del PRD, Alejandra Soriano y Hortensia Zúñiga; un legislador del Movimiento Ciudadano (MC), Vladimir Balboa; Sonia Catalina Álvarez, del PT, y la panista Gloria Luna Ruiz, quien se abstuvo de respaldar la propuesta.
El resto votó a favor de la iniciativa presentada por el gobernador Manuel Velasco.
El nuevo Código considera que una manifestación es violenta cuando un grupo de personas se encuentra armado, o bien en la petición que se hace ante la autoridad se hace uso de amenazas para intimidar u obligar a resolver en el sentido que se deseen, o se incita a la comisión de un delito o se perturba la paz pública y la seguridad ciudadana.