Martín Esparza Flores
Toque crítico
9 de noviembre de 2013
En el actual contexto nacional donde los hacedores de milagros tratan de reinventar al país con las reformas dictadas desde el extranjeros por los monopolios y organismos internacionales como el Banco Mundial, vale la pena colocar en la mesa de los debates el asunto de las pensiones vitalicias que los mexicanos debemos pagar de manera obligada a los expresidentes de México que aún viven o en su defecto a sus viudas y descendientes.
Resulta además de inaceptable, un verdadero insulto en las circunstancias de creciente pobreza y marginación que enfrentan 52 millones de mexicanos, el hecho de que se destinen a los exmandatarios un promedio de cuatro millones de pesos mensuales no sólo para sufragarles un sueldo como si aún estuviera en funciones, sino además recursos extras, para cubrir otros desembolsos como son seguro de vida, gastos médicos mayores, automóviles blindados, así como la asignación de 25 asistentes personales y de oficina, sin dejar de mencionar los 78 miembros para la seguridad del exgobernante y su familia, que incluye a 45 miembros del Ejército, 11 miembros de la Fuerza Aérea y 22 más de la Armada. En total, 103 personas a su servicio a cuenta de los impuestos de todos los contribuyentes.
Así, mientras millones de trabajadores deben laborar 30 años o más o, en su defecto, alcanzar una edad de sesenta para recibir una pensión raquítica que no les alcanza ya no digamos para vivir dignamente sino al menos para subsistir, los hombres que desde el más alto cargo del poder dejan al país más empobrecido y en los linderos del abismo económico, cada sexenio, pueden disfrutar de un retiro como si su pésima labor ameritase tales privilegios.