Suman cientos los opositores perseguidos por Moreno Valle
Ancianos, autoridades comunales y usuarios de transporte
Blanche Petrich
Periódico La Jornada
Sábado 24 de octubre de 2015, p. 10
Un campesino de 89 años fue encarcelado por defender su terreno en Xilotzoni, entre Puebla y Tlaxcala, catalogado como bien comunal, contra el intento de despojo de dos empresarios. Murió en prisión. Una empleada doméstica y su hija fueron detenidas por protestar porque las autoridades estatales decidieron suprimir la ruta de autobuses que comunica su comunidad, Cacalotepec, con Puebla. Les cobraron 500 mil pesos de fianza a cada una para dejarlas libres.
Siete universitarios detenidos con lujo de violencia, acusados de terrorismo por el estallido de un petardo, liberados bajo caución y sometidos a procesos sin derecho a amparo y con varias órdenes de aprehensión pendientes. Viven a salto de mata. Han interrumpido sus estudios.
Dos líderes (Rubén Sarabia Simitrio y Adán Xicale), opositores de alto perfil, presos y sometidos a procesos plagados de irregularidades. Operadores de mototaxis, maestros, vendedores ambulantes y ejidatarios que se oponen a la construcción de un gasoducto bajo sus terrenos, ubicados en la zona de riesgo de erupción del volcán Popocatépetl.
El mosaico de casos y personas perseguidas por el gobierno de Rafael Moreno Valle en Puebla es muy diverso, pero todos tienen un denominador común: por convicción o accidentalmente se han atravesado y han estorbado algún plan del mandatario panista, quien se considera a sí mismo presidenciable. El Comité para la Libertad de Presos Políticos, creado apenas el año pasado, se ha abocado a sistematizar y denunciar estos casos que denotan un patrón de acción.
Suman –según el conteo que sigue minuciosamente su coordinadora, Carolina González Barranco– 15 actualmente en prisión y 202 que ya pasaron por la cárcel y salieron pagando altísimas fianzas o viven con la amenaza de procesos penales abiertos y órdenes de aprehensión pendientes de ejecución.
En agosto de este año un grupo de jóvenes que habían protagonizado en 2012 el movimiento #YoSoy132 poblano detectaban ya que las noticias, dispersas pero constantes, sobre persecución judicial de luchadores sociales dibujaba una línea represiva en el estado y urgía sistematizarla.
“La respuesta a nuestra incipiente organización –apunta Aranza Vargas– fue el golpe contra nuestros propios compañeros”. Juan Carlos Tepde Ixtacua, Axel Jiménez Morillo, Ana Rosa Zilli Colorado, Érick López Cruz, Shariff Guerrero Contreras, Carlos Arafat Rosas Burguess y Dulce Carolina Parra Escalón son los estudiantes detenidos el 5 de junio. Se les acusó de atacar instalaciones del Instituto Nacional Electoral. No se les demostró nada. No se les han levantado los cargos.
Reducir la autoridad comunitaria
A la fecha hay tres presidentes de juntas auxiliares municipales presos por oponerse a las reformas políticas que redujeron drásticamente el ámbito de autoridad de las comunidades.
Uno de ellos es el presidente auxiliar de San Bernardino Chalchihuapan, Javier Montes Bautista. Se le acusa por su presunta responsabilidad en el desalojo violento de un bloqueo en la carretera Puebla-Atlixco, el 9 de julio de 2014, en el que murió un niño de 13 años, José Luis Tehuatle Tamayo, y al menos cuatro pobladores quedaron con lesiones permanentes, dado el uso de balas de goma por la policía estatal. En lugar de castigar a los perpetradores, el gobierno detuvo a seis pobladores. Montes Bautista y otros dos –Vicente Juárez y Florentino Tamayo– siguen presos, acusados de homicidio en grado de tentativa.
También por la supresión de facultades a las autoridades municipales hubo resistencia en San Miguel Canoa, al pie de La Malinche, y en La Resurrección, municipio de Puebla. Los presidentes de estas juntas auxiliares –Raúl Pérez Velázquez y Sabino Báez– están presos desde el año pasado. Siguen encarcelados aunque por sus cargos iniciales –presunta usurpación de funciones– podrían salir bajo fianza.
