Editorial
En los 12 días transcurridos desde la masacre de normalistas de Ayotzinapa y ciudadanos en Iguala, Guerrero, cometida por policías municipales y presuntos integrantes de la delincuencia organizada, se ha producido una oleada de reacciones y pronunciamientos de organismos humanitarios y autoridades diversas que permiten ponderar la proyección de esos hechos en los planos nacional e internacional.
Las autoridades federales deben lanzar una total y minuciosa investigación sobre la desaparición de 43 estudiantes en Iguala, señaló Amnistía Internacional el pasado lunes, y calificó los hechos de
un horrible crimen que ha sacudido al mundo. A ese pronunciamiento se sumó ayer el realizado por 53 organizaciones ciudadanas aglutinadas en una plataforma de apoyo a las familias de las víctimas, que indicaron que no aceptarán ninguna presunción sobre la identidad de los restos encontrados en las fosas citadas hasta no contar con el dictamen pericial independiente, que, a petición de los propios deudos, realizará el Equipo Argentino de Antropología Forense.
Estos señalamientos se suman a los que formularon en el ámbito internacional. La portavoz del Departamento de Estado, JenPsaki, dijo ayer que los hechos del 26 y 27 de septiembre en Iguala son
crímenes que demandan una investigación completa y transparente; el secretario general de la Organización de Estado Americanos, José Miguel Inzulza, demandó el esclarecimiento de este crimen
tan inhumano como absurdo, y apuntó que el episodio
enluta no sólo a los mexicanos sino a todos los países de las Américas; un día antes, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos dijo que
en este tipo de casos se juega el prestigio del Estado mexicano en protección de derechos humanos.
En un entorno tan globalizado como el actual, las expresiones de rechazo y de indignación comentadas resultan lógicas e incluso inevitables y ponen en relieve, por contraste, el carácter errático y tardío de las autoridades estatales y federales ante acontecimientos cuya gravedad trasciende al ámbito local e incluso al nacional, y se inscriben en el de los delitos de lesa humanidad.
Las demandas de esclarecimiento formuladas al Estado mexicano por actores nacionales e internacionales son procedentes, por lo demás, habida cuenta de la cadena de responsabilidades compartidas que involucran a las autoridades municipales, estatales y federales. En efecto, como se mencionó ayer en este mismo espacio, tanto el gobierno encabezado por Ángel Aguirre como la administración federal peñista incurrieron en omisiones injustificables ante los indicios sobre las actividades ilícitas cometidas por el alcalde de Iguala, José Luis Abarca, los cuales fueron hechos de su conocimiento desde el año pasado, particularmente a raíz del asesinato de los activistas sociales Arturo Hernández Cardona, Félix Rafael Banderas Román y Ángel Román Ramírez.
Por más que la información pública sobre los hechos tenga grandes puntos oscuros –respecto del móvil de la masacre, por ejemplo–, el hecho ineludible es que las agresiones cometidas en la localidad guerrerense dejaron seis muertos y 43 desaparecidos; entre los autores materiales se encuentran elementos de la policía municipal y algunas víctimas fueron trasladadas en vehículos oficiales, como muestra la evidencia fotográfica disponible.
Ante tales elementos, es imperativo que se realicen los deslindes correspondientes y se esclarezca la responsabilidad que recae en todos los niveles de gobierno; en primer lugar por un elemental sentido de justicia con las víctimas y sus familias, pero también porque, en la hora presente, nuestro país es objeto de escrutinio y reclamo internacional que difícilmente se conformará con simulaciones de justicia.
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