Electricidad: réquiem para una industria difunta

Luis Hernández Navarro
la jornada

Suenan ya los primeros acordes del réquiem para una industria difunta. El gobierno de Enrique Peña Nieto y sus aliados asesinaron a la industria eléctrica nacionalizada. La Comisión Federal de Electricidad (CFE) será pulverizada. Los grandes tiburones empresariales se disputarán el mercado.

Al igual que en otras ocasiones, el pretexto para esta nueva ofensiva privatizadora fue presupuestal. La CFE –dicen sus exterminadores– está quebrada y no hay forma de que levante cabeza. Sin reforma –aseguran– los apagones serán inevitables. No hay novedad en los argumentos. En 1998, Luis Téllez, entonces flamante secretario de Energía, anunció la inminente catástrofe del sector si no se le abría la puerta de par en par a la inversión privada. Sus bravatas naufragaron. Y, por supuesto, el anunciado apocalipsis no llegó nunca. Pero no importa. Los nuevos liquidadores de la empresa pública repiten los mismos vaticinios de su gurú.

Desgraciadamente, la privatización aprobada tendrá graves consecuencias para el país. El sistema eléctrico es un bien público que garantiza el desarrollo nacional. La intervención estatal en la industria no fue resultado de la vocación estatalista de los gobernantes en turno, sino del conflicto entre las empresas privadas que controlaban la actividad y los intereses de otros sectores que necesitaban de sus servicios. Las ambiciones particulares de los empresarios de esta rama económica chocaban permanentemente con las necesidades del conjunto de la planta industrial y comercial, y de los usuarios privados.

La industria eléctrica en México nació de la mano del capital privado y el Estado tuvo que intervenir para remediar sus desfiguros. A mediados de los años treinta del siglo pasado el grueso de la industria eléctrica estaba en manos de dos empresas extranjeras: la Mexican Light and Power Company y la Impulsora de Empresas Eléctricas, subsidiaria del grupo estadunidense Electric Bond and Share Co. Su gestión era muy deficiente. Había diferencias entre las dos compañías en los voltajes de distribución y frecuencia de generación. El desarrollo del país requería unificar las prácticas de la industria eléctrica, de forma que pudieran interconectarse todas las redes. La solución del problema era técnicamente compleja, al punto de que sólo pudo resolverse hasta 1976, quince años después de su nacionalización. El suministro era inadecuado y las tarifas altas. El servicio era caro y malo. Las quejas de los consumidores, industriales, comerciales e individuales, eran frecuentes. Distintas ligas de defensa de usuarios reclamaban la actitud de las empresas y presionaban al Estado para que reglamentara las actividades de los consorcios.

Fue en este contexto que, el 2 de diciembre de 1933, el general Abelardo L. Rodríguez envió al Congreso la iniciativa para crear la CFE como una dependencia descentralizada, destinada a dirigir y organizar el sistema eléctrico nacional con un enfoque social y sin afán de lucro. La comisión entró en funciones con Lázaro Cárdenas, quien el 14 de agosto de 1937 promulgó la ley para constituirla.

En 1960, después de seis meses de negociaciones, el gobierno compró finalmente todas las propiedades mexicanas de Impulsora de Empresas Eléctricas, y 90 por ciento de las acciones de la Mexican Light and Power Co. Heredó de ellas una situación caótica. Existía una gran variedad de tarifas, y no había criterios para unificarlas. La situación financiera era delicada. Coexistían diversos sistemas de generación y distribución de energía.

Una de las primeras tareas del nuevo consorcio estatal fue poner orden. Lo hizo. La nacionalización permitió una enorme expansión del sector, y facilitó la industrialización del país. Sin embargo, hoy se acaba de acordar hacer retroceder más de 50 años las manecillas del reloj de la historia. El desorden y la inescrupulosa ansia de lucro que privaba en el sector antes de 1960 estarán de vuelta ahora.

Es falso que con la competencia vayan a bajar las tarifas de la electricidad. Entre los muchos problemas técnicos que la privatización de la industria eléctrica plantea se encuentra el del costo de la energía reactiva. Hasta ahora, en México, con excepción de los grandes industriales, la mayoría de los usuarios paga por el volumen de la energía que consumen, pero no se les carga el precio de la energía reactiva, esto es, de aquella que se requiere para transitar a través del tendido. Con varias empresas privadas responsabilizadas de la generación y la distribución, ¿quién absorberá esos costos? ¿Cómo se determinarán?

Muchos de los más relevantes procesos de privatización de nuestro país han resultado un sonoro fracaso que se ha añadido a la cuenta, no de los inversionistas privados, sino del erario, es decir, de los ciudadanos. El rescate carretero costó 18 mil millones de pesos, y el bancario 679 mil millones de pesos. No hay ninguna evidencia de que la industria eléctrica vaya a ser la excepción. De hecho, ya constituye una carga financiera para los contribuyentes, pues las plantas privadas generadoras en funcionamiento tienen un contrato con la CFE, el cual determina que ésta se compromete a comprar la capacidad que sale de esas plantas durante un buen número de años, aunque no necesariamente se necesite.

Aunque parezca difícil creerlo, hay algunas cosas del sector público que todavía funcionan en México. Millones de niños reciben cada año sus vacunas gratuitas. Con muchas dificultades, millones de abnegados maestros llevan instrucción pública a los lugares más remotos del territorio nacional. Y, con muchos problemas y dificultades –apagones y cobros indebidos incluidos–, el sistema eléctrico lleva luz y energía a muchos rincones del país. Pero esto se acabó.

La industria eléctrica es, por racionalidad económica, un monopolio natural integrado. Ya no lo será más. Ahora, la venta de garaje del sector público la ha condenado a la fragmentación. En unos años la CFE será una anécdota. Mientras tanto, más nos vale prepararnos para que, cuando hayan dejado de sonar los últimos acordes del réquiem por la empresa difunta, se realice un nuevo rescate financiero: el de los futuros empresarios del sector eléctrico.