Mercado eléctrico de España y Argentina
Martín Esparza Flores
20 Julio 2014
Los legisladores que se aprestan a alzar la mano para avalar las leyes secundarias en materia energética sin tener pleno conocimiento del asunto pueden tomar como referentes para meditar su voto y evitar la ruina económica del país, los resultados negativos que el modelo privatizador que se busca implantar en México ha tenido en mercados eléctricos de países como España y Argentina, donde se han disparado las tarifas a la población, beneficiando de manera exclusiva a las multinacionales.
Fermín Paz Lamigueiro, secretario general de la Asociación Internacional por el Derecho a la Energía, y Gabriel Martínez, secretario de Organización de la Federación de Trabajadores de la Energía de la República Argentina (Fetera), estuvieron presentes en el foro del Mercado Eléctrico Internacional en el marco de la reforma energética, organizado por el Senado de la República, para exponer ante los legisladores sus experiencias recabadas en las últimas décadas en sus países de origen donde sus gobiernos adoptaron el modelo neoliberal privatizador en su sector eléctrico, con pésimos resultados para la creación de empleos estables y bien remunerados así como para el desarrollo de sus economías. Haber entregado sus recursos energéticos a empresas privadas no se convirtió, en ambas naciones, en la esperada palanca de bienestar a sus habitantes sino en fuente de desigualdad social.
Paz Lamigueiro ilustró sobre los estragos que la apertura total del mercado eléctrico a particulares ocasionó a la economía de miles familias españolas, pues tanto los gobiernos de José María Aznar como de José Luis Rodríguez Zapatero otorgaron a los productores, transportadores y comercializadores de energía una prima extra por el manejo del mercado eléctrico, lo que terminó por indexar costos estratosféricos a las tarifas eléctricas para la mayoría de la población.
Tanto en Argentina como en España, las premisas esgrimidas para abrir el mercado eléctrico de mayor eficiencia, calidad en el servicio y competencia —similares a las contenidas en los borradores de las leyes secundarias— no han redundado en una baja en las tarifas. En la península ibérica, a pesar de que la oferta supera la demanda, el oligopolio ejercido por no más de tres empresas, entre ellas Ibedrola y Endesa, que controlan el 60% del mercado español, ha terminado por operar también las comercializadoras, que se llevan una importante tajada de las ganancias.
El gobierno español se comprometió a comprar la energía generada por los particulares; además, y como ahora lo plantea la nueva Ley de la Industria Eléctrica y la Ley de la CFE, aceptó dividir la cadena de generación, transmisión y comercialización permitiendo un desmesurado incremento en sus costos de operación, lo que terminó por elevar la prestación del servicio, lo que socialmente ha provocado en el fenómeno conocido como la pobreza energética, donde la gente ya no puede pagar su recibo de luz.
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