México. Millones de amparos contra la reforma laboral

Lilia Arellano 
Opinión EMET

Este jueves, Felipe Calderón firmó el decreto que reforma la Ley Federal del Trabajo, ante líderes empresariales –los principales beneficiados- en la residencia oficial de Los Pinos, la cual facilita la contratación y el despido de trabajadores en las empresas. El michoacano resaltó que con esta reforma estructural se avanza en la construcción de un marco normativo que permita incrementar la oferta laboral y alentar la productividad de las empresas y la competitividad. Destacó que permite flexibilizar el mercado laboral; regular el régimen de subcontratación o terciarización; y agilizar la solución de conflictos entre patronos y trabajadores.
Pero precisamente los trabajadores no comparten el optimismo de Calderón. Organizaciones integrantes de la Convención Nacional Sindical anunciaron que a partir ayer y durante 30 días hábiles, como lo marca la legislación, impondrán en todos los tribunales colegiados del país 2 millones de amparos contra la reforma de la Ley Federal del Trabajo, por considerarla inconstitucional y porque atenta contra los derechos sociales de la clase trabajadora.

Dirigentes y representantes sindicales acusaron que Felipe Calderón violentó los derechos de los trabajadores al no consultar a la base y a su dirigencia sobre las modificaciones a la Ley Federal del Trabajo. Insistieron en que esta reforma atenta contra el Artículo 123 de derecho de huelga y que deja desprotegidos a los trabajadores, con la contratación por horas y con despidos injustificados. Rodolfo González Guzmán, secretario general de la CROM, destacó que “fueron doce años de panismo en los que hubo persecución política contra los sindicatos, como es el caso de los mineros, y se intentó a toda costa acabar con las organizaciones gremiales debido a que esta ley federal fue hecha por los empresarios en su conjunto y en complicidad con el gobierno federal”.

Sin embargo, el frente de los trabajadores se partió; sindicatos como la CROM y la CROC, se deslindaron de la protesta que encabezarán varias organizaciones el 1 de diciembre, contra la llamada imposición del presidente electo Enrique Peña Nieto. González Guzmán; Oscar Moreno Moreno, presidente del Congreso Laboral del Edomex; Antonio García Mendoza, secretario federal de la FESTEM; y Mario Moreno Carbajal, de la CROC, informaron que decidieron deslindarse del Movimiento Nacional contra la Imposición.

Esos dirigentes sindicales argumentaron que no quieren ir contra la decisión electoral de los mexicanos, pero sostuvieron que si se sumarán a la lucha del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) y de la Unión Nacional de Trabajadores (UNT) para declarar inconstitucional la reforma laboral.