Leticia Ánimas
municipios Puebla
15 de junio de 2014
Necaxa, Pue.- A convocatoria del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), organizaciones sociales, políticas y gremiales se pronunciaron contra cualquier proyecto nacional o extranjero que permita la explotación indiscriminada de la tierra y los recursos naturales; y en contra de las leyes que mediante la expropiación pretenden el despojo de los pueblos.
Unas 400 personas acudieron este sábado al auditorio de la División Necaxa del gremio electricista para participar en el foro “Por el derecho a la energía y la defensa del agua y de la tierra” y se pronunciaron en contra de la minería tóxica, los gasoductos, los parques eólicos y geotérmicos, el uso de transgénicos que “lesionan gravemente la salud y afectan la vida de los pueblos y los condenan a su desaparición”.
En el encuentro participaron representaciones de Tetela Hacia el Futuro, la Unión Popular de Vendedores Ambulantes 28 de Octubre, la Unión de Defensores de Derechos Humanos de la Sierra Norte de Puebla, la Coordinadora Nacional Plan de Ayala y la Asociación Nacional de Usuarios de la Energía Eléctrica (ANUEE), entre otras.
Los asistentes exigieron el rescate inmediato del complejo hidroeléctrico Necaxa, su consideración como patrimonio industrial vivo de la humanidad, “para beneficio de los obreros y de la sociedad mexicana, que se traducirá en la preservación de unas instalaciones, productivas, históricas; y un mejor servicio y mejores tarifas a los usuarios”.
Asimismo pidieron la liberación inmediata de Enedina Rosas Vélez, comisariada ejidal de San Felipe Xonacayucan, Abraham Cordero Calderón, dirigente del Frente de Campesinos y Ejidatarios de San Martín Texmelucan y Sierra Nevada y Juan Carlos Flores Solís miembro del Frente en defensa del agua y el territorio Puebla-Tlaxcala-Morelos, encarcelados por su oposición al Gasoducto Morelos.
También demandaron el esclarecimiento y castigo a los responsables del asesinato de Antonio Esteban Cruz, líder del Movimiento Independiente Obrero Campesino Urbano Y Popular (MIOCUP) ocurrido el pasado 4 de junio en Cuetzalan, Puebla, quien participaba en la tierra contra el proyecto de la hidroeléctrica Gaya que se pretende construir en el río Apulco.
Los activistas calificaron como “autoritaria y represora” la actitud del gobierno de Puebla, “que en los hechos ha demostrado que no gobierna para el beneficio social, sino en contra del mismo con la expedición de leyes como la Bala, la de expropiación, la privatización del agua, el encarcelamiento de luchadores sociales”.
En sus conclusiones, rechazaron cualquier proyecto que implique un falso progreso, que pase por encima de los derechos de las comunidades” a quienes debe consultarse antes de su instrumentación “como lo marca el derecho internacional. Queremos proyectos de vida, no de muerte”, manifestaron.
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