Realizan paro en 5 estados
Es un examen para el despido de miles de profesores de educación primaria
Por María de Lourdes Martínez González | Periodista de Frecuencia Laboral
Los Maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación /(CNTE) anunciaron nuevas movilizaciones para exigir alto al denominado proceso de evaluación de docentes de la educación básica, que iniciaron con un paro de labores en Michoacán, Chiapas, Guerrero, Tabasco, Tlaxcala y Distrito Federal, principalmente, el pasado 22 de noviembre del 2011.
El líder de la disidencia magisterial y secretario general de la sección 18 del Sindicato Nacional de Tarbajadores de la Educación (SNTE), profesor Jorge Cázares, dijo que el objetivo de el examen es quitarles su plaza de trabajo, las prestaciones y los derechos conquistados.
El líder de la disidencia magisterial y secretario general de la sección 18 del Sindicato Nacional de Tarbajadores de la Educación (SNTE), profesor Jorge Cázares, dijo que el objetivo de el examen es quitarles su plaza de trabajo, las prestaciones y los derechos conquistados.
Cabe mencionar que la evaluación de los docentes de educación básica es parte de la Alianza para la Calidad Educativa (ACE) que impone nuevos códigos de contratación temporal (Cod.23) que no exceden de 5 meses y una quincena, como tendencia para eliminar los tipos de nombramientos 95 o 97, transformando de esta manera la estabilidad laboral y la definitividad (basificación) en el empleo. Por lo cual se encuentra en peligro la estabilidad salarial, laboral y la amenaza de perder su empleo, porque pretenden justificar el despido de miles de maestros, agregó Jorge Cázares.
Por su parte, Sergio Espinal, Secretario General del Comité Ejecutivo Nacional Democrático del sindicato magisterial, explicó que los docentes no permitirán que se les imponga una certificación de competencia ajena a su derecho a la capacitación. Por lo cual delegados de 31 de las 58 secciones del SNTE, entregaron en el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje alrededor de 51 mil actas de impugnación de la mencionada evaluación.
La evaluación universal se aplicaría a más tardar en junio de 2012 a maestros de primaria, en el año 2013 en secundaria y para 2014 en prescolar y otras subdirecciones, con lo cual se abarcará a un millón 200 mil profesores que podrían resultar afectados.
Por su parte la Unión de Juristas envió un comunicado de prensa en el que alerta que desde el jueves 24 de noviembre del 2011 por la noche recibieron noticias de que la Secretaría de Educación Pública (SEP) "en contubernio con la dirección charra del SNTE inició los trámites para el proceso de evaluación de los profesores el próximo 24 de junio de 2012, entregándoles con amenazas un cèdula” que deberán de entregar en una semana llena".
A cada profesor en su centro de trabajo y zona se le está entregando un formato que dice: cédula de registro para el censo de docentes de educación primaria, a través de los directores, delegados de zona u otros, y que están haciendo en Puebla, Morelos y San Luis Potosí.
"Lo cual nos parece que es una maniobra ilegal de la SEP para sorprender y detener la inconformidad de las y los maestros sobre la evaluación, así como desactivar la presentación de la segunda entrega de demandas el 2 de diciembre próximo"
Por lo cual convocó a no llenar el documento y abstenerse de entregarlo, porque es aceptar la evaluación y renunciar a sus derechos adquiridos.
"Sugerimos esperar el acuerdo de admisión de la demanda laboral vs la SEP, que presentamos el pasado 18 de noviembre del 2011, organizar la entrega del 2 de diciembre, en las que solicitamos una medida provisional de suspensión de la evaluación. Jurídica y políticamente las y los maestros tienen que actuar con prontitud para defender en tiempo y forma sus derechos, por ello, la razón de la demanda laboral, así como, también, la de rechazar la cédulas que nos piden requisitar".
Aclararon que docentes y juristas no estanen contra de la mejora en la calidad educativa del país, sino en contra de una evaluación unilateral y tendenciosa, que viola derechos laborales de estabilidad y permanencia, y que se aplicará a partir de la segunda semana de junio de 2012, contrario al artículo 123 constitucional y a los tratados internacionales.
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