Ancianos en la cárcel
Delfino Flores Melga, de 89 años, y su esposa, Porfiria Tlaminzi, empezaron a defender sus terrenos, heredados por sus ancestros, en ampliación Xilotzoni, ante los primeros intentos de despojo en 2011. Dos empresarios, Juan Luis Flores Carpenter y Julio Alejandro Flores Pastrana, se declaran dueños de los bienes comunales. En octubre de 2013, en un nuevo desalojo abrieron un proceso judicial contra los ancianos. En 2014 se llevaron preso a Delfino. No le concedieron el beneficio de arresto domiciliario a pesar de su edad. Murió en su celda el 24 de junio del año pasado.
En marzo del año pasado el gobierno estatal quiso cancelar las licencias para la operación de mototaxis en las comunidades conurbadas de Cuautlancingo, Huejotzingo, Coronango y Xoxtla. Ante las protestas de los usuarios y conductores, fueron detenidos 11 operarios. Quedan tres presos, los demás han sido liberados bajo fianza.
El 19 de junio de 2014 fueron detenidos ocho pobladores de San Antonio Cacalotepec, junta auxiliar de San Andrés Cholula, por protestar por el mal servicio de la Red Urbana de Transporte Articulado y la supresión de la Ruta I, la única que comunicaba directamente a su comunidad. Se le pidió a cada uno 500 mil pesos de fianza para salir libres. Entre los arrestados estaban Juana Macuil Cóyotl, empleada doméstica, y su hija Angélica.
Contra el gasoducto Morelos-Puebla
El Frente Nacional de Organizaciones de Pueblos en Lucha de Puebla ha sido acosado judicialmente sin tregua por oponerse al Proyecto Integral Morelos, en vías de construir un gasoducto que atraviesa tierras de cultivo, a comunidades nahuas de Tlaxcala, Puebla y Morelos.
Primero fue el operativo contra Avelino Velázquez, presidente de bienes comunales y uno de los líderes más destacados de ese movimiento. A su domicilio, en San Juan Amecac, llegaron a medianoche 15 patrullas de la policía estatal. El dirigente no se encontraba. Su familia fue amenazada. A la fecha sigue prófugo, con varias órdenes de aprehensión en su contra.
El 6 de marzo de 2014 fue arrestada Enedina Fuentes Vélez, comisaria ejidal de Xonacayucan, ubicado dentro de la zona de riesgo volcánico naranja de las faldas del Popocatépetl. Se había negado a firmar el permiso para que la empresa contratada para la construcción del gasoducto empezara a cavar y meter tubos debajo de los cultivos y las casas de los ejidatarios. El 7 de abril fue levantada en la carretera y recluida en el penal de Atlixco, calificada de “alta peligrosidad”. Un año después se le permitió seguir su proceso en arresto domiciliario. De todos los casos, ha sido la única perseguida política que ha conseguido su auto de libertad definitiva.
El 7 de abril fue detenido Juan Carlos Flores Solís, representante del Frente de Pueblos en Defensa del Agua y de la Tierra de Morelos, Puebla y Tlaxcala, quien había acudido a la comisión estatal de derechos humanos a denunciar el arresto de Enedina. Sigue su proceso en libertad, pero hace dos semanas se emitió una nueva orden de aprehensión en su contra.
Relacionado con el megaproyecto conjunto de los gobernadores Moreno Valle y Graco Ramírez, de Morelos, también fue perseguido Ricardo Pérez Avilés, maestro de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Como director de desarrollo sustentable dirigía un proyecto de maestría que versaría sobre el impacto ambiental del gasoducto. El 11 de abril desconocidos armados irrumpieron en su casa a medianoche, amenazaron a su familia y dejaron un mensaje: “Que deje de apoyar todo aquello que se oponga al gasoducto o lo chingamos a él y a ustedes”.
En total, de las comunidades afectadas por la construcción del gasoducto que va de Morelos a Puebla han sido detenidos 16 pobladores. Todos siguen su proceso en libertad y deben acudir cada semana a un penal a firmar, incluido un joven con deficiencia mental.
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