Se encubre el origen de sus demandas
10 octubre 2015
Martín Esparza Flores
Al cumplirse 47 años de la matanza estudiantil de Tlatelolco, registrada el 2 de octubre de 1968 durante el gobierno represor de Gustavo Díaz Ordaz, las condiciones adversas a que se enfrentaron los jóvenes de ayer no son muy diferentes a las que hoy prevalecen en el escenario nacional y que obligan a miles de estudiantes a luchar contra inercias autoritarias del pasado que buscan criminalizar a los movimientos sociales como el de los 43 normalistas , desaparecidos hace un año, en la ciudad de Iguala Guerrero.
Es inconcebible que a casi medio siglo, los gobiernos en turno insistan en anteponer el uso de la fuerza pública al diálogo y la razón; el sanguinario gobierno de Díaz Ordaz, temeroso de que el conflicto estudiantil afectara la realización de los Juegos Olímpicos, no dudó en utilizar a las fuerzas castrenses para acallar un reclamo que sobrepasó el ámbito de las universidades, como el Politécnico y la UNAM, para salir a las calles y permear a toda la sociedad: obreros, amas de casa, estudiantes de escuelas privadas, empleados; es decir, toda la ciudadanía se unió a su lucha y a sus justas demandas entre las que destacaban: libertad a los presos políticos; derogación de los artículos 145 y 145 bis del Código Penal Federal, que amparaban el delito de disolución social y sirvieron de instrumento jurídico para la agresión sufrida por los estudiantes y para encarcelar a infinidad de luchadores sociales; desaparición del Cuerpo de Granaderos; destitución de los jefes policiacos; indemnización a los familiares de todos los muertos y heridos desde el inicio del conflicto; deslindamiento de responsabilidades de los funcionarios culpables de los hechos sangrientos.