Revista Siempre
Tras su toma de posesión, Enrique Peña Nieto estableció sin cortapisas: “A partir de hoy, la primera obligación que tengo como presidente de la república es cumplir y hacer cumplir la ley”. En su mensaje a la nación, el nuevo mandatario estableció que como presidente democrático acatará el principio de división de poderes, sustento que da vigencia a nuestro régimen constitucional. Esperemos, por el bien de México, que así sea, pues en lo que respecta a la inacabada impartición de justicia a favor de los integrantes del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), la naciente administración y el Poder Legislativo tienen ahora en sus manos la solución definitiva al conflicto originado el 11 de octubre del 2009.
Con antelación, aquí señalamos la irresponsabilidad del mandatario saliente al negarse a cumplir con lo establecido en el fallo del Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, emitido el pasado 13 de septiembre, que reconoció la figura de la sustitución patronal en la CFE y el pago de los salarios caídos y prestaciones a favor de los trabajadores electricistas desde octubre del 2009 a la fecha.
En una abierta tozudez carente del mínimo sustento jurídico, el gobierno de Calderón decidió postergar el cumplimiento de su obligación que como representante del Poder Ejecutivo le imponían las leyes y la Constitución, “chicaneando” el caso.
Ante su falta de madurez política para aceptar sus errores, la administración panista transfirió el inevitable cumplimiento procesal al nuevo gobierno, el cual en su Pacto por México estableció que es el diálogo uno de los mecanismos más eficaces para lograr acuerdos, sobre todo en el terreno legislativo donde habrán de subsanarse gran parte de los problemas y conflictos nacionales heredados por el régimen panista. El asunto de los electricistas injustamente despedidos, uno de ellos.
El SME ha vuelto a tocar a las puertas de la razón institucional, en la sede del Palacio de Covián, pues es únicamente con la voluntad y compromiso de los poderes Ejecutivo y Legislativo como podrá respetarse y cumplirse con una de las decisiones más trascendentales emitidas por el Poder Judicial en favor de los derechos laborales de los trabajadores.
Todo el país sabe perfectamente que el polémico incidente no es responsabilidad directa de los actuales mandos oficiales, pero ahora su desenlace recae en el ámbito de su esfera institucional por lo que, mediante el diálogo y los acuerdos respectivos, deben aprobarse en el Congreso, a través del consenso de todos los partidos, la asignación de los recursos que permitan además al gobierno federal la reinstalación de los trabajadores en resistencia del SME.
No hay comentarios :
Publicar un comentario